¿... Y por qué Mineducación no interviene en la U. Incca?

Feb 2/18 La realidad muestra, claramente, que si el Ministerio de Educación Nacional no le pone cuidadosamente los ojos a la Universidad Incca de Colombia (bien como una labor de inspección y vigilancia o como parte de su función de fomento y protección por la educación superior), esta IES, con más de 60 años, cada vez está más cerca de extinguirse que de sobrevivir, y eso quedará registrado como un fracaso en la gestión de la ministra Yaneth Giha Tovar.

Si el Ministerio ha intervenido, tibiamente, en la Universidad Autónoma del Caribe, con más recursos económicos, patrimonio y desarrollos de calidad que la Incca, ¿por qué no lo hace aquí?

Mal le quedaría al Ministerio salir a decir que ya actuó sobre la Incca y que le levantó las medidas que le había impuesto (en primer semestre de 2017), porque lo hizo mediante un actuar administrativo muy extraño, que podría incluso ser visto como negligencia, sencillamente porque el levantamiento de dichas medidas se hizo cuando la situación de la Universidad, como ahora, y contrario a lo afirmado por la viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza, no asegura las debidas condiciones de calidad académica ni financiera para prestar un servicio educativo adecuado.

Como en la U. Autónoma del Caribe, en la Incca tampoco pagan a sus trabajadores. A la fecha les deben los salarios de tres meses, más una prima extralegal e intereses a la cesantías.

La Autónoma del Caribe tiene estudiantes y patrimonio para responder, pero la Incca cada día se va quedando sin uno ni otro. La que en algún momento fue reconocida como la gran universidad de Jaime Quijano Caballero, con un discurso de izquierda, respetado en la época por su argumentación, y que llegó a tener más de 5 mil estudiantes, hoy escasamente supera los 2 mil, tiene dificultades para abrir nuevas cortes, se le están empezando a vencer registros calificados, no tienen ningún pregrado acreditado, los dineros que recauda (mayoritariamente con matrículas ofrecidas con grandes descuentos o sin intereses) se van para pagar obligaciones financieras y abonos de nómina y muy poco a proveedores, y su patrimonio está seriamente comprometido tanto por su deterioro como por obligaciones financieras.

Pasan los días y la situación cada vez es más delicada, mientras que se extienden los plazos y el Ministerio del Trabajo tampoco decide si autoriza el pedido de la Universidad para despedir más de 100 funcionarios. Si los puede despedir, tendrá un alivio financiero, ¿pero la calidad del servicio educativo, dónde queda?. Si no los puede despedir, el desangre continuará.

El Ministerio tiene el deber moral y la obligación legal de hacer reaccionar (o  apoyar) a la Universidad Incca de Colombia, bien sea por la aplicación de la Ley 1740 de 2014, por su responsabilidad de garantizar que una institución, que oferta programas autorizada por el Estado, lo haga con las debidas condiciones, o simplemente por la responsabilidad de evitar que una IES que ha sido insignia del sistema no naufrague frente a los ojos de las señoras Yaneth Giha y Natalia Ruiz

Porque igualmente irresponsable sería dejar dilatar el tema para "tirarle" la pelota, en agosto próximo, al siguiente Ministro de Educación.