| Retos para abordar el nuevo debate sobre la reforma a la educación superior |
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| Lunes, 16 de Enero de 2012 09:10 | |||
El rector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, lista, en El Tiempo, algunos de los temas que deben ser considerados, con mucho cuidado, a la hora de reiniciar un proceso de análisis de reforma a la Ley 30 de 1992.El retiro del proyecto de ley de educación superior y la invitación del Gobierno a una construcción colectiva generan grandes expectativas, pero también desconcierto. ¿Cómo se construye una ley tan compleja y con partes interesadas disÃmiles y a veces contradictorias? La Mane (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) ya avisó que iba a iniciar un proceso que culminará en octubre con la presentación de un proyecto propio. Las asociaciones de universidades y de otras instituciones de educación superior, algunas universidades y en ellas grupos de profesores, otras organizaciones estudiantiles y algunas civiles también han empezado a explorar el tema. Una discusión pública y abierta de un proyecto con más de 170 artÃculos, muchos de ellos para análisis de especialistas, no es el mejor escenario. Tampoco lo serÃa llegar a octubre con propuestas opuestas para iniciar un proceso de negociación del cual estarÃa ausente una verdadera reflexión desprevenida y constructiva. Por eso me parece que, antes de entrar en articulados, podemos ir adelantando algunos debates sobre temas generales y centrales para la ley. Posiblemente, el primer dilema es si nos satisface el sistema actual, suma de dos subsistemas, uno de instituciones públicas y otro de privadas, y siendo asà cómo lograr un esquema de financiamiento que asegure su crecimiento armónico. Esa estructura del sistema me parece positiva. Hoy, cada tipo de instituciones atiende aproximadamente a la mitad de los estudiantes colombianos. La privatización de las públicas es impensable, como lo es que el Estado asuma el financiamiento de las privadas. El sistema dual, además, es conveniente en la consolidación de una democracia pluralista. Tenemos que reconocer que varias veces en nuestra historia republicana la defensa de los grandes ideales liberales y de la democracia estuvo en las universidades privadas. El proyecto de ley presentado y retirado por el Gobierno aumentaba el peso relativo del esfuerzo privado sobre el público (recordar que el pago de matrÃculas por las familias es el principal esfuerzo privado que se hace en el paÃs). Por otro lado, las declaraciones de la Mane ignoran la existencia y el papel de las universidades privadas. Debemos hacer un análisis cuidadoso de las consecuencias que se pueden derivar de esas propuestas. Tenemos los más modernos instrumentos técnicos y cientÃficos en las universidades. La mayorÃa de los estudiantes voceros de la Mane están haciendo su posgrado en ciencias sociales y polÃticas; es el momento de aplicar el conocimiento. El gran peligro de un sistema de financiamiento desequilibrado es la privatización de la calidad. La actualización tecnológica, las plantas profesorales de tiempo completo y nivel doctoral y las infraestructuras modernas requieren una importante inversión. Es indudable que la gente con recursos está dispuesta a pagar costos altos para que sus hijos accedan a educación de calidad. Si los dos subsistemas no se desarrollan en forma parecida podemos estar incubando un sistema de educación pública mediocre y, por ende, el acceso a mayores niveles de calidad solo de acuerdo con las posibilidades de pago (o de endeudamiento) de cada familia. Otro peligro, que se deriva del anterior, es la consolidación de un "apartheid educativo" con una fractura de la sociedad en grupos de jóvenes que nunca se encuentran o que lo hacen cuando uno de ellos está en posición laboral subalterna del otro. Estos peligros no son una hipótesis descabellada y apocalÃptica. Es la realidad que vivimos hoy en la educación básica y media: muy pocos colegios públicos tienen calificación de excelencia; poquÃsimos estudiantes de estratos uno y dos estudian en los colegios de prestigio que cobran matrÃculas muy altas, y no hay estudiantes de estratos cuatro, cinco o seis en las escuelas públicas. Esa es una situación que el paÃs debe atender y tratar de corregir; no puede consolidarla en la educación superior. Más adelante plantearé otros problemas centrales que debemos enfrentar en la definición de la nueva ley, pero si resolvemos este haremos un aporte sustantivo al desarrollo del paÃs.
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