Fabio Henao Ocampo, en el Diario del Otún, en Pereira, refiere la posibilidad de que lo que se viene con la reforma hace parte de las medidas que tomará el gobierno ante la llegada del TLC,  esa es la razón fundamental para toda esta oleada de cambios que involucra a la salud, a la educación  y al sector laboral. Nuestras universidades publicas estarían condenadas a volverse más rentables y más competitivas, dice.

Las protestas se han convertido en el pan de cada día en las universidades públicas del país, son miles de estudiantes los que se encuentran perjudicados por la situación de coyuntura actual que tiene en vilo a padres de familia, profesores, empleados  administrativos y a los mismos estudiantes, es tal la situación que en las universidades ya se empezaron a cancelar los contratos de centenares de docentes y de administrativos.

Lo cierto es que estamos en una situación de revueltas estudiantiles en las universidades públicas que se está prendiendo por las cuatro puntas del país como producto de la presentación en sociedad de un proyecto de reforma universitaria que pretende modificar el marco jurídico de la educación superior en Colombia, previsto en la Ley 30 de 1992. Una reforma que en la práctica ya se estaba aplicando porque muchas universidades publicas (como la UTP) que venían ofreciendo programas privados con el propósito de autofinanciar algunos gastos que no alcanzaban con el presupuesto de la nación.

Según las protestas que los estudiantes han publicado en las páginas del Internet y según las declaraciones dadas a la prensa por docentes y por universitarios, esa reforma a la Ley 30 terminará por asfixiar económicamente a las familias porque el proyecto aumenta los valores de las matrículas y desmejora la situación contractual de los profesores.

Pero una cosa muy distinta dice el gobierno  al afirmar que el proyecto está pensado principalmente en los estudiantes y busca generar las condiciones necesarias para que haya una mejor oferta de educación superior. Las declaraciones van y vienen pero no hay nada claro, una cosa dice el gobierno y otra cosa piensa el pueblo.

Lo que si es cierto es que las universidades públicas se encuentran en estos momentos como un paciente en estado de coma y nadie sabe a ciencia cierta qué pasará con este enfermo. Mientras tanto ya empiezan a contabilizarse las víctimas de los fuertes enfrentamientos entre los estudiantes y la fuerza pública, los gases lacrimógenos y las papas bombas reemplazaron los libros, las horas de clases y las posibilidades de un diálogo concertado entre las partes.

A propósito de esta situación se rumora en los tintiaderos de Pereira que todas estas reformas hacen parte del paquete de medidas que tomará el gobierno ante la llegada del TLC,  esa es la razón fundamental para toda esta oleada de cambios que involucra a la salud, a la educación  y al sector laboral. Nuestras universidades publicas estarían condenadas a volverse más rentables y más competitivas.

Es decir que si el TLC se aprueba veremos próximamente las sucursales de las universidades de Yale, Oxford, Harvard, Columbia en Pereira y en todo el país, eso puede pasar y parece lógico si se piensa que el país del norte está en crisis económica. Ya flexibilizaron el tema de la Visa y aprobaron en primer debate el TLC en el congreso americano, como solía decir el finado ex presidente Virgilio Barco, amanecerá  y veremos.

Sean cuales sean las circunstancias, los ciudadanos queremos ver que esta situación se normalice porque las repercusiones sociales y económicas que se derivan de esta inestabilidad en las universidades  publicas terminan perjudicando no solo a las familias de los estudiantes y de los docentes. Esta situación no es buena para el país y menos en los últimos días de una campaña electoral.