Junio 22, 2018 4:02 am


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Reforma del SAC amenaza la acreditación

El experto en planeación Yezid Orlando Pérez Alemán analiza la propuesta de decreto que reforma el SAC y advierte sobre los riesgos de desnaturalizar el proceso y el CNA

La propuesta de decreto de reglamentación del Sistema de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior (SAC) que ha sido elaborada y presentada al gobierno por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). En las consideraciones se menciona que esta propuesta responde a las oportunidades de fortalecimiento del SAC identificadas por los actores del sector educativo y contenidas en el Acuerdo por lo Superior 2034 y en el Plan Decenal de Educación 2016-2026, en cuanto a articular los distintos procesos y actores del SAC, los mecanismos para atender la diversidad de instituciones de educación superior (IES) y programas y la objetividad de la evaluación.

Con este propósito se busca robustecer la ruta de mejoramiento continuo de los programas académicos y de las IES y armonizar las condiciones de calidad del registro calificado y los factores de acreditación voluntaria de alta calidad, lo que arrojó como resultado 14 únicas condiciones. Estas condiciones le permitirán al Ministerio de Educación Nacional “ … efectuar una valoración coherente y promover la objetividad y consistencia de los procesos de aseguramiento de calidad.” De esta manera se busca finalmente integrar los procesos de evaluación de condiciones institucionales, evaluación con fines de registro calificado y evaluación con fines de acreditación de alta calidad.

Los mecanismos de acreditación en el país tienen su desarrollo a partir de la Ley 30 de 1992 que creó el Sistema Nacional de Acreditación de las IES (Ley 30 de 1992, Art. 53) y el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) (Ley 30 de 1992, Art. 54). Este compromiso con la calidad de la educación superior que completa ya más de dos décadas y que es reconocido como uno de los más consolidados en el contexto latinoamericano se ha traducido en diferentes mecanismos para poder dar cuenta de la calidad de las IES en el país. Así, hoy se cuenta con los lineamientos para la acreditación de alta calidad no solamente de instituciones, como lo preveía la Ley 30 de 1992, sino también de programas académicos de pregrado, de especialidades médicas y de programas de maestría y de doctorado.

La acreditación voluntaria de alta calidad se convirtió así en un importante logro de la comunidad académica en la medida en que la valoración acerca de la alta calidad tanto de programas académicos como de instituciones responde a un juicio de dicha comunidad académica en el marco de una visión académica de lo que significa la calidad así como en el contexto de la autonomía consagrada por la Constitución Política y desarrollada por la Ley 30 de 1992 (Ley 30 de 1992, Art. 28 y 29) y no se trata de una medida administrativa de un ente gubernamental.

Con posterioridad al desarrollo de la acreditación de alta calidad en el país se expidieron mediante la Ley 1188 de 2008 las regulaciones para el registro calificado de programas de educación superior que fueron posteriormente reglamentadas en el Decreto 1295 de 2010. Allí se establecen las condiciones de calidad a la manera de unas condiciones mínimas que debe cumplir todo programa académico para poder ser ofrecido en el país y reemplazando de esta manera las anteriores licencias de funcionamiento para programas académicos que otorgaba el anterior Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).

Las condiciones de calidad en cuanto condiciones mínimas se entienden como un mecanismo de aseguramiento de calidad para el ofrecimiento de un programa académico y, en el devenir de un programa académico, en un paso inicial para que posteriormente, si se avanza en cuanto a la calidad del programa académico, poder optar a la acreditación de alta calidad. Desde la existencia de las condiciones de calidad del registro calificado las IES han estado sometidas a realizar dos procesos independientes si desean además postularse a la acreditación de alta calidad (con excepción de los programas académicos de nivel de pregrado y de especialización ofrecidos por instituciones acreditadas), con tiempos de vigencia de un proceso y otro que se traslapan y sin mecanismos de incentivo que conduzcan del registro calificado a a la acreditación de alta calidad. De esta manera se evidencia la falta de articulación entre los dos procesos y el desgaste que esto representa para una institución.

No obstante lo anterior, esta propuesta de reglamentación del SAC con las bondades que puede significar la denominada ruta de mejoramiento continuo, puede llegar a afectar la acreditación voluntaria de alta calidad de los programas académicos. El principal riesgo es que dicho proceso se convierta ante todo en un trámite absolutamente burocrático que no consulte criterios de alta calidad de la comunidad académica disciplinar y profesional relacionada con un programa académico. Se trataría entonces de un efecto no deseable de la reglamentación en la medida en que puede contribuir a desandar casi dos décadas de experiencia de los mecanismos de acreditación de alta calidad. En efecto, la propuesta de reglamentación plantea que “el Consejo Nacional de Acreditación – CNA- evaluará para efectos de la acreditación las mismas condiciones de calidad institucionales y las establecidas para el registro calificado, de acuerdo con los lineamientos que se expidan para el efecto.”

En segundo lugar, las condiciones institucionales se convierten en la práctica en adicionales a las establecidas para el funcionamiento de nuevas instituciones de educación superior (art. 2.5.3.2.2.1., parágrafo 3). Si se entiende que las condiciones institucionales son válidas para todos los programas de una institución la reglamentación lo que logrará en la práctica es que, por un lado, se hagan aún más exigentes las barreras de entrada para nuevas instituciones, y por el otro lado, signifique la desaparición de instituciones de educación superior existentes que no cumplan con dichas condiciones institucionales (Art. 2.5.3.2.2.3., parágrafo 3). Más aún, las condiciones institucionales se elevan como requisito para postularse a la acreditación institucional (art. 2.5.3.2.2.3.)

Si bien como manifestación de la articulación deseada se plantea que el registro calificado podrá tener la misma vigencia de la acreditación de alta calidad del programa académico, se siguen extrañando mecanismos de incentivo para que un programa académico pase de la condición de registro calificado a acreditación de alta calidad, pues a pesar del esfuerzo de articulación siguen siendo dos procesos independientes.

Las amenazas al concepto de acreditación de alta calidad se refuerzan en esta propuesta de reglamentación en la medida en que la acreditación voluntaria de alta calidad institucional no se menciona a lo largo de la reglamentación, con lo cual pareciera que no hace parte del SAC. Es más, al referirse a los procesos del SAC (Art. 2.5.3.2.1.2), se hace allí alusión en forma ambigua al proceso de evaluación con fines de acreditación de alta calidad, cuando en realidad a lo largo de todo el articulado se hace referencia solamente a la acreditación de alta calidad de programas académicos.

No es necesario mencionar la importancia que reviste para las IES y para el país desde el punto de vista de rendición de cuentas a la sociedad, como también de reconocimiento y posicionamiento ante sus homólogas en el exterior, el hecho de contar con una acreditación de alta calidad institucional. La madurez del sistema de acreditación y en particular de la acreditación voluntaria de alta calidad institucional podrían habilitar en estos momentos a las IES acreditadas a optar poracreditaciones institucionales internacionales, con lo cual cualquier debilitamiento de este mecanismo puede ir en contravía de ese propósito que en buena medida ha sido postergado en los últimos años.

Surge eso si la exigencia para las instituciones acreditadas de someter a consideración del Ministerio de Educación Nacional el plan de mejoramiento resultado de la autoevaluación y la Acreditacion institucionales, con lo cual un elemento de una acreditación voluntaria se convierte en exigencia para el funcionamiento de instituciones acreditadas (art. 2.5.3.2.2.1., parágrafo 1).

Es indudable la motivación económica que está detrás de esta reglamentación cuando para la evaluación de condiciones institucionales y de las de registro calificado desaparece cualquier alusión a la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación – CONACES, hasta ahora responsable de conceptuar acerca de los trámites institucionales así como de las condiciones iniciales para el otorgamiento de registros calificados. En efecto, su función es asumida en los trámites de evaluación (art. 2.5.3.2.2.3 y 2.5.3.2.3.2.7.) por una denominada evaluación por páneles designados por el Ministerio de Educación Nacional por áreas de conocimiento y conformados por expertos académicos disciplinares. En primer lugar llama la atención que se hable de campos disciplinares y no también de campos profesionales cuando muchos de los programas académicos (especialmente de pregrado) ofrecidos en el país se inscriben en el ámbito de las profesiones y no necesariamente de las disciplinas. En segundo lugar, pareciera insinuarse que este mecanismo de evaluación por paneles resulta mucho más económico que la conformación permanente de la CONACES; llama la atención que se mencione que se preferirán mecanismos virtuales para las sesiones de evaluación. Convendría a este respecto dar a conocer la evaluación económica comparativa del funcionamiento actual de la CONACES contrastada con el de los páneles de evaluación. La cantidad de visitas y evaluaciones que se tendrían que realizar para la evaluación de las condiciones institucionales (vigentes por cuatro años) y de las condiciones de registro calificado hacen pensar que se trata también de un mecanismo costoso. Ahora bien, cualquiera que sea el instrumento resultará siempre costoso, en la medida que el aseguramiento de la calidad representa un costo alto para la educación superior; luego, convendría que fueran otros los argumentos y no solamente los económicos los que sustenten la propuesta de reemplazar la CONACES por los páneles de evaluación. A este respecto, se debería contar como parte de la exposición de motivos y las consideraciones de los resultados de la evaluación de la labor de la CONACES desde su creación.

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