Rectores de América Latina y el Caribe aceptan que universidad se financie con retornos de egresados

Abril 14/18 Rectores de las IES afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), en asamblea en México, previa a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), aprobaron una declaración que marcaría la tendencia ideológica de la CRES.

Es llamativo que, contra lo acostumbrado, no demandan la educación superior como un derecho que debe derivar en gratuidad universal y hacen propuestas más aterrizadas a la situación actual, tales como asociar los presupuestos de las IES a los retornos de los profesionales.

El siguiente es el texto de la declaración, firmado por Henning Jensen Pennington, presidente de la UDUAL, y el Secretario General, Roberto Escalante Semerena.

Los rectores y representantes de Instituciones de Educación Superior afiliadas a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), que participaron en la VII Asamblea General Extraordinaria, realizada durante los días 5 y 6 de abril de 2018 en el marco de las actividades previas a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2018), aprobaron por unanimidad la siguiente declaratoria y sus propuestas de acción.

La internacionalización de la educación superior en América Latina: transitar de lo exógeno a lo endógeno

La internacionalización de la educación superior es un imperativo para la inscripción de nuestras universidades en la sociedad del conocimiento, toda vez que supone un emplazamiento de capacidades y una atención a necesidades estratégicas de reestructuración organizacional y su desarrollo. Sin embargo, los procesos deben partir de una visión endógena que privilegie los perfiles institucionales de los sistemas educativos, las universidades y los entornos sociales.

La internacionalización no debe responder a un modelo canónico sino convertirse en un proceso sustentable, transversal y socialmente responsable. La movilidad e internacionalización favorecen un mayor y mejor intercambio de saberes y permiten construir redes de colaboración que apuntalan uno de los grandes mandatos de la educación superior a nivel mundial: generar conocimiento que permita la resolución de las necesidades y problemáticas apremiantes de nuestras sociedades.

Es preciso modificar el diseño estratégico de la internacionalización para frenar la “elitización” de la movilidad, ejerciendo su autonomía y responsabilidad institucional, las universidades deben construir colectivos internos, con vinculaciones externas, como grupos piloto de entrenamiento para definir una agenda de internacionalización para la construcción de capacidades pertinentes a los distintos contextos regionales.

Invertir en la internacionalización supone voluntad política y recursos encaminados a una agenda de desarrollo, sostenibilidad, equidad y cooperación, para lograr una movilidad con impacto regional, utilidad propia y con un propósito de descolonización del conocimiento.

Se debe ampliar el perfil de los actores de la movilidad, promoviendo la equidad, la inclusión y la horizontalidad. Ello supone también generar condiciones para una política de unificación conceptual sobre los contenidos curriculares, orientada a reconocer los estudios, títulos, grados y convalidación de créditos. Una política que lo mismo promueva la movilidad que la inclusión de migrantes forzados y refugiados.

Es importante gestionar la movilidad para la investigación en temas de relevancia regional, como el cambio climático y la seguridad alimentaria, que atiendan en una escala local, con capacidades propias para hacer de nuestra región una zona de atracción de movilidad internacional, mediante polos universitarios globales.

Debemos emplazar una internacionalización integral contemplando los niveles de conocimiento, innovación, interculturalidad, convivencia y tolerancia a la diversidad.

Propuestas:

1. Se requiere contar con más y mejores indicadores, modificar los modelos de medición y las condiciones sobre la movilidad e internacionalización.

2. Resulta fundamental aumentar el impacto de la movilidad y lograr que no sea sólo para las élites, estableciendo mecanismos para evaluar el impacto de las acciones y programas de cooperación e internacionalización;

3. Es preciso reconocer la identidad de las IES, para que la internacionalización sea transversal y sustentable;

4. Es impostergable hacer una internacionalización que sea innovadora y aglutinadora, no atomizadora;

5. Se demanda que la internacionalización sea socialmente responsable;

6. Se requiere procurar apoyos estratégicos, pertinentes a regiones y las distintas tradiciones;

7. Urge crear programas especiales para estudiantes refugiados, tanto en el pregrado como en el posgrado, atendiendo el reconocimiento de estudios y títulos;

8. Es oportuno realizar dos grandes investigaciones, con la activa participación de universidades de la región, en temas de seguridad alimentaria y cambio climático.

Educación superior, ciencia, tecnología y Agenda 2030

La educación, en particular la superior, ha sido reconocida como generadora y transmisora del conocimiento, además de un instrumento excepcional para el desarrollo sostenido de las naciones. En América Latina y el Caribe, las universidades concentran una buena parte de las capacidades de investigación científica y tecnológica.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por las Naciones Unidas en 2015, es la respuesta generalizada para combatir la gravedad de la situación mundial, en la que se hacen evidentes los efectos del cambio climático, los problemas de la economía mundial y los crecientes problemas sociales como el hambre, la pobreza, la desigualdad y las amenazas a la paz. Es por ello, que la CRES 2018 seleccionó como uno de los ejes de discusión el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo sostenible.

Los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación que se concentran en buena parte en las instituciones de educación superior son fundamentales en el avance hacia el desarrollo sostenible. Esto sugiere que las universidades deben ser un actor clave que, transformándose a sí mismas, interactuando con los restantes actores sociales e influyendo en las políticas públicas, aporten a combatir las desigualdades, a mejorar el medio ambiente y a avanzar en la tarea de superar el subdesarrollo. El desafío que tienen las universidades empieza por analizar el contenido de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para así, generar respuestas adecuadas y coherentes que los vinculen al desarrollo sostenible.

Se trata de desafíos interrelacionados: por un lado, el cambio en el modelo de desarrollo, y por otro, la formulación de políticas de conocimiento, ciencia y tecnología que sean coherentes con el estilo de desarrollo que privilegie la equidad. Como vía para lograrlo es necesaria la transformación del modelo de universidad y de los procesos de producción social de conocimientos.

Debemos proponernos una tercera revolución académica, en la cual el compromiso con el desarrollo sustentable e incluyente sea la meta principal. En esta dirección, se propone que las actividades de CTI de las universidades se orienten a potenciar el desarrollo social, sostenible e incluyente.

La construcción de políticas universitarias, cuyo foco central sea el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, requiere la renovación del enfoque mismo de la educación superior y de las perspectivas conceptuales en que descansan sus estrategias de formación, investigación, innovación y vinculación. El punto de partida es la colocación del “desarrollo sostenible” en el foco de las estrategias universitarias.

Por otra parte, será necesario un sistema científico que asuma el concepto de responsabilidad, entendida como un compromiso colectivo sobre las opciones tecnológicas que hace una sociedad. Junto al conocimiento científico, será preciso reconocer la relevancia del conocimiento local empírico, el saber tradicional y el incorporado en tecnología, entre otros.

El camino más viable para el encuentro entre universidad y sociedad es la vinculación directa entre aquellas y los espacios territoriales en los que se desenvuelven. La dimensión local es relevante para las estrategias de desarrollo sostenible, ya que tiene alta significación para los procesos de construcción del conocimiento. Las universidades pueden contribuir a incentivar la proyección local del conocimiento y la innovación, ampliando su capacidad de fomentar el bienestar humano en los territorios.

Propuestas:

1. Es necesario repensar la educación superior y reflexionar colectivamente en torno a los grandes desafíos del contexto actual, enfatizando el papel de la educación superior socialmente relevante, pertinente, comprometida, como actor del desarrollo;

2. Resulta relevante instrumentar programas que incentiven la formación socio humanista, los valores éticos, la visión holística y compleja de la realidad, la educación ambiental, la compresión de la naturaleza social de la ciencia, la tecnología y la innovación;

3. Conviene impulsar nuevas formas de producción social de conocimientos y nuevas agendas de formación, investigación e innovación que conecten mejor conocimiento, necesidades humanas y agenda desarrollo sostenible;

4. Es pertinente trabajar con nuestras capacidades generadoras de soluciones con el mercado y no para el mercado, donde la economía del conocimiento considere que el agua, la energía y la seguridad alimentaria son temas de carácter global, con pertinencia local y regional para alcanzar la equidad;

5. Necesitamos universidades que formen profesionales de clase mundial, en sus países, con pertinencia local y regional;

6. Resulta ineludible la dimensión local para las estrategias del desarrollo sostenible, con amplia significación para los procesos de construcción del conocimiento;

7. Es crucial que la ciencia y la tecnología constituyan recursos para la inclusión social en los órdenes territorial y de gobierno, ya que son coadyuvantes de la equidad distributiva y responsables con el desarrollo personal y comunitario de los ciudadanos y el respeto al medio ambiente.

Educación Superior y la Identidad Cultural en AL y el Caribe

Las grandes brechas de acceso a la educación superior de los pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen rezagos de la agenda social de inclusión. Asimismo, se mantiene la persistencia de los problemas estructurales en los modelos educativos actuales que llevan a un desarraigo de la identidad cultural, lingüística y territorial de la población.

Hoy existe un clamor por mayor igualdad de oportunidades y de derechos. Los sectores sociales, secularmente marginados, requieren avanzar en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales. Se trata de garantizar el acceso efectivo y pleno a la educación, la salud, el empleo, la seguridad social y, en general, lograr que el marco normativo establezca la igualdad de derechos como una realidad.

En este sentido, la educación juega un papel de la mayor importancia para facilitar la inclusión social y reducir las brechas de desigualdad.

Propuestas:

1. Retomar de la Declaración final de la Conferencia Regional de la Educación Superior (CRES, 2008), el acápite A-2 artículo que hace referencia a la multietnicidad de nuestros países: “Nuestra región es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como nuestra principal riqueza.”

Y el acápite C-3 que plantea: “Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector.”

2. Es preciso que la interculturalidad, la perspectiva de género y la participación real y efectiva sean principios y ejes transversales de la Declaración final CRES 2018;

3. Es relevante construir indicadores, en coordinación con las organizaciones de los pueblos y de las universidades, para implicarlos en el proceso de evaluación y acreditación de la calidad educativa en correspondencia a la pertinencia y significación del conocimiento intercultural;

4. Debe garantizarse el cumplimiento de los derechos colectivos de tercera generación en universidades con población indígena y afrodescendiente, prioritariamente el de consulta previa e informada, lingüísticos y el de una educación culturalmente pertinente;

5. Las universidades deben comprometerse con la construcción de conocimiento plural, reconociendo los aportes de los saberes de los pueblos originarios, favoreciendo además que sean ellos mismos partícipes y beneficiarios de sus resultados;

6. Las universidades deben garantizar el aprendizaje, uso y estudio de las lenguas originarias y extranjeras en equidad de condiciones;

7. Los rectores de las universidades indígenas o interculturales deben contar con instrumentos para asegurar y garantizar la participación efectiva de en los espacios de dialogo, análisis, gestión y acceso a financiamiento de la ES.

La autonomía hacia el centenario de la Reforma Universitaria

La Reforma universitaria de 1918, en una perspectiva contemporánea, constituyó una batalla cultural, con un sentido emancipatorio, que se inscribió en un momento de revolución social y fraternidad latinoamericana.

Hoy, la autonomía universitaria obedece a una concepción no defensiva sino afirmativa de derechos sociales, valores universitarios y prácticas democráticas de gestión y gobierno. La Reforma, como vocación, aspira a hacerse presente en su exogeneidad en una agenda social, donde los derechos a la educación impliquen cualidades de equidad que abarquen la educación, la afirmación de identidades, la igualdad de género, la interculturalidad y el más pleno respeto a la libertad y pluralidad.

La autonomía, como responsabilidad social, no solo implica a la educación pública sino también a la privada, dotada de un sentido ético explícitamente comprometido con sus sociedades. La autonomía debe equipararse con el deber de la educación para la libertad, con una vocación humanista, atendiendo a un sentido de justicia y equidad social.

La autonomía enfrenta obstáculos y amenazas que no deben desvirtuar su naturaleza: la restricción del financiamiento público, la mercantilización del conocimiento, la oclusión de opiniones críticas, el deterioro de las condiciones de enseñanza e investigación, los estándares de validación del conocimiento y las prácticas normalizadoras que tienden a desvincular a la universidad de su entorno social.

En esta nueva "hora latinoamericana", la autonomía se inscribe en una preservación del derecho a la educación, a la igualdad, a los derechos humanos, a la libertad de pensamiento y a la descolonización de los valores y prácticas de apropiación del conocimiento. Defendemos una autonomía que implica a las universidades en su capacidad de gestión, gobierno y libertades, pero también en su compromiso y su naturaleza de instrumentos de equidad y justicia social.

La autonomía, ejercida por universidades públicas tanto como privadas, se opone a la gestión empresarial de la educación y el conocimiento, reivindica la vinculación con la agenda social de derechos y la solución de los problemas de nuestra región. Una nueva época para la autonomía está por construirse desde nuestros sistemas plurales de educación superior.

Propuestas:

1. Ejercer la autonomía para formar los profesionales que la sociedad necesita, con competencia profesional y ética;

2. Ejercer la autonomía en el escrutinio de políticas públicas y orientarlas a la atención de los problemas urgentes de la sociedad y a los sectores excluidos;

3. Ejercer la autonomía para educar y vencer las resistencias al cambio, promoviendo la libertad de pensamiento y estimulando la innovación social para la equidad;

4. Ejercer la autonomía como batalla cultural por los valores de tolerancia, pluralidad, solidaridad y justicia;

5. Ejercer la autonomía para preservar los valores universitarios en la enseñanza, producción científica y su vinculación con nuestras sociedades, por encima de la validación de modelos estandarizados;

6. Ejercer la autonomía frente a criterios de evaluación de los sistemas clasificatorios (rankings), que orientan la inversión y deciden la agenda de investigación;

7. Ejercer la autonomía defendiendo el presupuesto para la educación pública y promover el gasto privado a favor de una matrícula social universitaria.

Dinamizar la cooperación entre los actores del ecosistema regional de Ciencia, tecnología e Innovación en América Latina y el Caribe

La necesidad de desarrollar un programa estratégico de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+i) de largo plazo merece estar basado en alianzas público-privadas regionales que den respuesta, tanto a los problemas de inclusión y sustentabilidad, como a los requerimientos de la sociedad digital.

No hay una relación lineal entre el legado de excelencia académica con el desarrollo económico y social. La baja capacidad de absorción de la economía para las actividades de CT+i se deriva de los modelos de crecimiento seguidos, lo cual nos plantea la necesidad de poner en la discusión el cambio de estrategia y repensar desde las universidades un nuevo modo de abordar los temas de CT+i.

Por otro lado, la CT+i debe responder a la inclusión y la sustentabilidad, tomando como eje los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En una Sociedad con cambios tecnológicos muy rápidos, las universidades de América Latina y el Caribe deben contar con una estrategia de largo plazo que permita inscribirse en esta dinámica global de cambios.

Propuestas:

1. Presentar este tema a la CRES como un espacio de diálogo, dejando de mirar hacia adentro y ver el contexto. Por lo tanto, hay que incluir en el diálogo a todos los actores, particularmente a los gobiernos y las empresas;

2. Incluir en este diálogo diversos aspectos relacionados con el reto de la sociedad digital. Educación y movilidad social: ¿Vínculo roto? En América Latina y el Caribe, la relación entre desarrollo, democracia y educación superior es compleja, tanto porque está cruzada por tendencias nacionales y regionales de avances y retrocesos, como por la heterogeneidad y las desigualdades que caracterizan a las sociedades de la región.

A 100 años de la Reforma de Córdoba ¿Cuál es el papel de las universidades públicas en el nuevo reclamo de inclusión y cohesión social? ¿Cómo renovar el vínculo entre educación superior, economía, sociedad y Estado? ¿Cuáles son las políticas que habrá que implementar en el futuro para lograr una universidad democrática, sin sacrificar el rigor y la búsqueda de la excelencia académica e intelectual? ¿Qué acuerdos son necesarios para que las universidades contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de sus pobladores y propicien sociedades plurales y democráticas y por tanto más igualitarias?

Propuestas:

1. Proponer un nuevo proyecto que privilegie y concrete el compromiso social, el talento innovador y la creatividad como vectores de los compromisos de las universidades con sus Estados y sus comunidades;

2. Crear un ethos orientado a modelar la razón autónoma, entendida como la responsabilidad de deliberar, argumentar y justificar sus puntos de vista;

3. Buscar una nueva visión que incluya las mutaciones estructurales vividas en la región, lo que supone construir la voluntad colectiva de cambiar las reglas de los juegos corporativos, pues la educación no puede ser considerada una mercancía, ni estar a merced del intercambio político y del poder;

4. Asumir las conexiones entre desarrollo social y desarrollo económico, entre ciencia, tecnología y sociedad, con el objetivo de que la universidad aplique los conocimientos de manera integral e interdisciplinar para responder a los problemas y buscar soluciones a la agenda social;

5. Re-imaginar a las universidades en América Latina y el Caribe implica re-orientar el desarrollo con nuevas bases institucionales, financieras, de recursos humanos y con el apoyo del Estado, del sector privado y de la comunidad completa, para hacer valer y poner en marcha la sociedad del conocimiento;

6. Construir espacios horizontales, orientados al mejoramiento académico de todos los estudiantes, de manera que se empareje el horizonte de oportunidades, entendiendo que para que haya movilidad social no es suficiente realizar estudios superiores;

7. Exigir al Estado y a los sectores productivos que cumplan con su responsabilidad económica de promover el crecimiento con empleo, para que los egresados puedan ubicarse en tareas acordes con su nivel de formación.

La problemática del financiamiento de la educación superior en América Latina

La falta de financiamiento oportuno y suficiente, para que la educación superior avance hacia nuevos derroteros, académicos y científicos, es uno de los problemas centrales de las universidades latinoamericanas, particularmente de las de carácter público. También de universidades particulares en aquellos países donde reciben subsidios directos o indirectos de la administración pública.

Así, la política de financiamiento a la educación superior es una política central, crucial, porque de ella dependen otras políticas, programas y acciones de los gobiernos para el logro de la equidad y la calidad educativa.

En América Latina, la educación superior fue financiada, en su primer ciclo, por el Estado. Pero en un corto tiempo, los sistemas se volvieron mixtos, con una presencia importante de capital privado. Esta modalidad mixta permitió equilibrar la oferta y la demanda de servicios educativos, ante la insuficiencia de recursos económicos de los gobiernos. La educación particular fue estimulada, entonces, para crecer y absorber una porción de la demanda.

Los sistemas se han expandido por el crecimiento en el número de instituciones, de programas profesionales, y por la atención dada a una demanda estimulada por el cambio demográfico. Sin embargo, el aumento de la demanda ha llegado a tal grado que los gobiernos han tenido más limitaciones financieras para hacerle frente. Además, el gasto en educación superior entró en competencia con otros rubros del gasto público en materia social.

Una de las formas de satisfacer la demanda ha consistido en diversificar el sistema. En la parte pública, además de universidades, se crearon institutos tecnológicos de varios tipos orientados localmente a las necesidades del mercado laboral. En el sector privado, se han consolidado las instituciones religiosas de elite, universidades privadas con subsidio público y universidades que se han dedicado a atender la demanda de clases medias que no pueden pagar cuotas más caras.

Hoy, en América Latina, el sistema de sostenimiento es mixto: proviene de fuentes gubernamentales y de los ingresos de las familias. En este régimen, el Estado ha tenido que impulsar, con las autoridades universitarias, el pago de cuotas de los estudiantes por el servicio público, que son bastante más baratas que las que cobran las universidades particulares. En otros casos, las universidades privadas han ofrecido becas para estudiantes provenientes de familias con escasos recursos.

La problemática consiste en que las finanzas públicas se han contraído, y las cuotas en el sector privado se han elevado, particularmente en las universidades de elite. En virtud de lo regresivo del ingreso de las familias, a un sector de la clase media le resultará demasiado difícil mandar a sus hijos a la educación privada. En suma, el financiamiento a la educación superior ha llegado a un fin de ciclo, en el que será difícil seguir con el patrón de financiamiento actual. Sin embargo, la política financiera para la educación superior se desarrolla de cara a las necesidades y prioridades de las naciones, en el marco de legislaciones que ordenan la organización y funcionamiento de los sistemas educativos, conforme a la orientación del gobierno y el poder público. Así, su aplicación exige tener en cuenta el contexto específico de cada país. No hay caminos únicos.

Propuestas:

1. Resulta pertinente asociar los presupuestos de las instituciones a los retornos de los profesionales, mediante la creación de fondos financieros alimentados por los impuestos a la renta de los profesionales. Se sugiere una política fiscal que iguale las tasas de retorno profesional;

2. Es conveniente establecer salarios mínimos profesionales para que la sobreoferta de profesionales no deprima el salario y desestimule la realización y terminación de estudios;

3. Debe procurarse que el establecimiento de metas de cobertura consideren el respaldo financiero, suficiente y oportuno, para las instituciones públicas. Particularmente, en aquellos países donde dicho sector sea en el que recaigan futuras expansiones de la matrícula;

4. Se requiere el impulso a políticas públicas de certificación de la calidad de los estudios en el sector privado;

5. Debe plantearse la necesidad de que los gobiernos hagan explícita su política financiera para que las universidades puedan orientar y distribuir sus presupuestos y que los subsidios otorgados sean plurianuales.

6. Es necesario revisar, racionalizar y hacer más eficiente el gasto de las instituciones;

7. Es necesario impulsar la renovación de la planta académica asociada a programas de jubilación digna;

8. Propugnar por políticas financieras que consideren apoyos para evitar discriminación social en el acceso al nivel superior, así como integrar un paquete que apoye a las instituciones públicas que se localizan en las entidades federativas rezagadas económicamente;

9. Impulsar el apoyo económico a los proyectos de investigación que se realicen en las universidades con fines de desarrollo local.

10. Desarrollar acciones que comuniquen a la sociedad la importancia de elevar el acceso a la universidad y mejorar las instituciones educativas. Sensibilizar a la sociedad sobre su costo económico, fomentar la cooperación para financiar este nivel educativo y dar a conocer las ganancias que brinda la educación superior para el bienestar social.

Experiencias y desafíos de la educación superior en línea

Las directrices y líneas a reflexionar sobre este tema, son tres: el desarrollo de la educación en línea en América Latina y el Caribe durante la última década; la situación actual de las instituciones participantes con relación al ámbito global y las últimas tendencias, y; en tercer lugar, el diálogo sobre la visión a futuro de la educación en línea y los desafíos que debe superar.

Es un hecho que seguimos enfrentando retos importantes para la educación en línea y que los planteamientos de la CRES 2008 siguen siendo referentes.

Se requiere preservar los elementos de una universidad latinoamericana adecuada a la región, a cada país. Por lo tanto, la educación en esta modalidad deberá estar apegada a nuestras realidades culturales. Cada país es diferente, como lo son sus diversos grupos poblacionales, por ello deberá tenerse en cuenta esta diversidad.

La educación superior es un bien público y un derecho humano, sin embargo, la modalidad escolarizada enfrenta serios desafíos de cobertura, de permanencia y de terminación oportuna. Las condiciones económicas y el acceso a las condiciones materiales mínimas de los estudiantes, que les permitan los adecuados logros educativos, son el factor clave del desempeño académico. En este sentido, la modalidad en línea facilita que esta aspiración se convierta en una realidad en la medida en que permite una mayor cobertura territorial e inclusión social.

Propuestas:

1. Para el pleno aprovechamiento de las nuevas tecnologías en la educación, se necesitan nuevos perfiles como productores, guionistas, técnicos y especialistas en educación en línea, así como una formación docente constante. En consecuencia, se propone que la Escuela de Altos Estudios de la Comunicación Educativa (ESAE-ILCE) como un espacio institucional abierto donde se desarrollen nuevos programas en esta modalidad, en favor de la educación regional;

2. Es preciso trabajar en redes para mejorar la educación en línea, mixta y presencial;

3. Proponemos crear una Red Universitaria de Aprendizaje, a través de un software libre, que implique a las IES de la región en un esfuerzo común y accesible para ampliar la cobertura y diversificar las estrategias de educación superior en línea;

4. Desarrollar una plataforma tecnológica utilizando los recursos educativos de aprendizaje asociados a los planes de estudios por tema;

5. Fomentar la colaboración entre universidades, docentes y autores, así como el trabajo en redes colaborativas;

6. Proponemos la creación de un tejido colaborativo para América Latina a través de una Red de RUA;

7. Es preciso definir una articulación al interior de nuestras IES, con énfasis hacia el exterior en proyectos como el Espacio Común de Educación Superior en Línea (ECESELI), para alcanzar acuerdos en común, objetivos conjuntos, temas relevantes para la sociedad latinoamericana y redes de investigación.

El arte como categoría de conocimiento

La cultura puede considerarse como un bien común que representa las capacidades de diversos actores sociales, y que en ella están implicados los manifiestos identitarios de los diversos grupos de la sociedad. De aquí la proclamación del acceso a la cultura y a la manifestación de la propia como un derecho irrefutable. La cultura no puede ser impuesta, ni existe una única cultura sino modos distintos de retroalimentarla y enriquecerla en su conjunto, por tanto, sin límites, bordes o fronteras.

Esto implica reconocer la libertad del individuo, para que haga uso de la propia forma de interpretar y apropiarse de lo que le es y significa la cultura; Lo cual no excluye que haya formas de organización y gestión para proponer diversas convenciones que incluyen el cómo abordar, estudiar, reflexionar e incrementar los valores de las distintas diversidades culturales generadas a través de quienes se identifican de entre sí, como grupos motivadores de distintos modos de entenderla y observarla.

Por consiguiente se propone reconocer de manera conjunta que el arte, es y produce conocimiento, y que por tanto debe der ser visibilizado como una categoría de conocimiento para desarrollarse a través de la generación, estudio, análisis, integración, colaboración y transmisión del mismo para, a partir de la organización de todo ello, emanar los valores, acciones y políticas para su desarrollo en lo global de las agendas ciudadanas, partiendo inicialmente del principio señalado con anterioridad, que subraya de manera tácita que “nadie se arrogue el derecho a suplantar o exterminar una cultura apelando a criterios de supremacía, excelencia o universalidad” y que como comunidad académica, nos impliquemos en proponer que paritariamente a los objetos de los ODS, la cultura y las ciencias; el arte sea un objeto de estudio, atención, inversión y desarrollo, sin dejar a un lado la identidad de cada cultura, y que por consiguiente puede ser a la vez incluido desde las perspectivas que objetan los estudios decoloniales para fortalecer la visibilización de las características y rasgos de la práctica artística del arte latinoamericano y caribeño, así como para atender las propuesta de más de cuarenta años de generar una historia del arte desde las regiones locales y globales a través de las universidades que contengan a las artes como unidades académicas, y que a su vez, estas signifiquen una posibilidad de propuesta y oferta de estudio a comunidades extra latinoamericanas y caribeñas.

Propuestas:

1. Generar un programa interinstitucional de creación-producción artística universitaria, desarrollo social y ciudadanía;

2. Considerar al arte y cultura como derecho fundamental, y formación transversal universitaria;

3. Impulsar la movilidad de proyectos de arte y educación en instituciones de educación superior;

4. Promover que las becas PAME de la UDUAL tengan un apartado para las ARTES vinculadas a través de la Red de Integración Académica de las Artes (RIAA), para promover estancias de colaboración y vinculación en contextos locales sobre investigación-producción, creación y de estudios e intervenciones educativas en artes.