Además de alejarse de la violencia, el Movimiento Estudiantil logró el triunfo del retiro del proyecto de reforma, dice Daniel Samper Pizano en El Tiempo.

Informa la prensa que los estudiantes están indignados. Gritan en el centro de Londres, acampan en las plazas de Madrid, sostienen una prolongada huelga en Chile y se toman las calles de Colombia. Millones de personas padecen las secuelas de la crisis económica provocada por el codicioso y poco vigilado sistema prestamista. Para paliar los abusos del capitalismo financiero, algunos gobiernos intentan recortar presupuestos y privatizar la educación. La nueva fórmula es que los alumnos y sus familias contraigan créditos para pagarse los estudios y acaben endeudados... con las mismas empresas que nos hundieron en la penuria. ¡Cómo no van a estar indignados los estudiantes!

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, no entiende a los estudiantes y amenaza con imponer a la fuerza la Ley 30, vehículo de una plutocrática reforma educativa. Ella -dice su biografía oficial- proviene de "el sector financiero y la banca de inversión"; es experta en competitividad empresarial y fue presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, títulos poco alentadores para ejercer un cargo que exige un sustancioso fundamento humanista. ¡Cómo va a entender a los estudiantes!

Educar a niños, jóvenes y profesionales no es como ensamblar carros ni cuadrar el balance contable de fin de año. El que no capte que en la educación se juegan derechos esenciales del ciudadano no podrá ofrecer soluciones sino números. Para la ministra, lamentablemente, el problema es cuestión de "sumas y restas", como bien dice la congresista del Partido Verde Ángela María Robledo.

Lo malo no es que la reforma educativa haya lanzado a los estudiantes a la calle. Eso es lo bueno, según explicaré más adelante. Lo malo es la reforma, su origen ajeno a consensos y la manera como se ha vendido, a través -dicen los profesores de filosofía de la U. del Valle- de "campañas de desinformación que desorientan a la opinión pública, con el propósito de legitimar una propuesta que no recoge los análisis, la discusión y los criterios elaborados por los diversos estamentos de la universidad pública."

Nadie debe extrañarse de que los estudiantes y los defensores del medio ambiente, enardecidos estos por el fantasma de superhoteles en parques nacionales, marchen a la vanguardia de la indignación en Colombia. Desde los tiempos de la independencia, las aulas han sido semillero de protestas, termómetro de males sociales. Los estudiantes ayudaron con su sangre a liquidar la hegemonía conservadora en 1930 y la dictadura de Rojas Pinilla en 1957. Una década más tarde, sus denuncias contra la atonía social del Frente Nacional eran plenamente razonables, pero las ensuciaron y desvirtuaron al acudir a la violencia. Tras una larga pausa, que coincide con la implantación y fracaso del modelo neoliberal en nuestro país, los estudiantes regresan ahora a las avenidas. A diferencia de sus padres, que tiraban piedras y consignas en los años 60 luchando por una sociedad más justa, sus inquietudes se circunscriben por lo pronto al ámbito educativo.

Las protestas han tenido éxito. El Gobierno suavizó la inicial intemperancia de la doctora Campo y ahora tanto el presidente como el ministro del Interior proponen a los estudiantes un diálogo sobre la Ley 30 a cambio de que regresen a clases. Mi modesta opinión es que se trata del segundo triunfo del movimiento (el primero fue mantenerse alejado de la violencia) y que ofrece una oportunidad que vale la pena aprovechar.