El periodista José Luis Barragán (*) analiza (en su blog de la Revista Semana) los contrasentidos en el modelo de financiamiento de la educación pública de parte del Estado tanto hacia las universidades como hacia las instituciones de educación superior oficiales que no son universidades.

La Ley 30 tuvo la culpa

El periodo comprendido entre mayo y septiembre del 2009 fue bastante intenso para los gerentes y/o vicerrectores financieros de las seis principales universidades públicas del país (Nacional, Antioquia, Valle, UIS, Tecnológica de Pereira y Cauca) reunidas bajo la cobija del SUE (Sistema Universitario Estatal). En ese periodo, previo a la discusión del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2010, echaron muchos números y llegaron a la conclusión de que el sistema de educación superior pública del país tenía un déficit que se acercaba al medio billón de pesos, más exactamente 469 mil millones. ¿De dónde surgió esa cifra?

Todo comenzó en 1992 cuando se expidió la Ley 30 y en los artículos 86 y 87 se estableció la metodología a utilizar para el desembolso del presupuesto de las universidades públicas. Si bien este hecho tuvo una cara positiva porque obligó al Estado a entregar anualmente estos recursos con la regularidad que no existía antes de esta fecha, pero trajo una consecuencia nefasta a futuro. El monto de los dineros que se entregaba a las instituciones de educación superior se ató al dato final del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el incremento de cada año lo determinaba este indicador de la inflación.

Hasta ahí, la Ley parecía salvadora porque garantizaba unos dineros fijos para el funcionamiento y la inversión. Sin embargo, la dicha no duró mucho y con el paso del tiempo y, por espacio de veinte años en los que esta legislación ha regulado al sistema, se fueron promulgando normas, decretos y leyes que obligaron a las universidades públicas a realizar fuertes desembolsos, sin que se compensaran en el financiamiento anual, lo que provocó un desequilibrio entre los egresos e ingresos y la aparición de números negativos.

En un informe preparado en ese momento por el SUE se hizo un inventario de la normatividad que golpeó los intereses económico de la red de educación terciaria del país. El primer jab al mentón se dio con la expedición del Decreto 1444 de 1992 que reglamentaba el ingreso monetario de los docentes que, si bien empezaba a reconocer sus méritos académicos, también abría un boquete porque al no fijar un tope máximo de puntos que se les asignaba para incrementar sus salarios por sus logros académicos, esto empezó a desbordarse y no hubo presupuesto que alcanzara. Y si bien esto se corrigió una década después con el Decreto 1279 de 2002, el daño estaba hecho.

El desangramiento de las arcas de las universidades públicas continuó con una serie de sentencias de la Corte Constitucional (C-006 de 1996 y C-401 de 1998) que exigían un trato igualitario a los profesores ocasionales y otras normas más que demandaron más desembolso de dinero sin contraprestación gubernamental. En 1997, con el fin de incentivar a los ciudadanos a votar, se expidió la Ley 403 que, entre otros aspectos, les otorgaba un descuento del 10% en la matrícula en las universidades públicas. Si bien más adelante el Gobierno corrigió y devolvió una parte del monto, el daño estaba hecho.

Adicionalmente, desde finales de la década del noventa del siglo anterior y el primer quinquenio del presente, se le dio forma al Consejo Nacional de Acreditación y a los sistemas de gestión de calidad, lo que significó para las instituciones educativas cumplir con los requisitos ahí exigidos y continuar funcionando bajo los nuevos parámetros, por lo que debieron invertir en el robustecimiento de su capacidad instalada (ampliación y dotación de laboratorios y de espacio para la práctica deportiva) y en la mejora de la formación de los profesores sobretodo en el nivel de doctorado. Esta cualificación costó otra millonada y no se vio compensada porque la fórmula de la Ley 30 se mantuvo intacta.

Como consecuencia de esta dinámica si bien el sistema de universidades públicas creció sustancialmente en rubros como la capacidad instalada, la cobertura, la capacitación profesoral, la producción científica y el aumento de los programas, entre otros, en contraste esta situación llevó a muchas IES a declararse en quiebra y otras tantas a ver sus días contados y con lo justo para funcionar solamente por poco tiempo. Con este panorama caótico, surgió la propuesta de que este incrementara en 9% el presupuesto del 2010, lo que equivalía a una inyección de 160 mil millones de pesos.

Luego de un lobby mal manejado, con convocatorias mal hechas como varias que se presentaron en la Universidad Nacional de Colombia cuando invitaron a dialogar a varios congresistas para sensibilizarlos sobre el problema y no asistieron, el Gobierno de Álvaro Uribe aceptó y dio un caramelo al entregar esos recursos. Pero apenas lo dejó ver porque estos dineros los regó en todo el sistema de educación superior, es decir todas las instituciones adscritas al Ministerio de Educación Nacional, una de ellas el Icetex y otra fuera de ese ámbito como Colciencias, y las universidades quedaron casi en las mismas.

Paralelamente, sin embargo, durante el gobierno de Uribe se avanzó en la construcción de un proyecto de Ley (el número 55 de 2010) muy enfocado en el tema de financiamiento, destacándose aspectos como el incremento en el aporte al sistema universitarios relacionado con el crecimiento anual del PIB y la creación de mecanismos para obligar a las entidades territoriales a cumplirle a las IES públicas. Aunque con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia parecía que este proyecto tenía futuro, a los pocos meses se archivó.

Bajo la nueva administración, en 2010 se abrió paso una modificación más amplia del sistema de educación superior, cuyo déficit ya había llegado al billón de pesos. En el proceso de discusión del contenido del nuevo proyecto de Ley, otra vez el inventario histórico de normas nocivas salió a la palestra, y la contrapropuesta, expuesta por la Ministra María Fernanda Campo en varios escenarios, fue que se le inyectaría un billón de pesos al sistema. En 2011, la propuesta no ha cambiado y se manejan los mismos discursos y la misma cifra, que no alcanza ni para levantar los edificios que se caen en las universidades.

El billoncito y medio de pesos

Con lo acontecido en septiembre de 2009, los que hicieron ruido fueron los gerentes y/o vicerrectores administrativos frente al Gobierno de Álvaro Uribe. En esta ocasión han sido los rectores y directivos del SUE que hicieron un público pedido al Presidente Juan Manuel Santos para que este facilite el desembolso de recursos y mejore las maltrechas finanzas de los centros educativos.

El mensaje hace relación a los hechos que tienen a la red de educación superior oficial en condiciones precarias y que dejan ver que el desequilibrio entre los ingresos y egresos continúa. En uno de los apartes le recuerdan al Presidente que “en cualquier caso el Gobierno respondería por los recursos adicionales del 3% concertados con el Ministerio de Educación y que hacían parte de la reforma en discusión, pues estaban asegurados en el presupuesto del 2012”.

Sin embargo, más adelante nuevamente queda evidenciado el desajuste al señalar que mientras las transferencias ajustadas al Índice de Precios al Consumidor son del 3,73%, el aumento salarial a los trabajadores del Estado es del 5%, lo que supone un desfase del 1,27%. Las universidades “reconocen positivamente la voluntad de su Gobierno para otorgar un incremento salarial superior al IPC”, sin embargo hacen claridad: “Pero debemos ser francos a la hora de evaluar su impacto”. Así empieza otro round en la búsqueda de mejoras en el financiamiento.

En este punto recuerdo varias intervenciones de la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, quien ha reiterado que la Reforma a la Ley 30 traería una inyección de un billón y medio de pesos en los próximos tres años (medio billón anual) a todo sistema de educación superior oficial (80 instituciones de educación superior, de las cuales 32 hacen parte del Sistema Universitario Estatal (SUE)). Ese valor, si se tiene en cuenta que en 2011, según cifras del mismo Ministerio, el sistema recibía 2,57 billones, representaría un incremento del 20% anual, lo que no es un dato menor frente a los antecedentes.

Sin embargo, este monto se queda corto para todos los gastos que demanda la operación de una universidad. Además, existen algunas situaciones que, aunque latentes, solo hasta ahora se está viendo su nivel de impacto negativo. Un caso es el de las instalaciones físicas que, en muchos casos, están a “Punto de desplomarse”, como lo tituló la Revista Dinero, en su edición del 25 de mayo.

En dos páginas, la revista mostró el panorama desolador de algunos edificios que se encuentran en lamentables condiciones en la Universidad Nacional, del Valle y Antioquia, las tres principales IES de la educación terciaria del país.

Por ejemplo, la Facultad de Medicina de la UdeA parece un triste recuerdo de un bombardeo o de una guerra y el edificio de Rectoría de la Universidad Nacional, el Uriel Gutiérrez, cuenta con una parte de su edificación derrumbada y sus cimientos nadando en una piscina.

A este impactante inventario se le podría agregar el edificio de Enfermería en la emblemática Plaza Central o Ché en la Universidad Nacional, que cada vez se parece más a la Torre de Piza, por su nivel de inclinación, o el edificio de Arquitectura, una bella pieza arquitectónica de la década de los sesenta del siglo anterior, que está a punto de caerle en la cabeza a los futuros urbanistas del país.

Arreglar este daño y dejar estas edificaciones actualizadas en las normas de sismo resistencia, le puede costar a estas tres universidades la “bicoca” de 2 billones de pesos, el doble de lo que ha prometido el Estado como su inyección al presupuesto de las universidades públicas.

Ante este panorama, que veo poco probable que cambie sino se contratan verdaderos expertos en lobby que lleguen a las puertas correctas, desde este espacio invito a todos los funcionarios de alto nivel del Gobierno del Presidente Santos relacionados con este tema (ministros de Hacienda, Educación y director de Planeación Nacional), que le hagan caso a su jefe, quien en la celebración de los 125 años de la Sociedad Colombiana de Ingeniería, el viernes primero de junio, fue enfático en decir: “Tenemos que pensar en grande, dejemos de hablar de pesitos y hablemos de pesos”.

En este punto parafraseo al Primer Mandatario: “Dejemos de hablar de pesitos (un billón para todo el sistema), y pensemos en grande”. De esta manera se puede garantizar que haya espacios adecuados y dignos para la práctica docente y el aprendizaje sin miedo a que un techo se le venga encima al estudiante, se puede pensar en universalizar el bienestar universitario y alcanzar la meta del 50% de cobertura que el Gobierno plantea para 2014 y así cumplir con el mandato constitucional que ordena al Estado ofrecer “mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Una opción diferente significa seguir viendo el futuro del país con menos optimismo y pensando en que las posibilidades de Colombia de ingresar a la Sociedad del Conocimiento serán meras quimeras sino se cualifica a sus ciudadanos como corresponde a un país de primer mundo.

Pobres e invisibilizadas

El sistema de educación superior colombiano es uno de los más amplios del mundo por la cantidad de Instituciones que lo integran. En 2011, según cifras del Ministerio de Educación Superior, estaba constituido por 292 instituciones de educación superior, de las cuales 211 eran de origen privado y 81 del oficial.

En este último segmento hay dos grupos claramente diferenciados. De una parte están las 32 universidades que integran el Sistema Universitario Estatal (SUE), que ofrecen el portafolio de programas profesionales de pregrado y posgrado, y del otro, el resto, es decir un total de 49 IES, esparcidas en el territorio nacional y con una amplia oferta de programas académicos en el nivel tecnológico y técnico.

La diferencia entre los dos grupos del sistema oficial es lo financiero. Mientras, entre los integrantes del SUE se reparte la totalidad del presupuesto asignado por el Estado, que en 2011 fue de 2,7 billones de pesos; en el segundo grupo, el aporte del Gobierno nacional es inexistente.

Mientras, las universidades del SUE cuentan con dos fuentes de financiamiento: los aportes del Gobierno y los recursos propios, en el caso del segundo grupo es claro que son: el costo de las matrículas, que no es muy alto porque su población objetiva son los estratos 1 y 2 de la población, y el aporte, no muy significativo, de algunos gobiernos locales o regionales sobretodo en ciertas capitales de departamento como en Antioquia, Valle o Bogotá o las que son del entorno castrense o militar.

La condición económica de las 32 universidades del SUE, pese a tener definida su fuente de financiamiento, es difícil, como ya lo mencionamos en la anterior columna, y se agrava si se tiene en cuenta que la metodología para la repartición de los recursos que usa el SUE castiga fuertemente a muchas.

Es claro que al interior del sistema existe una brecha. Según información oficial, las principales diez concentran el 74,55% del gasto público y otras dice que no reciben aportes de la nación. Hay casos como los de la Universidad de Pamplona, apenas recibe 800.000 pesos por alumno.

En el caso de las 49 IES del segundo grupo, el panorama está lleno de nubarrones, causando un impacto negativo en las poblaciones de muchos municipios y de las ciudades donde tienen sede que acuden a estos en busca de aprendizaje.

En este punto, si bien el proyecto de reforma de la Ley 30 premia la cobertura, algo positivo si se tiene en cuenta que solo 37 de cada 100 personas con edad para formarse en el nivel terciario lo hace, pero con los escasos y casi nulos recursos frenan las posibilidades de que estas IES de ofrecer formación de alta calidad.

Solo las IES que tienen el respaldo del sector Defensa pueden obtener resultados favorables, es el caso de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez y Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla", que ocuparon los puestos 13 y 25 de las pruebas Saber Pro 2011. Las otras están destinadas a ocupar lugares en la cola de lista como el Instituto Tecnológico de Antioquia que se ubicó en la casilla 295 entre 296 instituciones que son evaluadas.

Sin recursos, la formación de calidad es una quimera al no tener cómo financiar aspectos fundamentales en la operación de una IES como la capacidad instalada y la contratación de profesores con alto nivel de formación en posgrado.

El Gobierno con su escaso interés por el financiamiento del sistema de educación superior oficial está propiciando esta división que trae consigo desigualdad y deja claro que la formación terciaria del país es clasista: de un lado los que tienen con qué, aunque no sea lo suficiente; y de otro lado, los pobres, aquellos que deben hacer piruetas para ofrecer un servicio educativo.

Ante este panorama, y como lo mencionaba en la anterior columna, la propuesta de un billón y medio de pesos en tres años por parte del Gobierno, es una afrenta para los miles de ciudadanos que buscan salir de los círculos viciosos de la desigualdad, pobreza y falta de oportunidades e ingresar a los círculos virtuosos de la formación, el ingreso al mercado laboral y poder mejorar los niveles de calidad de vida. ¿Cuál será la opción que quiere ofrecer el Estado a sus habitantes?