Gonzalo Duque-Escobar, del Observatorio Astronómico de Manizales, aporta sus reflexiones sobre los ámbitos que deben considerarse como resultado de la experiencia de análisis de la reforma a la Ley 30.

Más allá de la reivindicación del derecho civil a la protesta ciudadana y a la movilización social, sobresale la lucha estudiantil al haberse consolidado una ruta civilizada que ofrece frutos esperanzadores, gracias a la postura conciliadora del Presidente Santos y sobre todo a la conformación de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que desea llegar a una forma adecuada de estructurar una propuesta de reforma a la Ley 30 de la educación superior, que antes que cargarle a la economía familiar lo que al Estado le corresponde, le sirva a Colombia en cuanto promete ser el resultado de una construcción incluyente, donde se van a considerar las problemáticas y aspiraciones políticas y académicas de los actores sociales que conforman el subsistema a reformar, teniendo como marco de discusión la misión de la universidad pública en el contexto de un sistema educativo colombiano, que no puede quedar a merced de una economía deshumanizada.

Evidentemente el ministerio no contaba con la capacidad de liderar un proceso donde la complejidad incluye elementos tan dispersos como imbricados: entre ellos, el carácter no partidista de estas instituciones universitarias; la pluralidad política de su estudiantado y académicos, la visión de una clase dirigente en la que ha prevalecido el crecimiento a costa del desarrollo; el surgimiento de una nueva sociedad del conocimiento no proclive a los consensos coactivos, el ocaso del Estado solidario de la sociedad industrial de ayer y el anacronismo de un modelo educativo que sigue priorizando la productividad económica sobre la cultura y el arte, sin advertir el cambio en la estructura del empleo como causa primera del paro laboral, las políticas que pregonan la competitividad y doblegan la solidaridad y la consagración de valores que forman para el tener y no para el ser.

Si ayer la planeación de lo público procedía de forma vertical considerando a los ciudadanos objeto de reformas sesgadas y no por procesos sociales emprendidos por los sujetos del cambio, tampoco puede pensarse que la forma adecuada es la que se implementó por el Ministerio desarrollando una reforma educativa soportada en un modelo matizado por algunas prebendas importantes pero que no concedía en lo fundamental al apostarle al libre mercado, para luego socializarla con quienes debió construirla: craso error. Ella, la reforma, debió construirse con los estudiantes y académicos para blindarla del presupuesto de que las fuerzas del mercado pueden, además de resolver la ineficiencia de la burocracia oficial que afecta a las universidades públicas, emplearse en la tarea de construir la Nación y corregir sus abismales contradicciones: al fin de cuentas la reforma propone subsidiar la demanda y no la oferta educativa, para liberar al Estado del costo de la educación superior y trasladárselo a los usuarios.

Darle el carácter de mercancía a la educación superior tal cual ha ocurrido con la salud y con el agua potable, con los mismos argumentos y fórmulas que se invocan ahora, el examen de las consecuencias obliga a pensar que esa no es la solución, como tampoco lo han sido las políticas del sector agrario que al olvidar la ciencia y la tecnología, y entregar recursos de capital favoreciendo a las empresas terratenientes con el prejuicio de que son eficientes, profundizaron la brecha de productividad cuando la realidad era que los campesinos colombianos con solo el 14% de las tierras generaban el 51 % del PIB agropecuario. Esto para quienes crean que en términos académicos la universidad privada es la eficiente, o de que la cobertura educativa se logra sin detrimento de la calidad, porque en el caso colombiano la mayor proporción de la investigación de interés general se hace en la universidad pública, para no mencionar lo que significa para la democracia mantener su autonomía y dotarla de instrumentos sin condicionarla por el presupuesto, para que pueda pensar y reflexionar el país. 

Condenar a la quiebra a las universidades públicas y obligarlas a autofinanciarse desnaturalizando su misión, bajo el pretexto de ampliar la cobertura por la vía fácil a cualquier costo, no solo implica desmontar el proyecto de ciencia que soporta la construcción de la Nación, a cambio de trasladarle  el gasto público a la sociedad en cumplimiento de unos postulados neoliberales donde la generación del conocimiento por parte del Estado resulta inconveniente para el empresario, sino que también deja a su suerte aspectos estratégicos del progreso y acentúa la asimetría del desarrollo, facilitando la concentración del poder y la riqueza entre territorios, entre sectores de la producción y entre comunidades de la Patria.