Nuevas realidades del sistema de educación superior demandan revisar el CESU

Feb 11/18 El Consejo Nacional de Educación Superior CESU fue creado por la Ley 30 "como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación, con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría". Está constituido por representantes de sectores claves del sistema de educación superior y por allí pasan proyectos claves, aprobación de personerías jurídicas, sanciones a IES y elección de consejeros del CNA, entre otros.

Cuando el Ministerio quiere, lo invisibiliza y desconoce en asuntos cruciales, algunos consejeros brillan por su silencio y desatención a sus representados y la forma de operar y constitución debe responder a la actualidad de la educación superior.

El mayor momento de protagonismo y visibilidad del CESU fue cuando, en 2014, trabajó con la mayoría del sector el "Acuerdo por lo Superior 2034", recibido formalmente por el presidente Santos, y archivado días después cuando llegó al ministerio Gina Parody.

De ahí en adelante, el CESU se opacó. Ha pasado agachado en debates cruciales como los del Plan Nacional de Desarrollo, el SNET, la acreditación obligatoria de las licenciaturas, Ser Pilo Paga, la situación crítica de algunas universidades privadas, la desfinanciación de la educación superior pública y la ausencia de debate sobre los propios lineamientos por este organismo aprobados en el Acuerdo por lo Superior, entre otros muchos temas.

Por Ley, el CESU está compuesto por:

a) El Ministro de Educación Nacional, quien lo preside, aunque casi nunca va, y lo representa -actualmente- la viceministra de Educación Superior, un puesto cuyo liderazgo y reconocimiento se ha ido borrando para el sector con los últimos que han estado en el cargo.
 
b) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. Que nunca va, y envía a algún funcionario de tercer nivel, que poco o nada sabe de lo que pasa en el sector.
 
c) El Rector de la Universidad Nacional de Colombia. Con asiento permanente, y que habla más por su institución que por la educación superior pública.
 
d) El Director del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales "Francisco José de Caldas", Colciencias. Cuando va, porque generalmente manda un delegado. Téngase en cuenta que cuando se aprobó la Ley 30, Colciencias dependía de Planeación Nacional, hoy es un departamento administrativo de la Presidencia, aunque parezca otro viceministerio de Educación. Téngase en cuenta, igualmente, que el CESU no aborda ninguno de los temas relacionados con temas como regalías para ciencia y tecnología, Colombia Científica y medición de grupos de investigación, entre otros.
 
e) Un Rector de la universidad estatal u oficial. Actualmente es el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, que busca su re-elección, pero que en el tiempo que ha estado en el CESU no se le ha escuchado -como consejero- posición alguna pública de defensa de su sector ni articulación o liderazgo del SUE, que debería ser su mano derecha en la posición a defender.
 
f) Dos Rectores de universidades privadas. Actualmente (y desde hace varios periodos) está José Consuegra, rector de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla -acreditada institucionalmente- hace pocos meses, y el padre Jorge Humberto Peláez, de la también acreditada Universidad Javeriana, de Bogotá, y quien le ganó la elección al hoy polémico Ramses Vargas, rector de la U. Autónoma del Caribe. Rectores de algunas universidades privadas consultados por El Observatorio señalan que no se ven representados por estos candidatos, que generalmente actúan por intereses propios y no de sector.
 
g) Un Rector de universidad de economía solidaria. En el país solo hay una universidad de economía solidaria, y es la Universidad Cooperativa de Colombia, hoy dirigida por Maritza Rondón. Gina Parody y Natalia Ariza tuvieron entre ojos a esta Universidad y, arbitrariamente, le prohibieron regresar al CESU, hasta que el propio gobierno nacional, con la actual administración, reconoció que ese es un derecho ganado por esa Universidad en la Ley 30. Otra cosa es que se decida replantear la Ley 30, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la práctica, el esquema de esta Universidad es similar al de una universidad privada.
 
h) Un Rector de una institución universitaria o escuela tecnológica, estatal u oficial. Por las instituciones universitarias actúa, desde hace ya varios años, Lorenzo Portocarrero Sierra, rector del acreditado institucionalmente Tecnológico de Antioquia, que es de los pocos insistentes en su discurso en defensa de la financiación del Estado hacia las IES públicas que no son universidades, que claramente sufren una inequitativa distribución de recursos. Es de los que más representa los intereses del sector que lo elige.
 
i) Un Rector de institución técnica profesional estatal u oficial. Es, desde hace dos periodos, Germán Colonia Alcalde, rector del Intep, en Roldanillo - Valle. Enfrenta, en el CESU, la poca atención de las universidades hacia la educación técnica, y aunque el sector lo ha elegido tampoco le reconoce como líder para defender sus intereses.
 
j) Dos representantes del sector productivo. Que son abogados, no empresarios: Luis Fernando Andrade y José Fernando Zarta, también re-elegidos- por un sector que, para algunos, ni siquiera tiene claro que participa en el CESU o cómo.
 
k) Un representante de la comunidad académica de universidad estatal u oficial. Es el profesor de la Universidad del Magdalena, Oscar García, elegido tras la renuncia del profesor de Univalle, Pedro Prieto, en rechazo por la manera como el Ministerio manejó el tema del SNET. García es poco identificado y reconocido en el sector, por lo que algunos preguntan a qué se refiere el amplio concepto de "comunidades académicas".
 
l) Un profesor universitario. El mes pasado se posesionó para su segundo periodo en el CESU el profesor de la Universidad Industrial de Santander, Luis Orlando Aguirre, quien es uno de los más activos participantes del Consejo, no solo por su permanente presencia, sino porque es -ahora- el único que se preocupa por mantener informado al sector, no solo al profesorado (él no se identifica con una posición política radical contestataria, como pasa en algunos casos con asociaciones como Aspu) sino a todos los actores claves, y gestionar temas claves de política pública que afectan la educación superior y no solo a los profesores. Vale recordar, por ejemplo, que fue un apoyo clave para la univesidad pública, en las gestiones que se hicieron en el Congreso para evitar que estas perdieran los beneficios de ley para contratar directamente con el Estado.
 
m) Un estudiante de los últimos años de universidad. Actualmente es Alex Flórez, de la privada Universidad de Medellín, y quien reitera la posición acostumbrada de esta estamento: gratuidad, calidad y cobertura, pero sin el respaldo y liderazgo de los líderes estudiantiles de las universidades públicas y, al mismo tiempo, como una muestra del momento opaco que vive el movimiento estudiantil colombiano.
 
n) Finalmente, por ley debe participar el Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), con voz pero sin voto. También recuérdese que, en 1992, el ICFES actuaba como hoy lo hace el viceministerio de Educación Superior, pero que actualmente no tiene incidencia directa sobre las políticas de la universidad colombiana.
 
También participa Dionisio Vélez White, rector de la privada Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo, desde hace varios periodos -casi no tiene competencia-, en representación de las instituciones tecnológicas oficiales o privadas.
 
A veces, porque no está en la Ley participa como invitado el Icetex. Y a veces se invita a alguien de Conaces.
 
Un escenario diferente
 
En 1992 la acreditación hasta ahora nacía, la cobertura era rodeaba el 10% y por consiguiente el número de programas era inferior, el Icetex no tenía el peso de hoy, la regionalización no se debatía, el viceministerio de Educación Superior no existía, y aún no se divisaba un mundo interconectado como hoy, en donde la visibilidad de la educación superior y su producción fueran casi obligatorias, y el concepto de educación terciaria (por ahora "apagado" mientras termina este gobierno, pero que revivirá en cualquier otro) no se tenía en cuenta, pues la educación para el trabajo y el desarrollo humano se menospreciaba.
 
Por ello, el CESU, bien sea por iniciativa propia o por una reforma al capítulo que lo crea en la Ley 30 de 1992, debería replantearse y re-estructurarse en fondo y forma.
 
Las elecciones de consejeros deberían ser más públicas y sus sesiones igualmente deberían ser transmitidas, así como las elecciones de consejeros del CNA que hace, entre otras; sus actas igualmente y debe asegurarse que las decisiones sean conocidas a tiempo por todo el sistema.
 
Podría replantearse su dependencia del Ministerio de Educación Nacional y darle más autonomía, para evitar precisamente que el Ministerio (mismo que influye en decisiones, maneja la mayoría y hasta paga los viáticos a los consejeros) sea juez y parte en los debates.
 
Y debe revisarse su composición.
 
- Porque es incomprensible que el mayor número de tipología de IES que hay en el país, 100, correspondientes a las instituciones universitarias privadas, no tengan un consejero en el CESU.
 
- Porque el sector productivo debería tener un protagonismo más marcado, conceptual y operativamente, en el Consejo.
 
- Porque la nueva realidad demanda revisar el derecho de las IES no acreditadas a participar de las decisiones del sector (obsérvese que la mayoría de las actuales son acreditadas), así como una necesaria participación formal de IES de regiones apartadas y no grandes departamentos o capitales.
 
- Porque, a diferencia de 1992, los gobiernos locales y departamentales han comenzado a tener un importante protagonismo en la financiación de la educación superior, y deberían tener un asiento en el nuevo CESU.
 
- Porque el Icfes ya no es decisivo en el CESU, pero el Icetex sí. Al igual que el SUE.
 
- Porque podrían considerarse las asociaciones nacionales o regionales de IES, como por ejemplo ASCUN, ACIET, Red TTU, Asiesca..... ¿Y por qué no Asenof, que representa a las instituciones de formación para el trabajo y el desarrollo humano?
 
- Porque los funcionarios del Estado que participan deberían certificar su conocimiento del sector.
 
- Porque la figura de "comunidades académicas" es ambigua y amerita una explicación.
 
- Porque la re-elección indefinida de consejeros no parece la mejor consejera.
 
- Y porque tampoco hay una mirada internacional o de expertos nacionales que no respondan a los intereses ni del Estado ni de las IES.

.... y muchas más opciones, como por ejemplo la necesaria e imperativa participación de figuras por muchos pedidas pero en la práctica enterradas como un Superintendente Nacional de Educación o un Director de la Agencia Nacional de la Calidad.

El sistema merece que se abra un debate al respecto.