¿Quién defiende a las universidades públicas pequeñas?

Oct 29/17 Mientras los medios muestran la discusión de rectores de universidades acreditadas, el Ministerio de Educación y sus defensores, sobre si la financiación de la educación superior pública es la adecuada y si Ser Pilo Paga es o no un buen programa, o si se debe reformar o eliminar, la realidad es que -aunque la ministra Giha diga que no hay ninguna universidad desfinanciada- la forma inercial como se hacen las transferencias del Estado a las IES públicas, definida por la Ley 30 de 1992, es inequitativa, y que las grandes en 1992 (léase Nacional, Antioquia, UIS y Valle) lo siguen siendo hoy, y con acreditación institucional, mientras que las pequeñas parecen condenadas a seguirlo siendo y mendigar recursos. Así lo demuestra la situación hoy.

Cuando se compara el total de aportes que el Estado hace por estudiante a cada una de las universidades públicas se encuentra que, claramente, las que más dinero reciben, tienen menos dificultades de gobernabilidad, de calidad y de sostenibilidad financiera.

Mientras tanto, entre las que menos recursos reciben y no tienen una fuente diferente de ingresos o habilidad para gestionarlos, los problemas de autonomía, independencia, sostenibilidad y gobernabilidad aumentan.

En su orden, las 10 universidades públicas que más dinero reciben por estudiante son: Nacional de Colombia, Valle, Antioquia, Cauca, Pacífico, Pedagógica Nacional, UIS, Córdoba, Caldas y UTP.

Vale recordar que entre Nacional, Antioquia, Valle y UIS se transfiere el 50% de todos lso recursos. Las 28 restantes deben contentarse con el otro 50%.

Aunque las 32 que conforma el SUE, o Sistema Universitario Estatal, piden más recursos, con lo que reciben estas grandes (salvo la del Pacífico, con serios problemas de gobernabilidad) 8 de estas 10 ya tienen acreditación institucional de alta calidad y su problemática va en otro sentido.

La Nacional crea nueva sede en La Paz, Cesar, con aportes adicionales del Ministerio de Hacienda, y proyecta crear un doctorado en Astronomía; Valle, Antioquia y Cauca siguen creciendo en programas y alianzas; UTP recién inauguró modernas instalaciones para laboratorios y Caldas y UIS acaban de ser beneficiadas con recursos de Colombia Científica.

Por su parte, la Pedagógica Nacional, en cabeza de su rector -Adolfo León Atehortúa- viene librando una pugna con el Estado y la ministra Giha por más recursos, en una pelea en la que parece quedarse sola porque el propio SUE le ha dado la espalda en su argumentación.

Ahora bien, si la tabla de aportes del estado por estudiante se mira de abajo hacia arriba se encuentran las siguientes  universidades:

UNAD, que solo recibe menos del 20% de sus recursos del Estado y que debió enfrentar una desaforaza cacería de la administración Parody - Ariza, de la que salió sin niguna acusación, pero con una delicada afectación en su crecimiento de número de estudiantes.

U. Militar Nueva Granada, que se salva por los aportes que recibe del Ministerio de Defensa. Es la única de la parte de abajo de la lista con acreditación institucional de alta calidad.

En las otras los problemas son de cuidado:

U. de Cundinamarca, con cuestionamientos internos por su gobernabilidad

U. de Pamplona, que volverá a clases después de varias semanas de paro, porque los estudiantes protestan por la situación financiera, la falta de infraestructura, inversiones de calidad y debilidad institucional de la IPS.

U. de La Guajira, que hacia afuera tiene problemas de gobernabilidad, pero sobre todo necesitada de los recursos. También de calidad: No tienen ningún programa acreditado.

La U. Tecnológica del Chocó, en paro de docentes y estudiantes desde hace varias semanas, denunciada como un bastión de su re-elegido rector, y con serios problemas de calidad.

La U. de Los Llanos, bloqueada por estudiantes tras no lograr la acreditación de una de sus licenciaturas, y con su rector titular en la cárcel por temas de corrupción.

La U. Popular del Cesar debe enfrentar que, sin que fuera consultada y con una abierta competencia que le va a afectar, le creen a poca distancia una sede de la U. Nacional de Colombia, y que se desgaste internamente con las peleas políticas de su nuevo rector, quien abiertamente reconoce la forma como debió hacer alianzas para llegar al cargo.

La U. del Tolima con un futuro no del todo claro, pese a los esfuerzos de la actual administración, pero que sin una ayuda financiera clara y el respaldo de todas las instancias para tomar medidas de fondo, no podrá salir adelante de su déficit financiero. Así es difícil proyectar alta calidad.

La U. de la Amazonía, en crisis por la no acreditación obligatoria de dos de sus licenciaturas y sin dinero para poder continuar ofertando su programa de Enfermería.

La U. del Atlántico, con todos los ojos encima y la maquinaria política también, que no logra superar las divisiones internas, guerra sucia de informaciones y promesas incumplidas. Aunque la situación financiera es menos grave, demanda un esfuerzos interinstitucional que le permita potenciarse como debe ser la universidad pública radicada en Barranquilla.

Y eso que, porque no tienen la misma difusión mediática y peso en el sistema, las IES oficiales que no son universidades ni tienen régimen especial (y que son 29), están más damnificadas que las mismas universidades, pues en algunos casos lo que reciben no llega ni a la décima parte de lo que reciben las universidades, y se les exige lo mismo que a todas.

El Ministerio, con razón, podrá decir que ha cumplido históricamente con las demandas de financiación de la Ley 30 de 1992. El punto es que ese no es el problema. La realidad es que lo invertido no es suficiente y está mal distribuido.