Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, plantea como un desafío el ejercicio que tiene que hacer el país para abordar, rigurosamente, el análisis de una reforma a la educación superior.

No puedo bautizarlo con otro nombre; así percibo la situación del movimiento Universitario Colombiano  con relación a la construcción  de una propuesta de ley  para la Educación Superior. Fue relativamente fácil  desencadenar una férrea oposición a  la propuesta del Ministerio de Educación, especialmente al venir ella originalmente  adobada con la intención de abrirle espacio al ánimo de lucro en la Educación Superior; algo definitivamente impopular e inconveniente. Ahora viene lo más complicado: proponer.  Se ha dicho tanta cosa, se ha imaginado tanta intención oculta  en cada artículo del fracasado proyecto,  que se vuelve una tarea titánica formular  iniciativas  a prueba de perspicacia. Tocó proponer y en esto no puede haber desmayo.

Esta tarea, si bien  debe ser abierta a toda la sociedad,  debe contar con expertos; solo así puede ser fructífera y posible. Las leyes tienen que estar conectadas con la realidad  para que no sean cantos a la bandera y puedan en efecto trasformar.   Los Rectores y Directivos Universitarios debemos contribuir  a animar la discusión desde el conocimiento y la  experiencia.

Quiero dejar algunos interrogantes que dimensionan la complejidad del compromiso, pero que si se dilucidan tempranamente  pueden limpiar el debate de distractores para  ir centrando   la deliberación. No pretenden ser ni los más importantes ni mucho menos exhaustivos.

Se acepta que la Educación Privada es válida y necesaria en Colombia, tal como ocurre hoy día al responder por el 50% de la cobertura?.  Es el crédito Educativo con alto subsidio  un camino para financiar la Educación Privada?.

Hasta donde debe ir el Estado con la Educación Superior Pública?.  Cuando se habla de la gratuidad es para todos?.  Se refiere solo al costo de la matrícula?.  Será oportuno  visualizar desde la ley  aspectos como el transporte, la vivienda, la alimentación y la salud, que para algunos sectores pueden ser igualmente  limitantes?

Deben existir Instituciones y programas   que formen en lo técnico y tecnológico con titulaciones intermedias para formar recurso humano con habilidades asociadas  a lo práctico?

Pueden estas modalidades ser una vía alterna para acceder a las titulaciones  de más alto nivel  a través de la articulación y la homologación   para quienes lo deseen?

Los docentes de planta deben tener el cargo asegurado de por vida o son susceptibles de evaluaciones periódicas para medir el desempeño y condicionar la continuidad ?.   Habrán restricciones para vincular docentes en temporalidad en cuanto a la exigencia de concursos, a participación sobre la totalidad   y a las  limitaciones en la duración de la misma?

Estas  y otras preguntas  serán materia de análisis en futuros artículos.