Las pobres recomendaciones de la Comisión del Gasto relacionadas con educación superior

Enero 21/18 La situación económica llevó al presidente Santos a instalar, en febrero 2017, la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, que en diciembre dio recomendaciones de política para éste y los próximos gobiernos, "con el fin de lograr un gasto más eficiente, eficaz y que contribuya a la equidad".

En lo relativo a educación superior, le da más importancia a la acreditación que al análisis crítico y real de las inversiones y gastos poco efectivos del Estado en temas de educación superior, así como cuáles deben ser las recomendaciones para solucionar el real déficit de la educación superior pública.

Las recomendaciones (que no hablan para nada de temas como la inversión en Ciencia y Tecnología, la situación de Icetex, el alto costo de matrículas, los problemas de cobertura y la falta de eficiencia en la gestión de las universidades públicas como sistema, entre otros aspectos), apuntan concretamente a proponer:

1) Que el SENA pase al Ministerio de Educación

2) Que los estudiantes beneficiarios del Estado retribuyan, como egresados, en función de sus ingresos.

Sobre Ser Pilo Paga, de lo cual se esperaba una expresión más profunda, el Informe solo apunta a decir que "propone avanzar hacia el establecimiento de un esquema de matrículas de referencia que tenga en cuenta distinciones por calidad".

En otro aparte, se sugiere que "todos los proyectos de inversión deben ser evaluados con criterios técnicos antes de su inclusión en el presupuesto". ¿Eso incluirá programas como Ser Pilo Paga?

Igualmente, en las consideraciones generales, indica que se debe "obligar a que las contrataciones del sector público con las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) sigan exactamente los mismos requisitos y procedimientos de la contratación pública". ¿Esto incluirá a las IES oficiales? Vale recordar que en la LEy de contratación ya se intentó esto y el lobby de las universidades públicas lo evitó.

Los autores del informe

EL informe fue gestionado desde Fedesarrollo, entidad con gran fortaleza en académicos y analistas de la educación superior, varios de ellos que laboran y han trabajado en universidades. El siguiente es el listado de los integrantes.

1. Raquel Bernal Salazar, profesora titular y directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (Cede), de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.

2. Juan Manuel Charry Urueña, constitucionalista (quien renunció a la Comisión).

3. Jorge Iván González Borrero, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

4. Juan Carlos Henao Pérez, rector de la Universidad Externado de Colombia.

5. Roberto Junguito Bonnet, exministro de Hacienda.

6. Marcela Meléndez Arjona, socia fundadora de Econestudio, quien lidera el área de consultoría económica de esta entidad.

7. Armando Montenegro Trujillo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

8. Juan Carlos Ramírez Jaramillo, director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

9. José Darío Uribe Escobar, exgerente del Banco de la República.

10. Leonardo Villar Gómez, director de Fedesarrollo.

Finalmente, el informe propone "introducir una reforma al Sistema General de Regalías (SGR)", lo cual podría afectar los recursos que se reciben para ciencia y tecnología.

El diagnóstico sobre lo que pasa en educación superior, según la Comisión:

1) El sistema de educación superior en Colombia ha mostrado avances en las últimas décadas. La cobertura y el número de estudiantes graduados han aumentado continuamente. No obstante, el acceso sigue siendo bajo, especialmente para los estudiantes de los quintiles de ingresos bajos. Así mismo, las tasas de deserción, a pesar de haberse reducido ligeramente, siguen siendo elevadas. Los resultados en materia de calidad no son satisfactorios, además de que se observa un estancamiento en el proceso de acreditación de calidad tanto institucional como de programas.

2) Si bien el proceso de acreditación de programas comenzó a finales de los años 90 y la acreditación institucional arrancó con relativo dinamismo a partir de 2002, los porcentajes de acreditación tanto de programas como de instituciones de educación superior (IES) son aún bajos. Más preocupante aún es que se percibe un estancamiento del proceso en los últimos años pues se observa una relativa estabilidad en el número de IES y programas que buscan por primera vez la acreditación. Adicionalmente, un número importante de las instituciones recientemente acreditadas han obtenido la acreditación sólo por cuatro años mientras que las primeras que lograron adelantar el proceso lo hicieron mayoritariamente por un período de diez años. Las principales razones de la lentitud con la que avanza el proceso es que muchas IES están lejos de cumplir con los requisitos iniciales que les permitirían entrar en el proceso además que enfrentan limitaciones estructurales y financieras para sostener una planta de docentes de alta calidad. Por otra parte, si bien es a todas luces necesario que el proceso de acreditación se base en criterios exigentes, los análisis indican que estos no distinguen la heterogeneidad en materia de educación impartida entre educación universitaria, técnica y tecnológica.

3) A pesar de que el MEN está a cargo de la formulación, gestión y supervisión de políticas de educación superior, muchos otros entes y organismos apoyan el trabajo del MEN, lo que dificulta la coordinación institucional. Adicionalmente a esto, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que en la actualidad domina la prestación de programas de educación y formación técnica superior y es el proveedor más importante de educación y formación técnica no formal, conocida como Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano (ETDH), está adscrito al Ministerio de Trabajo y por lo tanto no está integrado al resto del sistema de educación superior.

4) Para facilitar el acceso de los jóvenes a la educación superior, el Gobierno provee financiamiento a través de diferentes mecanismos dirigidos a la oferta y de subsidios a la demanda.

5) En cuanto a la financiación a la oferta, principalmente extendida a través de aportes a universidades públicas de acuerdo con una fórmula establecida en la Ley 30 de 1992, se evidencian limitados incentivos a la eficiencia y la calidad en la asignación de los recursos.

6) En lo relacionado con la financiación a la demanda a través de los créditos del ICETEX, una proporción importante de los créditos se dirige a estudiantes en programas o instituciones que no cuentan con acreditación de calidad. Ello resulta aún más preocupante dada la ralentización que ha reflejado el proceso de acreditación de instituciones y programas de educación superior en el país comentada atrás.

Las recomendaciones de la Comisión

1) Revisar la Ley 30 de 1992, en lo relativo al ajuste de los aportes a las universidades públicas, de manera que en esta asignación se incluyan criterios de eficiencia y eficacia.

2) Tomar acciones para fortalecer la calidad de las universidades y revisar los criterios utilizados en el proceso de acreditación, que si bien deben ser altamente exigentes, deben reconocer la heterogeneidad de la educación impartida, principalmente entre educación universitaria, técnica y tecnológica.

3) En cuanto al Programa Ser Pilo Paga, se propone avanzar hacia el establecimiento de un esquema de matrículas de referencia que tenga en cuenta distinciones por calidad.

4) Estudiar formas alternativas para que los estudiantes que han recibido ayudas del Estado la retribuyan de alguna manera en su posterior carrera profesional en función de sus ingresos.

5) Estimular la formación técnica y tecnológica y trasladar el Sena al Ministerio de Educación.

Clic para ver el informe completo de Fedesarrollo