Los puntos sobre las IES - Barajar de nuevo

Creado en Martes, 07 Noviembre 2017

Carlos Mario Lopera P., director de www.universidad.edu.co, invita a los candidatos a la Presidencia a comprometerse con un rediseño completo de los actores, intereses y estructura del sistema de educación superior, que ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a lo que necesita el país.

 

Las promesas de los políticos sobre educación superior poco o nada dan votos. Por eso, casi nunca hablan del tema, y los pocos que lo hacen caen más en populismos o escenarios fiscalmente imposibles o irreales para nuestro contexto (universidad gratuita para todos, eliminar el Icetex, subir el presupuesto de CyT al 1% de un año a otro, ubicar universidades colombianas en el top de las mejores el mundo …), mientras que los que han llegado a la Presidencia de la República han prometido, o callado, frente a los temas claves y críticos del sector, sin que hayan enfrentado un juicio de responsabilidades, mientras que el mal llamado sistema de educación superior (porque no actúa como un sistema), cada vez se desbarajusta más.

Alvaro Uribe prometió fortalecer la formación técnica y tecnológica, misma que hoy intenta sobreaguar en medio del debate del negocio de los operadores de la formación para el trabajo y el desarrollo humano, de la crisis de demanda de los técnicos profesionales y de la masificación, aislada de sentido de país, del Sena. También prometió mejorar el modelo de financiamiento de la universidad pública, y eso se quedó en un frustrado proyecto de ley de último minuto de su ministra Cecilia María Vélez, que fue archivado.

Para su primer periodo, Juan Manuel Santos, sólo prometió mejorar las condiciones de los docentes universitarios, que en sus 8 años de gobierno no han tenido un programa serio para ello. En cambio, con su ministra María Fernanda Campo, salió con una propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992, que inmediata y masivamente fue rechazada por la comunidad académica, rectores y estudiantes, entre otros aspectos por inconsulta. Para su segundo periodo, prometió acoger como propio el Acuerdo por lo Superior 2034, trabajado por el CESU, con su Mineducación, y a los pocos días cambió a Campo por Gina Parody, quien sencillamente desconoció ese documento. También prometió aumentar la cobertura, vía Sena, que ha logrado (aunque no se sabe si además de cualificar el desempleo hay un norte claro al respecto), pero hoy esa entidad es un botín burocrático de un gobierno completamente desgastado, en donde la actual ministra -Yaneth Giha- ya reconoce que en el poco tiempo que le queda no puede hacer nada trascendental.

La educación superior colombiana no ha sido vista por los gobiernos como un patrimonio de la Nación, que debe ser protegido, porque orienta el juicio recto de la inteligencia al servicio del futuro del país.

En cambio, los gobiernos han sido miopes. Con inexpertos funcionarios, que han desconocido el trayecto de rectores, IES y de otros sistemas educativos, y que han creído que con programas mediáticos y montados en el esquema de subsidios o de castigo, satisfacen o convencen a la opinión pública.

Entre tanto, la lista de desaciertos parece interminable: Una Ley de inspección y vigilancia con más debilidades que aciertos; una anunciada y no creada Superintendencia de Educación; una intervención en IES como la San Martín, que han favorecido más a los herederos del gobierno que a los estudiantes; una autonomía universitaria limitada y asaltada en sus alcances por el mismo Estado; la gobernabilidad de rectores y consejos superiores en manos de los jueces; la absurda intención de mejorar la calidad de las licenciaturas sin ponderar el impacto social de la decisión de la acreditación obligatoria, en contra de la esencia propia de la acreditación como un acto voluntario; la falsa obsesión por acabar IES y programas de “de garaje”, mismos oficialmente aprobados por el Estado; la falta de sentido de país y de impacto regional de la educación superior al impulsar los créditos de Icetex sólo para programas e IES acreditadas; un programa como Ser Pilo Paga, bienintencionado pero claramente inequitativo y fiscalmente insostenible; la obsesión de mostrar rankings -estilo MIDE- sin el debido soporte técnico ni la teleología debida; los frustrados anuncios de más atención para la ciencia y la tecnología; un modelo de financiamiento de la educación superior pública que todos reconocen como frustrado pero sin la capacidad del Estado para modificarlo; un Plan Decenal de Educación que costó mucho dinero, y que no servirá para nada; y anuncios como Universidades de Paz, educación superior rural y Colombia la más educada, que han sonado llamativos, pero se han quedado en buenas intenciones, entre otros.

El drama esencial del sistema de educación superior no está en bajas coberturas o en problemas de calidad; radica en que como país no hemos sabido darle significado al por qué y para qué necesitamos un sólido sistema de educación superior. Lastimosamente, nadie en Colombia puede responder qué se espera de su educación superior, cómo puede contribuir ésta al desarrollo del gobierno y en qué áreas de conocimiento debemos crecer como país.

El sistema podrá sobrevivir a más paños de agua tibia, pero difícilmente será un modelo que enorgullezca a quienes viven de él y para él si no logra que quien llegue al Palacio de Nariño en agosto de 2018 no tenga el liderazgo, la capacidad técnica y de concertación para que el país y las más diversas y encontradas fuerzas políticas se unan en torno al propósito de rediseñarlo nuevamente, de cero. Es decir, necesitamos revisar las posiciones interesadas, que paralizan las buenas intenciones de política pública. Porque hemos diseñado un sistema de educación superior que pretende mantener el statu quo, cuando lo que necesita, precisamente, es romper los círculos de poder e intereses sectoriales.

Solo así habrá esperanza de que algunos de los siguientes problemas crónicos del sistema puedan ser realmente enfrentados y resueltos: Articular el sistema de la educación media con la superior; crear una ley estatutaria; revisar la tipología de IES, definir en dónde deben quedar finalmente las instituciones universitarias y las especializaciones; modificar el sistema de financiamiento de la Ley 30 de 1992, con más recursos y equidad en la asignación entre las propias universidades oficiales y aquellas otras IES oficiales que no son universidades; aumentar la exigencia para la rendición de cuentas de las IES sobre sus resultados, deserción y egresados; definir realmente qué se entiende, en Colombia, por educación TyT, sus actores, integración y rediseño del modelo entre las de formación para el trabajo, las IES y el Sena; reconceptualizar y dar sentido a la necesaria integración de un verdadero sistema de aseguramiento de la calidad; revisar los choques de trenes y niveles de intervención de los “n” actores que inciden sobre la educación superior (Ministerios, Cortes, Superintencias, Cajas de Compensación, Congreso, Alcaldías, entidades adscritas, Colciencias, asociaciones de IES; de facultades, Colegios profesionales, Sena…); definir las líneas estratégicas en las que debe crecer el país con ayuda del conocimiento; articular más y mejor el sistema de Ciencia y Tecnología con el de educación superior…

Solucionar todo esto solo será viable con una estrategia: Barajar de nuevo.

Cada vez parece ser más común el consenso de que el sistema necesita una revisión estructural. El cambio de gobierno puede ser un buen momento para ello. Sea cual sea el presidente que llegue… acompañado de un ministro (a) de Educación con carácter, conocimiento, liderazgo y visión de futuro.