Universidades públicas buscan apoyo para que proyecto de ley no les quite posibilidad de contratar con el Estado

Nov 21/17 Esta en fase de apobación en el Congreso el Proyecto de Ley No. 84 de 2016 Senado – 285 de 2017 Cámara, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia”, impulsado por el Ministerio del Transporte, y que busca que las IES públicas pierdan el beneficio que tienen de poder contratar directamente por el Estado, y pasar a realizar licitaciones públicas.

El proyecto, no consultado con el sector universitario, se está aprobando esta semana, y aunque la representante Olga Lucía Velasquez se logró en la subcomisión eliminar el polémico artículo, se sigue a la espera de la aprobación final de la plenaria.

La norma pretende que las IES puedan ejecutar por sí o por interpuesta persona estos contratos públicos sólo si resultan seleccionadas en procesos de licitación pública os elección abreviadas, y ya no a través de la modalidad directa de contratación, como actualmente se aplica.

El polémico artículo inicial dice:

"Artículo 5°. Modifíquese el literal c) del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así:

C) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, interventoría de obra, consultoría en ingeniería para obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas, por sí o por interpuesta persona, sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada..."

Adicionalmente se busca prohibir a las IES contratar directamente con el Estado para interventorías de obras y consultorías en ingeniería.

Los defensores de la universidad pública argumentan que los contratos interadministrativos hacen parte de la extensión universitaria que, junto con la formación y la investigación constituyen los tres compromisos misionales de una universidad. Reportan además ingresos que son reinvertidos, todos sin excepción, en la misma institución y que contribuyen al fortalecimiento de educación superior en el país, logrando de paso, la transmisión y puesta en circulación social del conocimiento que al interior de las instituciones universitarias se produce.

Aunque las IES públicas insisten en que esta es una forma de aliviar su difícil situación financiera, el Ministerio del Transporte dice que "el presupuesto asignado por el Gobierno Nacional y los enter territoriales garantiza la sostenibilidad" de la universidad pública.

El otro aspecto del debate es que, a juicio de quienes desean impulsar la norma original, las IES actualmente se benefician con lo que representa una competencia deseal, mientras que éstas dicen que, por el contrario, ponerlas a competir es ponerlas en inferioridad con las leyes del mercado.

Así mismo, piden las unviersidades públicas, encabezadas por la Dirección Jurídica Nacional de la Universidad Nacional de Colombia, que la prohibición debería estar dirigida a las entidades contratantes y no regular y limitar las posibilidades de desarrollo de las universidades.