Francisco Piedrahita, rector de ICESI, refuta en el Diario Portafolio, la opinión del político Miguel Gómez en favor de las universidades con animo de lucro.

Miguel Gómez Martínez predijo en días pasados que le caerían rayos y centellas por reivindicar la propuesta de las universidades con ánimo de lucro (ver artículo). No. Le caerán argumentos, como los que convencieron al Gobierno y a la Unidad Nacional de que esa era una muy mala idea.

Aquí van, resumidos, algunos.

Los premios nobel Samuelson y Akerlof describieron hace años fallas de mercado como la presencia de bienes públicos y de externalidades positivas y la asimetría de información que hacen ineficiente y dañino el ánimo lucro como asignador de recursos.

Y EE. UU. ha probado, después de décadas de intentos, que regular la ‘industria’ de las universidades con ánimo de lucro es imposible. Los recurrentes escándalos que allá se presentan tuvieron su último episodio el mes pasado con la demanda instaurada por el departamento de Justicia y cuatro grandes Estados de la Unión contra la segunda empresa holding de universidades más grande de ese país ¡por un fraude de US$13.000 millones!

Tilda el columnista a la Unidad Nacional de inútil “para realizar las grandes reformas que el país necesita” por la eliminación del ánimo de lucro de la propuesta de reforma a la Ley 30.

¿Conocerá él algún país donde eso haya tenido impacto transformador positivo?

En EE. UU., donde esas universidades tienen sólo el 10% de la matrícula de la educación terciaria, sus estudiantes reciben casi la cuarta parte de la ayuda financiera del Gobierno, son el 44% de los deudores morosos por su bajísima empleabilidad y tienen tasas de graduación de sólo 25%.

En México, según un estudio de la prestigiosa Wharton de la Universidad de Pennsylvania, se han abierto instituciones de este tipo para “absorción de demanda”, con baja calidad, márgenes de Ebitda entre 25 y 50%, y tasas de retorno de hasta 30%.

En Brasil, según otro estudio, la más evidente característica del periodo 1995-2007 “es la expansión libre y de dudosa calidad del sector privado con ánimo de lucro… 92% del total de instituciones son pequeñas, se dedican sólo a la enseñanza y están orientadas a proveer a sus alumnos de una rápida titulación”; y, después de 15 años con ánimo de lucro legalizado, sólo han llegado al 66% de la cobertura que hoy tiene Colombia.

En Chile, basta leer los informes de prensa recientes para conocer la mezcla de ineficacia y corrupción que permea ese sistema.

Trae a cuento el doctor Gómez la frecuente queja de que ninguna universidad colombiana aparece en los rankings entre las primeras 400 del mundo. ¿Conocerá él alguna con ánimo de lucro, de cualquier país, entre las primeras 400? ¿o las primeras 4.000?

Las universidades con ánimo de lucro ofrecen programas virtuales masivos de muy baja calidad, con mínima inversión en infraestructura y gran esfuerzo de gasto en mercadeo y ventas.

Educación pobre para pobres.

Claro que “el estado actual de la universidad en el país –pública o privada– no es satisfactorio”. Pero legalizar el ánimo de lucro lo habría empeorado. Una educación superior de calidad que impulse el desarrollo del país y dinamice la movilidad social cuesta. Si queremos un sistema universitario de clase mundial necesitamos inversión. Estatal y privada, la primera se aumenta con lo previsto en otros artículos de la reforma propuesta, con aportes para subsidios de Icetex y con el nuevo sistema de regalías; la privada debe venir vía donaciones y convenios para investigación y desarrollo.