U. del Tolima comienza a ver luz al final del túnel. Entrevista con su rector, Omar Mejía

Enero 31/18 Llegó como rector interino para apagar el incendio de una universidad con más de 22 mil millones déficit y 18 mil de los 36 mil estudiantes que alcanzó a tener, tras la rectoría de José Herman Muñoz, obligado a renunciar. Ajustando el cinturón, y con el apoyo económico y político de la Gobernación, el panorama hoy permite ilusionarse. El riesgo es que el año político y el dese de tener rector en propiedad enreden el panorama institucional y financiero. Entrevista de El Observatorio con Omar Mejía Patiño.

Sobre el rector interino
Le llaman rector interino, y no encargado, por una cuestión de hermenéutica jurídica. Si hubiera sido encargado sólo hubiera podido haber estado en el cargo hasta por tres meses, y eso sucedió en agosto de 2016, cuando, estando como profesor de tiempo completo, le pidieron que asumiera esa responsabilidad, en un muy delicado momento de la vida institucional de la Universidad del Tolima.


En noviembre pasado el Tribunal Administrativo del Tolima tumbó la figura de rector interino, en una actuación que se encuentra en proceso de revisión jurídica en el Consejo de Estado, pues la Universidad considera que este es un formalismo que no puede afectar la gestión que viene haciendo Omar Mejía para sacar a la Universidad del hueco al que cayó.

Por ahora, Mejía sigue en el cargo inicialmente hasta septiembre próximo.

Mejía, reconocido por El Observatorio como uno de los colombianos que más influyeron en la educación en 2017, fue secretario general de la misma universidad, además de decano de derecho de Unibagué, es abogado del Externado de Colombia, especialista en derecho público, penal económico y administrativo y Doctorados en Derecho de la Universidad de Castilla, La Mancha y de Salamanca (ver CVLAC).

Es enfático en que no aspira a ser rector en propiedad y, por ahora, su deseo es terminar de consolidar el proceso que inició hace 17 meses, orientado a recuperar la confianza de la propia comunidad académica como de los actores externos en la universidad pública de la región.

Para ello ha buscado el acercamiento con todos los actores de la universidad, incluidos seis sindicatos, consejo académico, consejo superior, gobernación, Ministerio de Educación y sector productivo de la región.

Su objetivo: Solucionar la crisis financiera, sin descuidar el desarrollo académico.

 

La Universidad del Tolima modelo 2016

La situación de la Universidad en 2016, cuando el entonces rector tuvo que renunciar por la presión de la comunidad académica y los medios de comunicación, tras un cierre y huelgas, era el reflejo de ingobernabilidad, enfrentamiento entre sindicatos, incumplimiento reiterado de los proveedores, convenios que daban pérdidas económicas y de una abultada nómina de funcionarios (algunos en cargos que no se requerían) con excesivos beneficios extralegales y altas tasas de ausencia laboral, y un alto número de contratistas, diseñada para responder a la Universidad que, pocos años atrás, alcanzó a tener 36 mil estudiantes y que en 2016 se bajó a la mitad y un déficit de 22.655 millones de pesos. A todo esto se sumaba haber quedado ubicada en la parte final de la clasificación del primer MIDE que realizó el Ministerio de Educación.

Según Mejía, en aquel entonces “el rector no tenía control del Consejo Académico”, y los decanos eran islas, eran elegidos popularmente y eran nominadores y ordenadores del gasto. Había una ausencia plena de planeación financiera y de sistemas de información, sin plataforma financiera y sin PAC ni flujo de caja proyectado. “Los datos se daban de acuerdo con el estado de ánimo de los directivos financieros de ese momento”, señala Mejía. Además, había -y aún se mantiene- una estructura salarial de funcionarios que reciben más que profesores de tiempo completo y, en algunos casos, están por encima de los rangos departamentales y nacionales.

 

Las estrategias para salir de la crisis

Tras la renuncia, presionada, de Muñoz Ñungo, Omar Mejía llega a la rectoría a enfrentar especialmente el déficit financiero, y además de implementar la revisión y prudencia en el gasto -para evitar el aumento del déficit- se requería tomar acciones especialmente relacionadas con la planta de personal, que era la principal fuente de salida de recursos.

Se contrató un estudio con la Universidad del Valle (ver el estudio), que fue aprobado por el Consejo Superior, y que se entregó en junio de 2017, que aún no ha contado con el empujón definitivo para sacarlo adelante y comenzar a implementarlo, pues demanda, entre otros aspectos, una necesaria reforma orgánica y administrativa que pasa por la revisión de cargas laborales y ajuste de nóminas, entre otros aspectos, y que de salir adelante, asegurará estructuralmente un gasto más ajustado a la realidad y necesidades de la Universidad.

 

Los avances y expectativas

La Universidad del Tolima empieza 2018 con un déficit cercano a los 11 mil millones de pesos, menos de la mitad de lo que tenía en 2016, gracias a las maniobras financieras de Mejía y su equipo, y con una población estudiantil cercana a los 21 mil estudiantes.

Estos logros se han dado sin tener aún implementada la reforma. Según Mejía, de los 639 cargos de planta de personal se calcula que cerca de 100 “sobraban”, por lo que logró suprimir 27 cargos, y ha logrado mantener vacantes 80. Es decir, pasar a 512 cargos ha representado un ahorro significativo.

“Pase lo que pase, no vamos a llenar esos cargos”, dice el rector.

También ha logrado “adelgazar” la planta de personal transitorio, que pasó de 146 a 89.

Académicamente hoy la universidad tiene una oferta que incluye 15 pregrados acreditados en alta calidad, 12 especializaciones, 16 maestrías y 5 doctorados. Incluso, el programa de Enfermería acaba de recibir acreditación internacional. Cerca del 40% de los docentes ya cuentan con título de doctorado.

“Vamos en recta decidida hacia la acreditación institucional”, afirma Mejía, pues en estos días la Universidad estaría entregando al CNA las condiciones iniciales.

Según Mejía, un aspecto clave en este proceso ha sido el apoyo del actual gobernador, y presidente del Consejo Superior, el conservador Oscar Barreto. No sólo aumentó las transferencias anuales de 3.600 a 6.300 millones de pesos, sino que también ha contribuido, entre otros, para subsidiar estudiantes. La centralización del gasto y la reducción de 16 a 5 ordenadores del gasto ha contribuido al control.

“No soy político, pero ahora muchos me llaman conservador, solamente porque hemos logrado trabajar con el actual gobernador y llegué con su apoyo”, señala el rector, quien ratifica que no tiene aspiraciones para quedar como rector en propiedad.

“El día que yo deje de tener la autonomía que yo quiera, me voy de la universidad”.

 

La nube negra

Si bien el panorama es alentador, la estabilidad institucional no está asegurada.

La no puesta en marcha de la reforma estructural amenaza con no consolidar la plataforma necesaria para redireccionar la universidad, y en año de elecciones políticas, en donde las universidades públicas son un interesante bastión electoral, podría ahondarse las diferencias entre el gobernador Barreto, conservador y crítico del Gobierno Nacional, y las intenciones y posibles candidatos del gobierno central.

Esto podría explicar las diferencias en el Consejo Superior, que está dividido y algunos de sus consejeros (como el representante del Presidente de la República, la delegada de la ministra de Educación y el representante de las directivas académicas) están presionando por la elección de rector en propiedad, lo cual podría desviar las intervenciones sobre los reales problemas de la universidad.

Mejía se extraña de la actitud del Ministerio de Educación, que por un lado le expresa su apoyo y en el Consejo Superior no lo hace. A finales de 2017 se reunió con la viceministra de Educación Superior y se habló de proyectos, pero esto no ha pasado de las palabras.}

Aún no se ha aprobado el cómo ni el cuándo se convocará elección de rector en propiedad, pero Mejía considera que si bien se ha progresado, aún hay fragilidad institucional que difícilmente podría superar con éxito la polarización de una contienda electoral para elegir rector. “La idea es no hacer elecciones mientras no se adelanten las reformas, y éstas no significan masacre. Son la forma de salir adelante”, señala. Por ahora, se respeta la ley de garantías y lo aprobado es tener comisiones de trabajo para analizar aspectos de la reforma. No hay tiempos claros para esto.

Mucho menos en época electoral en el ámbito nacional, pues -aunque Mejía no lo considera así- es posible que un nuevo rector llegue a “descongelar” la planta y volver a crecer el problema. Por eso la necesidad de sacar adelante la reforma estructural.

“La universidad todavía no está blindada. El blindaje lo dará la reforma estatutaria y administrativa de la universidad. La idea es blindar toda la planta para que el margen de maniobra del rector sea cero”, concluye Mejía, quien no lo dice abiertamente pero deja entrever el riesgo de que una sola decisión del gobernador, una jugada política del gobierno nacional o alguna voz influyente al interior de la Universidad, entre otras variables, amenacen con detener lo recorrido y volver a la incertidumbre institucional.