Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, detalla cómo los ofrecimientos del MEN para incrementar aportes a las universidades públicas deben romper una enorme inequidad en la asignación a éstas y se puede hacer sin necesidad de reformar la Ley 30.

Hablando de los problemas mayúsculos de las Universidades Públicas  en términos de financiamiento,  hay que reconocer uno en particular, que ha sido manzana de permanente discordia entre las propias Universidades;  me refiero al desequilibrio  en los aportes per cápita que el Estado  Central les transfiere a cada una de las 32 Universidades, y que  dicho sea de paso,  se ha vuelto un distractor  que mina la confianza y  dificulta la unidad   del sector. No se trata de fomentar un igualitarismo per se, está claro que no todas las Universidades son iguales; hay diversos grados de complejidad y naturaleza que las hace diferentes y por ende diversas en costos,   pero sí de  corregir evidentes inequidades.

Para dar una idea de las distancias; mientras la Universidad Nacional  recibió en el año 2011,  9.1 millones por cada estudiante matriculado, las Universidades de Pamplona, Cundinamarca y Militar   apenas recibieron  1 millón.  El promedio de aportes  de la nación a las Universidades  está en aproximadamente 3.6 millones  por estudiante matriculado y 15 Universidades  reciben recursos per cápita  por debajo de  este  promedio.

Esta situación ha sido sistemática  en los últimos años en virtud de la forma de asignarle recursos a las Universidades Públicas;  el artículo 86 de la ley 30  de Educación Superior  establece,  que como mínimo,  el presupuesto del año siguiente  para cada universidad debe ajustarse con la variación del Índice de precios al Consumidor o IPC.   A pesar de que según la norma, los aportes  podrían ir más allá del IPC,  se volvió  costumbre de los Gobiernos  irse por el  límite inferior, con variaciones insignificantes, cuando ellas se han dado.

Los recursos asignados a cada Universidad ha dependido, por lo general,   del  estado en que estaban los aportes en el momento de entrada en vigencia de la ley 30 de 1992; algo así como que la foto  de aportes  que existía en el año 92 se fue modificando  con los ajustes  de la inflación. Naturalmente que aquellas Universidades centenarias,    consolidadas, se llevaron la mejor parte, mientras las más  jóvenes, aquellas que se encontraban en sus primeros años, se llevaron la peor.  Como es apenas natural,  siempre que se habla de  nuevos recursos para el sector,   surge el reclamo  de aquellas que por razones históricas se encuentran rezagadas.

El  jueves pasado,   se tomó una determinación  por consenso  entre las Universidades Públicas y  la Señora Ministra de Educación,    en el sentido  de por primera vez discriminar positivamente  a  estas Universidades, entrampadas por el  sistema de financiamiento vigente.  Las Universidades estábamos   esperando respuesta del Ministerio en relación con  los recursos adicionales,  que en  una cuantía del 3% sobre el IPC  para el año 2012,   estaban consignados en el proyecto  de reforma a  ley 30   que fue retirado  del Congreso el  año anterior  y que  no habían quedado expresos  en la ley de Presupuesto.  La  Ministra confirmó que  estos recursos  se entregarán  próximamente, que están presupuestados, pendientes solamente  del certificado de disponibilidad.  Pero además,    presentó  un propuesta de  distribución que  entrega el  50%   directo a cada Universidad;   un 25 %  distribuido  a  todas las  Universidades para ser utilizado en formación de sus docentes a nivel de Maestría  y  Doctorado, distribuido  según sus necesidades relativas, es decir  más a quienes menos  hayan avanzado en la formación de sus docentes  y  un 25% restante, distribuido solo entre las Universidades  rezagadas en los aportes per cápita, beneficiando solo a aquellas   15 que están por debajo del promedio  y  dándole más,  a quien  menos reciba  aporte per cápita.  Se han quebrado dos paradigmas: Si se pueden entregar  recursos  adicionales sin necesidad de reformar la ley 30  y  es posible  ir corrigiendo  el desequilibrio en los aportes del Estado a  las Universidades públicas.