Polémica por acreditaciones en Uniatlántico cuestiona efectividad del SNA

Creado en Miércoles, 26 Julio 2017

Roberto Figueroa, representante de los profesores en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, cuestiona la manera como el Estado ha manejado el tema de la acreditación, y la forma inentendible -para él- como el nuevo rector, Carlos Prasca, obtiene información anticipada de lo que debe pasar en estos procesos.

La comunidad académica nacional celebró la puesta en funcionamiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que, como política, el Ministerio de Educación Nacional echó a andar desde hace aproximadamente 15 años, cuando se dio inicio a la obtención del registro calificado de los programas académicos en Colombia.  A mediados de la década pasada, igualmente, se puso en funcionamiento el Sistema Nacional de Acreditación que inició con los primeros reconocimientos de calidad de programas e instituciones universitarias.  De esta forma se consolidó el Consejo Nacional de Acreditación, el cual garantizaría que las instituciones de educación superior en Colombia respondieran adecuadamente a las exigencias internacionales de calidad de la educación como condición para el desarrollo económico. 

Sin embargo, bajo el ministerio de Gina Parody el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior se resintió y comenzó a perder credibilidad. Y hoy muestra señales de improvisación y desconfianza.  Algunas noticias, elementos y casos sirven para justificar estas apreciaciones. En primer lugar, no fue de buen recibo la denuncia instaurada por la Red de Veedurías de Colombia contra un miembro del CESU por presunto tráfico de influencia y abuso de posición relacionados con las acreditaciones de programas en el país y la de su propia universidad. (Ver aquí.) 

De igual forma, resulta inquietante que las acreditaciones institucionales, en algunos casos, coincidan con la permanencia de docentes o directivos académicos como consejeros del CNA en el momento en que “sus” instituciones obtienen dicho reconocimiento.  Así mismo, el programa Ser Pilo Paga ha incorporado más ruido al sistema de acreditación, por cuanto solo las universidades que están acreditadas institucionalmente recibirán estudiantes de este programa y, dado que los recursos girados por tal concepto hacen parte de los del financiamiento de dichas universidades, esto actúa como incentivo para que algunas universidades privadas persigan la acreditación no como un fin u objetivo de mejorar la calidad de la formación educativa, sino como un medio de proveerse recursos públicos o que la universidades ya acreditadas estrechen el circulo para desincentivar la competencia por los recursos que reciben de dicho programa. Asimismo, las figuras académicas y emblemáticas en el país, que en otrora constituyeron las salas de CONACES y el Consejo de Acreditación hoy no se ven. 

Por otra parte, lo sucedido en la sesión del jueves 11 de julio del año en curso del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, envía señales para aumentar el malestar y la inconformidad por la forma como se viene manejando y gestionando el sistema de calidad. Ese día, en su intervención, el señor rector, Carlos Prasca Muñoz, expresó que efectivamente el CNA había notificado a la Universidad del Atlántico la negación de la acreditación de ocho (8) licenciaturas, en cuyo caso, no solo quedan sin la codiciada acreditación, sino que pierden el registro calificado, con lo cual no podrán ofertarse en el futuro. Sin embargo, cuando todos esperábamos que el rector presentara al Consejo Superior un plan de mejoramiento para superar las objeciones relacionadas por el Consejo Nacional de Acreditación de las licenciaturas de la institución; su informe giró sobre las formalidades discursivas de cómo responder los recursos de reposición para convencer al Consejo Nacional de Acreditación de que la Universidad, la Facultad de Educación y sus programas contaban con las condiciones para ser acreditados. De igual forma, presentó, más que argumentos, los malabarismos jurídicos interpretativos del Decreto Ley 892 de 2017, de que la Universidad del Atlántico se encuentra, por extensión, en los territorios donde se desarrolló el conflicto armado y que como tal son priorizados para la implementación de programas especiales de desarrollo y mediante esta interpretación lograr la acreditación de calidad en 32 meses de las licenciaturas negadas. 

Pueden acaso superarse los obstáculos para la acreditación de la licenciaturas con propuestas formales o jurídicos,  si lo que los pares evidenciaron en la visita se resume así: directivos académicos nombrados para periodos sin límite (incluido la figura del rector) y que hoy algunos tienen más de 10 años al frente de los cargos;  escasa formación posgraduada de sus docentes; bajo número de profesores de planta según el CNA, 2/3 de los docentes son catedráticos; casi nula visibilidad y desarrollo de la investigación en las licenciaturas; docentes poco categorizados en el sistema de investigación de Colciencias; poca productividad académica y científica; altos índices de retención estudiantil y alta deserción escolar; poca relación con los egresados; problemas de visibilización nacional e internacional y pésimos resultados en las pruebas Saber Pro de sus egresados. (Ver razones del CNA aquí). 

Por qué razón el debate en la reunión del Consejo Superior no se centró en el “que” y el “cómo” desde la institución con la colaboración del Ministerio y la gobernación lograríamos mediante reformas institucionales, recursos, planes y proyectos poder superar estos vacíos estructurales para obtener la calidad en la formación de nuestros egresados.  Porque el Ministerio de Educación con su silencio admite que la solución a la acreditación pasa por asuntos formales y jurídicos. 

Para aumentar, aún más, mis sospechas sobre la fragilidad del sistema de aseguramiento de la calidad y de la  acreditación revisen lo expuesto por el rector Prasca en el Heraldo (ver aquí)  al afirmar que cuatro (4) programas de los ocho (8) negados, serán acreditados próximamente.  Que un rector conozca de manera anticipada el resultado de unos procesos administrativos, el resultado de unas apelaciones que no han sido falladas, es porque alguien ha prejuzgado sobre la causa y tal evento, podría configurarse, de ser cierto, en tráfico de influencias. 

Cuando en la sesión del Consejo Superior llamé la atención sobre lo anterior, lo hice porque es notoria la irregularidad del procedimiento y consideré un deber expresarlo aun cuando dicha irregularidad nos fuera ventajosa. De ninguna manera lo hice porque sea enemigo de la acreditación de mi universidad, como salieron a expresarlo en los medios de comunicación el representante de los gremios de la producción y el mismo rector de la institución, intentando mostrarme como el villano. (Ver aquí y escuchar audio) Se me recriminó no haber guardado silencio cómplice ante la impresentable declaración del rector, que, dicho sea de paso, tenía que ser desaprobada por la vice-ministra de educación allí presente, ya que estos procesos administrativos, de tanta importancia para el futuro de la calidad de la educación superior, no pueden consentir esa clase de sospechas. ¿Cómo podía el rector saber que el recurso de reposición presentado se lo concederían? El asunto no se limita a la suerte de los programas académicos de nuestra universidad, sino que pone en entredicho la seriedad del sistema de acreditación. 

Segundo, porque si el Consejo Nacional de Acreditación señala entre las causales por las cuales toma la decisión de no acreditar las ocho (8) licenciaturas, algunas que no pueden subsanarse tan brevemente como las que menciono a continuación, mal puede cambiar su determinación con la prontitud que dice el rector haberlo conseguido. Tales son las causas que motivaron la negación de la acreditación: la falta de docentes de planta en los programas, la ausencia relativa de investigación y de publicaciones en revistas indexadas, los problemas de gobernabilidad tales como que el rector sea elegido actualmente sin un periodo de tiempo determinado, lo que lo expone a ser removido en cualquier momento y siga la Universidad con el modelo de interinidad que solo le sirve a la correlación de fuerzas políticas dentro del Consejo Superior;  igualmente, que los decanos y personal directivo académico estén en los cargos con más de 10 años, entre otras no menos exigente de superar. 

Nada de esto se trata en las sesiones del Superior a pesar de que esta representación ha presentado iniciativas de reformas estatutarias y académicas, sin embargo, todas ellas son archivadas ante el aplastamiento de la aplanadora que impera allí y que no solo imponen el rector sin vida y carrera universitaria demostrada a los internos, sino que no nos dan respiro a propuestas de reformas.  Preocupa e inquieta que la discusión en el Consejo no gire sobre la forma como se van a superar las objeciones a la acreditación de programas y a la acreditación institucional señaladas por el CNA. Que no se discuta la existencia de una política clara de fomento a la calidad de las universidades que se exprese en decisiones por parte del Ministerio a ayudarnos a solucionar los problemas estructurales que dificultan la consecución de la calidad en algunos programas y en la institución, fue lo que puse sobre la mesa. Quien avisa no es traidor, reza el viejo proverbio y yo avisé que las acreditaciones y la calidad se logran con recursos, con inversiones, con el concurso del Ministerio y que además son procesos colaborativos y no del afán adanista de exhibirse. Es más honesto el que ve los defectos y los señala, que el que ve los mismos defectos y los alaba. Lo formal y el voluntarismo son accesorios en la consecución de la calidad.  La chapucería es un antónimo de la acreditación de calidad. Por decir esto y referirme a esto fui estigmatizado por unos medios locales que hasta de miserable me trataron públicamente. Sin embargo, la acreditación es mucho más que eso.