Análisis de la profesora titula del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, Luz Teresa Gómez de Mantilla, durante el Foro de análisis sobre la propuesta de Ley 30, organizado por El Observatorio de La Universidad Colombiana y el Grupo de Estudios de la Educación Superior, en abril 13 de 2011. La profesora Gómez también hace parte del Grupo Autonomía y Legitimidad en Las Universidades Públicas Latinoamericanas.

“Malos tiempos estos, en los que toca explicar lo obvio”  Grafiti Facultad de Ciencias Humanas. 2005

 I. La calidad que se vuelve cantidad

Las leyes no sólo expresan la sociedad de las que emergen, su condición de referentes, de nomos, de norma, moldean la vida cotidiana en su implementación. Por lo mismo, una nueva Ley de Educación Superior para Colombia, como Política Pública, definirá además de un horizonte de sentido, formas prácticas de ejercer la docencia, caminos y temas para la investigación y habitus en la relación entre las Universidades y la Sociedad.

Preguntarse entonces, por el modelo que subyace en la propuesta que hoy discutimos, es más que una perspectiva retórica,  un deber ético de los académicos y académicas con el país y con las futuras generaciones de bachilleres.

Entrando en materia en la reflexión sobre la propuesta de Reforma a la ley 30 podemos señalar que en todas las sustentaciones al proyecto que se han formulado desde el gobierno, tanto en el articulado en discusión, como en las declaraciones de la Ministra Campo y del Viceministro Botero, aparece como comienzo de la argumentación un principio (comienzo es principio decía Hegel) que enfatiza así la prioridad: En primer lugar, tenemos que garantizar una educación superior de altísima calidad, para competir a nivel mundial[1] y El gran objetivo de la Reforma es la calidad como condición para avanzar en competitividad[2]. De esta manera, Calidad y Competitividad se equiparan y a parecen como concomitantes, como si cada una fuera el adjetivo de la otra.

¿Cuál es entonces, la calidad que se hará efectiva en la implementación de la ley? La de la Eficacia y la eficiencia según queda confirmado en el artículo 4 de la propuesta: La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso[3]. Así, los indicadores son claramente cuantitativos, medidos en costos anuales por estudiante, en número de funcionarios, en salarios de los profesores.

No planteamos que esto sea de suyo inadecuado, un Estado responsable debe planificar; lo que ponemos de presente es que la cualidad con que se acompaña la calidad sea privilegiadamente la competitividad, que trae asociadas otros componentes producto de su lógica, que se reiteran a lo largo del articulado: Rentabilidad, acciones, emprendimiento, productividad, sociedad anónima , dividendo, inversión, utilidad, lucro, negocio. Parafraseando a César Giraldo, diría que es el camino del estudiante al cliente.[4]

Un país como Colombia con 20.000.000 de pobres con 4 millones de desplazados, un país con 31.000.000 de bachilleres que no ingresaron a la educación superior en la última década un país con 6.600.000 hectáreas perdidas para la agricultura, podría colocar a la calidad prioritariamente otras connotaciones: Equidad, solidaridad, derechos, democracia, ciudadanía, sentido de lo público, integración latinoamericana, (es diciente que la integración con nuestros vecinos latinoamericanos que podría reportar importantes avances académicos, no aparece registrada en ninguno de los artículos de la propuesta).

Es entonces compresible, que pretendiendo implementar el primer modelo mencionado, la Extensión universitaria sea concebida como una función subsidiaria, para la consolidación académica y muy importante para la financiación de las IES. La Extensión se menciona una única vez en la propuesta (articulo 69). En la Ley 30, aparece tres veces (artículos 29, 69 y 120). Así la función secundaria para la academia es particularmente significativa para la celebración de contratos de asociación y el mejoramiento del servicio educativo y el desarrollo de proyectos de investigación y proyectos productivos[5] que además insiste la propuesta: las partes estarán obligadas a llevar una contabilidad  separada a la propia del giro ordinario de sus negocios u operaciones en la que se registren los ingresos de los costos y las deducciones correspondientes a cada una de ellas, así como los activos y pasivos que asignen a la ejecución del contrato. Estos contratos se seguirán por el derecho privado agrega el articulo 29[6].

El lenguaje contable, es entonces el nuevo lenguaje de la academia. La lógica empresarial la sustituye en el discurso.

Ahora bien, los contenidos que la Ley 30, (sin ser la mejor y más consistente de las leyes) expresa en sus objetivos, que la educación superior debe tener como horizonte por una postura que podríamos calificar como nacionalista, veamos por ejemplo el capitulo II, artículo 6:

Son objetivos de la Educación Superior:

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país.

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país.

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, en el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución.

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional.

e) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional, y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les permitirán atender adecuadamente sus necesidades.

i) Fomentar y conservar el patrimonio cultural del país.

En un articulo reciente el profesor Víctor Manuel Gómez[7], declaraba a los  y las jóvenes pobres los excluidos de la propuesta de reforma. Yo creo que no son sólo ellos, quien se invisibiliza, es el país y esto queda plasmado en el epistemicidio que en ella se expresa al cercenar la realidad nacional  reduciéndola a créditos, subsidios e intereses o al ánimo de lucro.

Si el actor en la propuesta es el estudiante individual  que asciende en su carrera, compitiendo  con sus pares y no el alumno solidario que conoce la realidad nacional, investiga para ella y se compromete como ciudadano trabajando en equipo. Que hace prácticas en los municipios, protege el medio ambiente, o participa en proyectos de investigación que permitan sacar la producción nacional de su atraso.

Es claro que este país necesita ciencia y tecnología, es indiscutible que tiene que integrarse funcionalmente, con carreteras no deleznables, e infraestructura consistente. [8]

Pero es además indispensable señalar que esa integración funcional, no es suficiente sino va acompañada de una integración ética y simbólica, que considere a los 2.000.000 de niños y niñas desplazados, a los desamparados de los desastres naturales, a las tantas madres de cabeza de familia que ha dejado la guerra de este país, no con el paternalismo que puede provenir de las instituciones de beneficencia, sino con el argumento cualificado de la ciencia que resignifique que es calidad de vida,   que promueva la producción y democratrización del conocimiento, que incida en las políticas públicas  con enfoque diferencial, que construya viviendas dignas y hermosas, o es que también hay que renunciar al derecho estético?

Es claro también que en el articulado propuesto, la cualidad de la educación superior como derecho, queda notificada al igual que la en ley 30 como servicio, pero ahora con consecuencias previsibles, agenas a las lógicas académicas.

Cualidades como calidad,  al ser expresadas cuantitativamente, se transformaran en nuevas cualidades que ahora pueden asignarse sin vergüenza a las instituciones de educación superior: competitivas, financiarizadas y focalizadas.

II. De la extensión a la Integración

El concepto de extensión no es un concepto afortunado, supone que las elites universitarias que tienen el privilegio del saber, extienden su conocimiento para alcanzar e iluminar a los marginados de la ciencia. Así nació el concepto en las universidades inglesas a finales del siglo XIX y así lo recogimos las universidades latinoamericanas.

El cambio en la Ley de educación superior en Colombia es una buena oportunidad para modificar la expresión de una función universitaria que podría denominarse INTEGRACIAÓN para resignificar con este término, la articulación insoslayable de la universidad pública y privada con la nación colombiana.

Este es un sentido recogido ya en varias universidades públicas latinoamericanas, como lo hemos podido confirmar recientemente en la investigación adelantada en la Universidad Nacional de Colombia, sobre Autonomía y Legitimidad de estas instituciones, en un proyecto financiado por Colciencias.

Integración supone que el país tiene que decirle también a la universidad, con su sector productivo, con los otros miembros del sistema educativo, con los Planes de Desarrollo municipales, con los Programas de reinserción, con las Escuelas de música con los Proyectos de desarrollo regional. Es verdad que la Universidad por su carácter debe ir más allá de la mera descripción de la realidad y plantear que se esconde detrás de la inmediatez de los datos o de los noticieros del telediario. Es claro que por vocación  tiene que crear conocimiento y esta es su ontología. Pero no podría hacerlo al margen de su alter  más significativo que es el país.

En la propuesta de Reforma, por ejemplo, en el artículo 137 en el que se propone una Comisión de aseguramiento de la calidad, ¿por que al lado del representante del sector productivo no puede sentarse un representante de la Sociedad Civil? ¿Al igual que en otros Comités propuestos? 

Por fortuna, hay evidencias que la voz nacional no ha sido silenciada completamente por el miedo y que las regiones y los municipios expresan formas nuevas de planeación, y caminos de inclusión social. La universidad tiene que vincularse a ellos, rompiendo el falso dilema entre la extensión solidaria y remunerada. Si la función de integración, como la hemos llamado, es universitaria, debe crear conocimiento y por ende el mero asistencialismo no es su tarea.

Tampoco es oficio de la educación superior el lucro, aunque las cifras de la última década evidencien y que la llamada función de Extensión, reporta a las universidades públicas del país el 27% de sus ingresos, según lo presentado en la prensa,  del domingo pasado[9] sí interpreté bien las gráficas allí expuestas.

Todos y todas sabemos que la extensión se ha convertido en fuente de recursos para las universidades, con la educación continuada, las consultorias y asesorias, los cursos y seminarios, sin que estos hayan reportado de manera evidente un incremento del capital simbólico y académico de las instituciones universitarias.

El recurso al que han recurrido las universidades, tanto las públicas como las privadas para su funcionamiento, es convertir el conocimiento en mercancía, sin guardar en algunas casos los normas mínimas de un decoro profesional (Economistas haciendo programas de nutrición, sociólogos dictando cursos de sistemas, por ejemplo).

La mano ya no invisible del mercado, nos copto a todos y a todas y en la necesidad de la supervivencia institucional, todo es posible y permitido. Tal vez esta postura que podríamos llamar epistemológica sea el preámbulo, para que en la propuesta de reforma se lea siguiente en el artículo 103:

Los presupuestos para funcionamiento e inversión de las instituciones de Educación Superior Públicas, estarán constituidas, por los aportes del presupuesto general de la nación, por aportes de los entes territoriales y por recursos y rentas propias de cada institución.[10]

Esto significa que el cuidado que han tenido por ejemplo, las universidades públicas para la contratación docente con recursos del presupuesto nacional, queda liberada en la propuesta de ley pues de su interpretación puede deducirse que para el funcionamiento institucional podrían emplearse recursos propios, generados muy seguramente por los proyectos de extensión.

Ahora bien, en la reglamentación para el mejoramiento de la calidad, la propuesta insiste en los procesos de acreditación (artículos 75, 76, 77) entre otros. Para nada su menciona en ellos que una condición primigenia de la calidad de una institución de educación superior es precisamente su vínculo con la sociedad que la sustenta, desconociendo de manera paradójica que en la labor actual de los pares evaluadores para la acreditación institucional o de programas académicos, el desarrollo de programas en Extensión es uno de los puntos importantes, tenidos en cuenta para una evaluación positiva y no es simplemente, el cumplimiento de un requisito formal, es que de la extensión depende una connotación especial de la calidad de la formación universitaria, aquella que exige la articulación con la vida nacional.

Cabe señalar también que el articulo 69 de la Reforma, como señalábamos el único que menciona la función, dice que: Las instituciones de educación superior, en el marco de la función de extensión (función que no ha sido definida) podrán desarrollar programas de educación permanente, cursos, seminarios y llevar a cabo proyectos de servicio social, destinados a la difusión de conocimientos, al bienestar general de la comunidad y a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.[11]

Como vemos la postura es claramente extensivista y difusionista. Sin revertir académicamente a la universidad, sin crear conocimiento (función universitaria) y definiendo solamente las modalidades de:

-          Educación permanente
-          Cursos y Seminarios
-          Servicio Social 

Se queda corta la propuesta en su propia lógica. Dónde están las asesorías y consultorías ¿Qué serán la fuente de financiación? ¿Ya no hacen parte de la Extensión las prácticas estudiantiles y las pasantías? ¿Los proyectos de investigación conjunta, con sectores sociales quedan prohibidos, por ejemplo los procesos de formación docente que varias universidades actualmente adelantan? ¿Qué harán las carreras de la salud para prestar los servicios médicos? Los proyectos de creación artística ¿no son importantes para las universidades? ¿Tampoco lo son los proyectos de cooperación internacional en esta época de globalización exacerbada? Podría señalarse que todos ellos quedan subsumidos en el “servicio social”, la “difusión del conocimiento”, “el bienestar de la comunidad” y las “necesidades de la sociedad”, sin embargo, no bastan estas menciones para que la ley haga factible su implementación. ¿Cómo puede reglamentarse el servicio social como prácticas y pasantías? ¿Qué es el bienestar de la comunidad? Así, ¿En abstracto? ¿De cual comunidad hablamos? ¿De la urbana, la rural, la afrodescendiente, la  indígena? ¿Hay alguna jerarquía en las “necesidad de la sociedad”?

Por otro lado, considero que el artículo 81 de la propuesta abre una interesante perspectiva. Este artículo hace referencia al fomento de la educación superior y plantea que estará  orientando entre otros a:

a. Integrar el sistema de educación superior con la sociedad, el sector productivo, la comunidad científica y los demás actores del sector educativo.

b. Crear incentivos para que las instituciones desarrollen y fomenten la técnica, la investigación, la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía y las artes.  

f. Diseñar e implementar programas de apoyo e identificar experiencias significativas tendientes a promover la pertinencia y el aprovechamiento de los recursos Públicos invertidos en el sector.[12]

Decíamos que, una de las tareas de la Universidad es adelantarse en el análisis y en las propuestas para la solución de los problemas nacionales. Ir a la saga resolviendo preguntas puntuales, puede ayudar en cosas individuales, pero el crecimiento y desarrollo de este país, requiere de Programas  estratégicos y de gran alcance que prevean los acontecimientos, que indaguen a profundidad por las causas, que articulen efectivamente las funciones universitarias. Nos preguntamos entonces, ¿Por qué el aliado privilegiado  concitado por  la Propuesta de reforma es el sector privado? ¿Por qué no puede serlo el sector público? ¿Por qué no plantear unos Programas de Iniciativa Universitaria de lucha contra la pobreza, de hábitat saludable, de conservación de recursos naturales, de  protección en salud, de ampliación en la red vial, de articulación internacional en este mundo globalizado?

¿Qué impide las alianzas entre Ministerios, alcaldías, entidades privadas y universidades? Acaso los programas de extensión que se han adelantado ya no dan prueba de muchos proyectos exitosos y de “experiencias significativas”, como el artículo 81 de la Propuesta pide? ¿Qué impide formar estas redes con el capital público, para preservar el capital público?

La investigación que mencionada sobre las Universidades públicas latinoamericanas, en el plano de la Extensión universitaria, señala en la actualidad tres tendencias simultáneas que valdría la pena tener en cuenta en la Reforma:

1. Las universidades se han abierto  a proyectos múltiples de inserción en sociedad. Proyectos productivos tanto con el sector público, como con el sector privado.
2. Las universidades públicas latinoamericanas están conformando Redes nacionales e internacionales con comunidades académicas pares en diferentes campos, una importante forma de integración (extensión) universitaria para proyectos de docencia e investigación.
3. Las universidades públicas latinoamericanas están formulando Programas de Iniciativa Universitaria para solucionar problemas significativos del país, articulados a las prácticas de ciencia y tecnología según podemos verlo en el siguiente cuadro:

ENTIDADES, LEYES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LOS PAÍSES[13]

Insistiríamos para rematar este punto que la reforma de la Ley 30 es una oportunidad para profundizar en el sentido de lo público, para fortalecer el horizonte de ciudadanía, para cualificar la relación entre las funciones universitarias, para reconceptualizar el concepto de extensión y su función de articulación de las universidades y la Nación.  Aspecto de que nada dice el proyecto.

Por otro lado, debería insistirse en la generación de pensamiento nacional propio y la vinculación del conocimiento,  a su más alto nivel, con comunidades latinoamericanas, pensando en las Redes de conocimiento que ya funcionan y como una manera de integrar regionalmente los procesos de apropiación y transformación de las complejas circunstancias que describíamos arriba, que son también comunes a la región.

Nos preguntamos por otro lado, en relación a la creación de Redes ¿qué pasará entonces con el Sistema de  universidades estatales? ¿Queda reducida su función a la competencia por recursos, o podría ser un importante espacio para la generación de políticas públicas?

Si la autonomía se entiende como autoconciencia, los Programas de iniciativa universitaria, serían un camino para implementarla, más si se tiene en cuenta que a la par de la generación de riqueza, con el conocimiento cualificado, tanto la Universidad, como la Sociedad recrean capital cultural, social y simbólico. Así la Extensión entendida como Responsabilidad Social podría superar la connotación empresarial que tiene el término, para concentrarse en Responsabilidad pública.

III. De la cantidad masculina a la comunidad académica

No quiero terminar la interversión sin señalar  brevemente tres aspectos que me parecen preocupantes en la Propuesta de Reforma a la ley 30,

El primero es el desconocimiento que hace la ley de una perspectiva de género, con una postura contraevidente, que muestra el desconocimiento de la presencia femenina en la universidad y su franca mayoría en muchas carreras y posgrados. El articulado propuesto sólo habla de Rectores, profesores, y estudiantes. ¿Dónde están las rectoras, profesoras y las estudiantes? En una época donde el Movimiento social de mujeres ha mostrado con suficientes argumentos la importancia de un lenguaje incluyente, esta debería ser una importante innovación en la Propuesta.

En segundo lugar, ¿donde están las poblaciones tradicionalmente ignoradas, los y las afrodescendientes, los y las indígenas, y los y las discapacitadas? No sería el momento de una discriminación positiva.

En tercer, sobre el Bienestar universitario como calidad debida y calidad de vida, pareciera que fue agregado en el último momento como un “saludo formal a la bandera” en el que interesa sólo monto del 2% del presupuesto que tendrá este fin ¿Dónde quedan las condiciones del bienestar profesoral, ahora que los profesores de cátedra pierden su condición de vínculo laboral estable, según lo propone el artículo 21? Los estudiantes se quejan con razón de ello y de la necesidad de una reflexión adecuada sobre su condición estamental que solo se menciona para el pago diferido a futuro  de su matricula. Igualmente argumentan con razón el desconocimiento de su reflexión en la discusión de la propuesta.

Por ultimo debo señalar que el lenguaje me pareció punitivo, con la insistencia en la sanción, la norma, el control y el seguimiento. Es verdad que el Ministerio debe cumplir una función de seguimiento y vigilancia que debe quedar expreso en la ley,  pero también su función debe ser de estimulo. Me disculpo por lo que voy a decir, pero me pareció más un “código de policía”.

Vistas así las cosas, en general la propuesta es contradictoria en no pocas partes, insuficiente en muchas y dicotómica, en otras tantas. Desconoció los aportes sustantivos que sectores de la comunidad  académica hicimos, a versiones preliminares, por ello puede buscar coherencia legal, pero legítimamente sigue dejando de lado, la Educación Superior como derecho y a los estamentos universitarios como autoconscientes y deliberativos, mostrando desconfianza de su papel  en un proceso que debería para ser consistente, democrático.

No puede olvidarse que una norma además de precisar los aspectos legales,   crea en la realidad Política pública y por lo mismo no podrá eximirse de ser coherente e integral, para permitir la consolidación de Universidad, como una institución con vigencia en una época axial globalizada, de múltiples cambios y crisis. La norma que la reglamenta debe fortalecer los nexos entre la Sociedad Civil y el Estado, como política de largo plazo, que promueva en las universidades su capacidad anticipatoria, a la par que genere en la comunidad académica, espacios de reflexividad sobre su que hacer, más que con un carácter inquisidor, con una postura de autocrítica autoconsciente y de renovación institucional.

Ahora bien, desmembradas como aparecen en la propuesta, de docencia, investigación y extensión, flaco servicio harán al fortalecimiento  de las relaciones entre la academia y la sociedad. No sobra reiterar en esta conclusión, el papel que le compete a las universidades en la integración ética y simbólica de nuestro multidiverso país, en un marco de equidad que exigirá superar el talante individualista de la propuesta.

No cabe duda, de que el reto al que estamos abocados, es el de una profunda Revolución científico técnica, que permita integrar funcionalmente el país, y para ello es menester priorizar los procesos de inclusión  social, como tarea de primer orden, que no puede resolverse dando respuesta a soluciones coyunturales. Esta es tarea conjunta tanto de las Universidades públicas como de las  privadas.

En el fondo de esta propuesta de Reforma a la ley, está un modelo de intelectual y de Universidad, cuyo perfil se parece más y valga la analogía, a una carrera de obstáculos, en la que los participantes van sorteando cada escollo por un único carril, sin establecer con sus pares más que la relación de la competencia y en la que los jueces apostados a lo largo de todo el recorrido van sacando tarjetas amarillas y rojas, para señalar las faltas. El proceso del cambio será tortuoso y no será raro que abortara su objetivo más buscado, el de la calidad. De esta manera puede obtenerse el resultado más evadido en él, los sobrecostos, pues cada institución debe poseer todos los medios y todos los recursos.

Finalmente, señalemos que a las posturas individualistas puede oponerse una Comunidad abstracta e inane. Esta, así concebida será la negación de la Universitas, resultado de la circulación de las diferencias y las contradicciones. Abogamos por colectivos deliberantes que procesen sus contradicciones y que coloquen en su cosmovisión una Universidad integrada a la Nación y a la Comunidad académica internacional, como mínimos compartidos. 

Bibliografía 

• Giraldo, César. Del ciudadano al cliente. Esap, Bogotá, noviembre 2007
• Gómez de Mantilla. Figueroa, Sandra. Proyecto de Investigación Autonomía y Legitimidad de las Universidades Públicas latinoamericanas.  Universidad Nacional de Colombia-COLCIENCIAS. 2011
• Gómez, Víctor Manuel. Los Olvidados de la Reforma de la Ley 30. Universidad Nacional. Abril 4, 2011.
• Propuesta Reforma a la Ley 30.
• Propuesta Reforma Ley 30.

[1]Campo, María Fernanda. El Tiempo, Domingo 3 de abril del 2011

[2] Campo, María Fernanda. Entrevista Yamid Amat. El  Tiempo 13 de Marzo 2011. El subrayado es mío

[3] Propuesta Reforma a la Ley 30. Artículo 4

[4] Giraldo, César. Del ciudadano al cliente. Esap, Bogotá, noviembre 2007

[5] Propuesta Reforma Ley 30. Artículo 10.

[6] Propuesta Reforma Ley 30. Artículo 29.

[7] Gómez, Víctor Manuel. Los Olvidados de la Reforma de la Ley 30. Universidad Nacional. Abril 4, 2011.

[8] Ver Beriain, Josetxo. La integración de las sociedades modernas. Editorial Antrhopos. Barcelona. 1996. 

[9] El Tiempo 10 abril de 2011.

[10] Propuesta de Reforma del artículo 103. El subrayado es mio.

[11] Propuesta de Reforma. Art. 69. El subrayado es mío.

[12] Propuesta de Reforma. Art. 81. El subrayado es mío.

[13] Gómez de Mantilla. Figueroa, Sandra. ALESAL. Universidad Nacional de Colombia. 2011