"El proyecto lo lanzamos en marzo y le hemos hecho modificaciones muy variadas y de gran alcance... Ha sido un proceso incluyente, franco, democrático y participativo y va a recoger el sentir de la comunidad académica", sostiene la Ministra de Educación, María Fernanda Campo.

En entrevista con el diario El Tiempo afirma que la reforma es necesaria y que con ella le llegarán al sector más de 4,5 billones de pesos en los próximos 3 años y que la inversión privada es necesaria para crecer en calidad y cobertura.

¿Cuál será el principal impacto de la reforma?
Es una reforma integral de la educación superior. Buscamos con ella generar más calidad, condiciones para que los jóvenes accedan y se gradúen, una educación más pertinente y competitiva, que consulte las realidades y necesidades del país a nivel regional, nacional y global e incorporar principios de buen gobierno y rendición de cuentas.

¿Cuántas modificaciones le han hecho al proyecto inicial?
Han sido muy variadas y de gran alcance. Hemos recibido más de 220 documentos, investigaciones y propuestas por escrito, lo que demuestra el gran interés que ha suscitado la reforma. Hemos realizado 16 foros regionales, nos reunimos con los rectores y ellos nos plantearon propuestas concretas, varias de las cuales vamos a incorporar, y este proceso lo vamos a repetir con las instituciones técnicas y tecnológicas públicas, el Sena, los profesores universitarios y los estudiantes.

¿Son válidas las propuestas?
Este proceso de discusión ha sido participativo y útil y ha agregado valor porque en medio de las posiciones encontradas, algunas veces irreconciliables, los aportes de la comunidad académica y del sector productivo han sido importantes. Cada uno ha aportado algo valioso al proyecto y hemos podido ir complementado y mejorando diferentes componentes básicos de la propuesta.

¿Cómo van a blindar el impacto negativo de las instituciones con ánimo de lucro, punto en que se sostienen?
Va a haber un mayor control sobre la fuente de sus recursos (el Minhacienda va a vigilar el origen de los mismos); las autorizaremos para que funcionen de forma temporal por un periodo de 5 años y durante este tiempo las evaluaremos para decidir si renovamos o no su licencia; no van a ser objeto de apoyo financiero por parte del Estado, serán garantes del crédito educativo y no podrán tener más del 10 por ciento total de la matrícula actual.

¿Qué porcentaje de cobertura podrían tener?
Esperamos que lleguen recursos del sector privado por el orden de 1,2 billones de pesos y una parte de ellos será para crear nuevas instituciones con ánimo de lucro. Con la sumatoria de estos recursos y los públicos vamos a lograr el 50 por ciento de cobertura en estos 4 años.

¿Van a haber más reuniones con los rectores?
Vamos a terminar de hacer reuniones con otros sectores y les dije a los rectores que el próximo 14 de julio tendremos un proyecto de articulado completamente elaborado, que se lo vamos a presentar, y que será el proyecto final para presentar al congreso.

¿Qué opina de que los rectores contemplen la idea de presentar su propia propuesta?
Están en su legítimo derecho, que más le podría decir, pero pienso que este proceso ha sido participativo, incluyente, franco y democrático y esta reforma va a recoger el sentir de la comunidad académica, jóvenes estudiantes, del sector privado, de los padres de familia...

¿En cuánto tiempo esperan que se apruebe este proyecto de Ley?
A partir de que se presente al Congreso vamos a hacer un trabajo fuerte explicándoles a los congresistas la propuesta, y escuchando sus recomendaciones, de tal manera que al final de este periodo legislativo el país pueda tener un marco jurídico.

Puntos en común

Estas propuestas, presentadas por la Asociación Colombiana de Universidades, Ascún, y el Sistema Universitario Estatal, SUE, fueron acogidas por el Gobierno:

- Mirar la educación superior como un sistema.
- Se incorporaron muchos de los elementos que definen el alcance de la autonomía universitaria en sus aspectos académicos, de gobierno, económicos y financieros.
- Se incorporó la doble instancia en los procesos de inspección y vigilancia.
- Se acogió la definición del sistema del aseguramiento de la calidad del sector.
- Se amplía discusión sobre internacionalización.
- En la propuesta inicial se establecía la base presupuestal, más IPC y puntos adicionales así: más 1 punto adicional en 2012, 2 puntos en 2013 y 3 puntos en 2014 hasta el 2019. Se aceptó la propuesta de las universidades públicas, que pedían incrementar los recursos en IPC más 3 por ciento desde el 2012 y hasta el 2022.

Fuente: El Tiempo