Ministra de Educación rechaza afirmaciones de rector de la U. Pedagógica

Nov 26/17 El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa Cruz, viene liderando la cruzada de la universidad pública contra el modelo de financiamiento de la educación superior y Ser Pilo Paga, encontrando apoyo en algunos políticos de izquierda, analistas como Julián de Zubiría y el movimiento estudiantil, pero sin el apoyo de los rectores , que con su silencio hicieron que Atehortúa renunciara a la presidencia de ASCUN.

Su crítica de que Ser Pilo Paga quita recursos a las IES públicas, la ha refutado la ministra Giha porque, dice ella, el programa no fue creado como una política para financiar la educación superior pública.

Aquí está la crítica de Atehortúa y la respuesta de Giha, publicadas en el diario El Espectador:

Ser pilo: ¿paga? La desinformación del presidente, por Adolfo León Atehortúa

Debatibles y desinformados los argumentos con que el presidente Santos lanzó la cuarta versión del Programa Ser Pilo Paga (PSPP). Por razones de espacio, analizaré solo tres.

Dice, por ejemplo, que gracias al programa se han aumentado de manera progresiva los resultados de la prueba Saber 11. La afirmación no es compartida por especialistas de la Universidad de Los Andes que han realizado ejercicios econométricos sin hallar diferencias significativas en las características observables reportadas en las pruebas Saber 11 de beneficiarios y no beneficiarios del programa y que excluyen, por tanto, cualquier argumentación concluyente1.

Cabe recordar, además, que entre el primer y segundo año de la implementación del programa no se presentaron variaciones sustanciales en los resultados de la prueba Saber 11, y que ello ocurrió únicamente entre el segundo y tercer año con incrementos en matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas y lectura crítica, cercanos al 6,8 en  total, para un promedio de 1,7 que, hasta nuevos análisis y comparaciones, sigue siendo marginal2.

Con todo, debe tenerse en cuenta que, simultáneamente, otras políticas públicas y programas han buscado este propósito: Jornada Única, Alimentación Escolar, Todos a Aprender, Aliados 10, Siempre Día E, ISCE, ONDAS y 40x40, para mencionar solo algunos con alcance local, regional y nacional. Dado que la mejoría en los resultados de las pruebas se ha presentado con mayor incremento en los puntajes obtenidos por grados inferiores, 3º, 5º y 9º, y no en 11º, la incidencia de estas políticas podría considerarse más relevante que la alcanzada por el PSPP.

Si bien la línea de corte para el programa se ha incrementado, las razones hay que buscarlas, también, en la información y promoción que el programa no tuvo en sus primeras versiones y que, como era previsible, limitaron la participación de un gran número de aspirantes: razón suficiente para ampliar la base concursable en aquellos momentos y que ya hoy debe reducirse por que se ofrece además para 8.000 y no 10.000 elegibles como en las anteriores. 

Afirma también el presidente Santos que, gracias al programa, la probabilidad de que un joven de bajos recursos económicos ingrese a una institución acreditada pasó del 36 al 69%. La conclusión es apenas obvia e ilógico sería que no presentara variaciones. El Crédito ACCES, por ejemplo, también aumentó el acceso a la educación superior, disminuyó la deserción y mejoró el desempeño académico de los beneficiarios3. Situaciones análogas han ocurrido en toda América Latina e incluso en Estados Unidos con este tipo de programas4.

Por supuesto, el PSPP ha transformado la cifra de los estudiantes de bajos ingresos inscritos y admitidos en universidades de élite, pero no por ello debe atribuírsele la reducción directa de brechas en las tasas de matrícula. La relación de causalidad no ha sido demostrada. Otros programas, como los impulsados desde el año 2015 por la Secretaría de Educación de Bogotá y que cobijan a estudiantes egresados de colegios oficiales del Distrito, suman para este resultado. Los esfuerzos de universidades oficiales, de comunidades populares organizadas y de cabildos indígenas en regiones apartadas del país contribuyen con la estadística. La Universidad Pedagógica Nacional, por cierto, ofrece un importante aporte: solo tiene 2 estudiantes del PSPP, pero ha abierto 386 nuevos cupos-beca, para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3.  

Finalmente, espera el presidente acercar las preferencias entre universidades públicas y privadas de los estudiantes pilos, con medidas que no apuntan a la solución del auténtico problema. Entre estas universidades, vale aclarar, no existen contradicciones insalvables por calidad o saberes, ni tampoco se censura al estudiante por su predilección. De ninguna manera se rechaza el derecho a la educación para bachilleres de Mocoa o el Pacífico.

Lo que ocurre es que, por su concepción, diseño y calendario, el programa ha descartado de entrada a las IES públicas. Diseñado en instituciones no oficiales, el PSPP se estructuró con una ostensible ventaja para la recepción de los recursos por parte de las universidades privadas en Colombia. La primera versión se lanzó cuando la prueba de admisión en la gran mayoría de las universidades públicas se había realizado. La versión “Ser Pilo Profe” se adelantó sin la participación de la Universidad Pedagógica Nacional, reconocida por la Ley 30 de 1992 como “educadora de educadores” y “asesora del MEN en formación de docentes”.

Ideado en universidad privada, el PSPP jamás se socializó siquiera con las universidades estatales antes de convertirlo en política, y no se contó nunca con su aval. Más allá de la improvisación o descuido en la planeación, que también perjudicó a los bachilleres del calendario B, puede colegirse la intencionalidad del programa: empezó cuando no existía posibilidad de inscripción en las estatales y se utilizó un corte en pruebas Saber 11 inferior al exigido por las mismas; además, solo se les reconoció el valor neto de la matrícula, de suyo subsidiado. Esta evidencia pone de presente en el tiempo que el propósito que hoy se esgrime, beneficiar a los estudiantes, tuvo un real trasfondo: favorecer a instituciones no oficiales. La nueva propuesta del presidente no resuelve la situación. Se vuelve a lanzar cuando las pruebas de admisión ya pasaron en las universidades estatales y a sabiendas de que aplazar el ingreso no resulta tampoco opción de preferencia para los estudiantes. 

El auténtico problema, por otra parte, es que el PSPP les está quitando recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas. Afirmar lo contrario es falso y resulta incoherente con el propósito gubernamental de “hacer de Colombia la más educada”. Una y otra vez se ha explicado hasta la saciedad que, en el año 2015, el 0,4 % del punto adicional recaudado por el tributo CREE se destinaba en su totalidad a las IES Públicas. Pero, en 2016, solo les fue entregado el 46,4% de este valor, mientras en 2017 se recibió el 33,1% de lo correspondiente en el Impuesto a la Renta y Complementarios que sustituyó al CREE. La suma que dejaron de recibir las IES Públicas supera los $ 808.000 millones, que es la que hoy se entrega al PSPP.

Lo más grave es que, para el 2018, no se asignará cifra alguna para las IES Públicas por este concepto. Tan solo se habla de los $ 100.000 millones que las movilizaciones estudiantiles lograron. ¿Hacia dónde irán los recursos? He allí la respuesta: el problema es que ser pilo no paga, si lo público se acaba.

1 Contrato de Consultoría DNP No 656-2015: Informe de resultado del levantamiento de línea de base, evaluación de impacto de corto plazo y tercera entrega de la documentación de las bases de datos, PSPP, Centro Nacional de Consultoría, CEDE, Uniandes, pagina iii.

2 ICFES-MEN, 2016.

3 Melguizo, T., Sanchez, F. y Velasco, T. (2016). Credit for low-income students and access to and academic performance in higher education in Colombia: A regression discontinuity approach. World Development, 80, 61-77.

4Angrist, J., et.al. Leveling up: Early results from a randomized evaluation of post-secondary aid. Harvard University and NBER, 2015 (). Cáceres-Delpiano, et.al. Early impacts of college aid. IZA discussion paper 9238, 2015.

 

 

Precisiones y aclaraciones al rector de la Pedagógica, por Yaneth Giha

Dice la columna que ‘Ser pilo paga’ “les está quitando recursos a las Instituciones de Educación Superior Públicas”, lo cual no es cierto. Este programa no fue creado como una política para financiar la educación superior pública; su intención, como siempre se ha presentado, es brindarles oportunidades a nuestros bachilleres con excelencia académica y escasos recursos económicos para que estudien las carreras de su preferencia en instituciones acreditadas en alta calidad.

Es, en otras palabras, un programa de movilidad social, para poner en igualdad de condiciones a todos nuestros jóvenes que desean y se esfuerzan por estudiar y alcanzar sus sueños. ‘Ser pilo paga’ le permite a Colombia, de alguna forma, contar con el gran talento que tiene al darles la posibilidad a miles de estudiantes (hoy 40.000) de seguirse formando y que antes, por falta de recursos, no podían hacerlo.

Actualmente, y gracias a ‘Ser pilo paga’, nuestros estudiantes saben que, si se esfuerzan y si estudian más, pueden acceder a uno de los cupos del programa para que, insisto, continúen en la materialización de sus sueños. De paso, estos esfuerzos ayudan en el mejoramiento de la calidad de la educación.

Para el financiamiento de las Instituciones de Educación Superior Públicas (IES), como lo hemos expuesto en varias oportunidades a los rectores de las Universidades públicas, el Gobierno nacional ha trabajado y desarrollado otros mecanismos y alternativas –construidas incluso luego de análisis y debates conjuntos–, y buscado fuentes adicionales de recursos. 

Hoy, como nunca antes, la educación es el rubro al que el Gobierno le ha asignado mayores recursos en el Presupuesto General de la Nación. La educación es la principal apuesta de este gobierno bajo la convicción que es uno de los pilares para la construcción de un país más justo y desarrollado: en los últimos siete años se ha invertido una cifra histórica de 212 billones de pesos, casi el doble de lo que se recibe anualmente por el recaudo de impuestos.

Le expongo otras cifras que dan cuenta de los esfuerzos que se han hecho para fortalecer la educación superior pública. El incremento de los aportes anuales a las IES oficiales es del 62 por ciento: entre 2010 y 2017 se pasó de 2,24 billones de pesos a $3,65 billones, es decir, en ese lapso se distribuyeron recursos por más de $23 billones.

A esto se le suma que 2017 es el año de mayor incremento en el presupuesto de funcionamiento de las universidades públicas desde 1992, cuando se implementó la Ley 30, con un 11,75%. De los 3,65 billones de pesos destinados para la vigencia, 91% ($3,26 billones) son para funcionamiento y 9% para inversión ($317 mil millones). 

Como lo hemos expuesto en varias ocasiones ante las IES públicas, los recursos de funcionamiento de las universidades oficiales para 2018 seguirán creciendo: de los 3,6 billones de pesos que se distribuirán, $3,42 billones serán para ese fin.

Indudablemente el país aún enfrenta retos en la educación superior pública y es necesario continuar haciendo esfuerzos para fortalecerla y seguir mejorando su cobertura. Para ello el Gobierno nacional está comprometido, como lo ha hecho, en seguir trabajando conjuntamente con los rectores y así buscar medidas para lograr ese objetivo.

En otro aparte, dice la columna, que no se le puede cargar a ‘Ser pilo paga’ que haya aumentado del 36% al 69% la probabilidad de que un joven de bajos recursos económicos ingrese a una IES acreditada. El programa, asegura el columnista, “ha transformado la cifra de los estudiantes de bajos ingresos inscritos y admitidos en universidades de élite, pero no por ello debe atribuírsele la reducción directa de brechas en las tasas de matrícula. La relación de causalidad no ha sido demostrada”.

En este sentido quiero señalarle que los avances del país en acceso a la educación superior en los últimos años son significativos. En 2010 el 37% de estudiantes que terminaban el bachillerato ingresaban a la educación superior, el año pasado ingresaron el 51.5%, es decir, un aumento de 14.5% en seis años.

En este sentido, le expongo un aparte del más reciente estudio del Departamento Nacional de Planeación, en el que se reconoce su impacto en el cierre de brechas entre niveles socioeconómicos: “Antes del programa (‘Ser pilo paga’) la probabilidad de acceder a una IES acreditada, tanto pública como privada, aumentaba con el estrato, mientras que hoy un estudiante con mérito académico de estrato 1 tiene la misma probabilidad de ingresar a educación superior de alta calidad que un joven de estrato 6”.

De otra parte, dice la columna que las medidas anunciadas por el Presidente de la República para que los beneficiarios del programa prefieran en igual medida tanto a IES públicas como privadas “no apuntan a la solución del auténtico problema” porque, afirma, ‘Ser pilo paga’ ha descartado de entrada a las IES oficiales, y, agrega, que no se ha escuchado a las universidades públicas. Ambas aseveraciones están lejos de la verdad.

Hemos escuchado y analizado las inquietudes y propuestas de los rectores de todas las universidades, buscando mejorar el programa, no solo para ir nivelando la participación de las IES públicas y privadas, sino para garantizar su sostenibilidad. Por ello, además de construir una propuesta que recoge ideas de los rectores,  para que la iniciativa pase a ser política de Estado, introdujimos algunas en la reciente cuarta convocatoria anunciada por el Presidente de la República.

Se trata de incentivos para que cada vez más ‘pilos’ elijan las IES oficiales, como medio salario mínimo semestral adicional para apoyar el sostenimiento del estudiante; la posibilidad de que en dos semestres puedan legalizar su inscripción y ser aceptado en la institución pública de su preferencia, y la inscripción gratuita ilimitada a universidades públicas. Con ellas buscamos que, al menos, el 30 por ciento de los beneficiados con ‘Ser pilo paga’ escoja una IES pública para estudiar su carrera.

Seguiremos trabajando para mejorar cada vez más la calidad y el acceso a la educación superior del país y así brindarles más oportunidades a los jóvenes colombianos. Un sistema de educación superior sólido requiere estrategias y programas de subsidio a la demanda, así como esfuerzos para fortalecer la oferta. Hoy tenemos el gran reto de avanzar y para eso necesitamos el concurso de todos, el trabajo de todos, el apoyo de todos.