Análisis, en La Patria, de Manizales, del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de esa ciudad, Gonzalo Duque Escobar.

Ahora, si la citada reforma debe conservar de la normativa anterior los principios rectores y objetivos que le dan sentido a la educación superior, como servicio público esencial para el proceso cultural y la construcción de nuestra identidad como Nación, en un escenario que debe blindarse de intenciones contrarias que propugnan por desmontar el Estado solidario y darle paso a la privatización del sector, deberán eliminarse de la reforma los aspectos que desvirtúan determinantes como la responsabilidad del Estado y la misión y pertinencia de la universidad pública.

Lo anterior supone apuntarle a políticas públicas de educación acordes con en el contexto socioambiental y económico de Colombia, donde el Estado asuma una responsabilidad que no se le debe trasladar al mercado, para que el conocimiento como factor de producción y la cultura, le aporten a la construcción de una sociedad solidaria y democrática. En ese orden de ideas, para la reforma de la Ley 30 y para todo el sistema educativo, resultará fundamental precisar el sujeto a formar y tipo de educación que demanda la sociedad, puesto que en este contexto habrá que reformar el actual modelo de educación, que desmotiva al privilegiar solo la ciencia, el lenguaje y las matemáticas, para que haga lo propio con el arte, la cultura y el desarrollo del talento humano. 

Si la idea es enfrentar las complejas problemáticas sociales y ambientales de Colombia, partiendo de una premisa fundamental como la de priorizar la formación de capital social sobre el crecimiento económico, dado que esta cultura creó la universidad y también la empresa como organizaciones complementarias pero diferentes, entonces para la construcción de un país moderno, competitivo y soberano, deberá implementarse una reforma sin los costos sociales de las políticas inspiradas en una economía deshumanizada, para no terminar desnaturalizando las universidades al transformarlas en empresas, ni generar las deficiencias de calidad en nombre de la cobertura, tal cual ocurre con la educación básica y la salud.

Si la construcción de una sociedad y de un territorio entendido como un proceso social e histórico, involucran relaciones dialécticas donde la universidad participa como un actor social estratégico en la construcción de la Nación, entonces la universidad debe contar con la autonomía suficiente para pensarse y orientarse en términos de Estado, y no de Gobierno: de ahí la importancia de dotarla del presupuesto necesario y la libertad del caso para asegurarle su misión, en atención a la demanda social de los problemas estructurales y principales retos del país, y su desempeño en el marco de los nuevos cambios y transformaciones de la nueva sociedad, donde el conocimiento pertinente y de calidad, garantice su articulación institucional a través de los planes sectoriales oficiales y empresariales. 

En consecuencia, vista la educación como un sistema del cual participan las universidades, se tendrá que incidir con políticas visionarias para lograr la transformación de una sociedad colombiana, profundamente fragmentada, ligada a referentes insustanciales puesto que lo fundamental se ha profanado, y en la cual el protagonismo del saber y el desarrollo tecnológico han modificado la estructura del empleo, como actividad económica que empieza a depender cada vez más de competencias sociales e intelectuales que de habilidades manuales, cuando la pirámide poblacional se ha ido envejeciendo. Además, al enfrentar los retos de la globalización y vincular la ruralidad colombiana, nuestras universidades que saben mucho de C&T y poco de “saberes", tendrán que repensar su misión en términos de cultura y deberán descentralizarse para llegar a la provincia.

Finalmente, en materia de presupuesto, si bien las universidades públicas tienen un carácter estratégico, habrá que diferenciar entre universidades de docencia y del conocimiento, por su naturaleza, misión y costo. Como en ese orden las dificultades y demanda de recursos para implementarlas, resultan crecientes, al generarse asimetrías entre regiones que no resolverá el mercado, se precisará del Estado para la asignación de recursos soportados en políticas, planes estratégicos y prioridades del desarrollo territorial, asunto que muestra el valor fundamental de la universidad pública para las regiones y que señala el carácter regresivo de una política que financie la demanda y no la oferta, mediante estrategias como la congelación de su presupuesto para hacerla insostenible, obligándola a privatizarse.