U. Pedagógica invita a movilizaciones masivas para rechazar esquema de financiamiento de la U. pública

Sept 21/17 El Consejo Académico de la U. Pedagógica Nacional, encabezado por su rector, Adolfo León Atehortúa, pidió a las universidades estatales movilizarse contra el gobierno nacional por la forma como está sufriendo la universidad pública con el actual modelo de financiamiento, el desvío de recursos de ésta hacia Ser Pilo Paga y la violación de la autonomía por la acreditación.

Atehortúa, quien hace pocos meses expresó su deseo de renunciar al cargo, se mantuvo allí, y desde entonces endureció su discurso contra el Gobierno. Ahora también es el presidente del Consejo Nacional de Rectores de ASCUN.

El siguiente es el comunicado:

La deficitaria y alarmante situación presupuestal que se incrementa para las universidades estatales del país, por recientes decisiones del Gobierno Nacional

1. Aunque el Ministerio de Educación Nacional anuncia una adición de $ 162.505 millones, la realidad es otra. Tal como lo ha expresado nuestro rector en su columna de El Espectador, y lo ratifica el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE) en carta dirigida a la ministra Yaneth Giha, la adición es de solo $ 129.795 millones, que no se compadece en absoluto con la pérdida de los recursos que las mismas universidades dejarán de percibir por el impuesto a la renta y complementarios, antes CREE.

2. En efecto, aunque el recaudo del tributo mencionado creció durante los años 2016 y 2017, las cifras asignadas a las universidades estatales disminuyeron dramáticamente. En 2016, nuestras universidades dejaron de percibir $ 373.291 millones; en 2017 no recibirán $ 434.874 y, de acuerdo con lo señalado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2018, la suma alcanzaría $ 591.000 millones. Todos estos recursos, que iban antes a nuestras universidades, van ahora a los créditos beca Icetex, programa Ser Pilo Paga, que no beneficia a las universidades públicas.

3. El programa Ser Pilo Paga debe ser examinado a fondo por el Gobierno nacional: privatiza la educación superior y reproduce un esquema de costos ineficiente que no favorece la distribución transparente y productiva de los recursos públicos. Poco más del 80 % de los estudiantes “pilos” ingresan a universidades privadas sin aporte alguno de cofinanciación de las mismas que, contrariamente, incrementan el costo de sus matrículas por encima del IPC.

En tales condiciones y tal como lo han expresado diversos análisis financieros, las cuatro cohortes actuales del programa Ser Pilo Paga, proyectadas en 40 mil estudiantes, tienen un costo equivalente al total de las transferencias que la Nación entrega a las universidades públicas en un año, recursos con los cuales se podría garantizar la formación de medio millón de estudiantes en las universidades públicas del país.

Por supuesto, la gravedad del asunto sería mayor si, tal como se propone con el proyecto de ley que convierte el programa Ser Pilo Paga en política de Estado, se incrementa el número de becados a 45 mil estudiantes, arrebatando para ello los recursos destinados a las universidades estatales.

4. A todo lo anterior se suman diversas afectaciones que presentan hoy los presupuestos de las universidades estatales, obligadas por ello a buscar su autofinanciación con estrategias de asesorías y extensión que solo auguran una crisis general ante el incremento anual de los gastos universitarios con los escasos recursos que destina la nación.

Si bien algunas universidades han podido ejercer sus labores misionales con calidad e incluso alcanzando múltiples logros, los déficits financieros son visibles y se expresan en la contratación indigna de los profesores mal llamados ocasionales, en las plantas insuficientes de empleados administrativos y trabajadores oficiales, en los limitados recursos educativos y tecnológicos, en los exiguos rubros dedicados a la investigación, en infraestructuras que amenazan ruina, para mencionar tan solo algunos aspectos críticos.

5. Las universidades estatales tenemos hoy la presión adicional de lograr no solo la acreditación institucional, sino también –en casos como el nuestro– la acreditación de alta calidad de nuestros programas que, dada la normatividad que trasgrediendo la autonomía universitaria volvió obligatoria esta condición para las licenciaturas, lo cual implica hacer múltiples esfuerzos para garantizar dicho reconocimiento.

Esta exigencia no es sostenible si no se ofrecen las condiciones básicas para lo que el mismo Estado demanda: contar con el número suficiente de profesores de planta, condiciones para el desarrollo y formación en investigación, una mayor productividad académica, el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y física, alto nivel de inglés o lengua extranjera, para mencionar los aspectos principales con los cuales se nos otorga o no la acreditación.

6. El Consejo Académico expresa enérgicamente su rechazo a las políticas del Gobierno nacional que desprecian a la universidad pública y la conducen a la crisis, e incluso al cierre ineludible a corto plazo de algunas de ellas. Exige al Gobierno nacional, la atención que merecen las universidades estatales por su aporte histórico y definitivo tanto al desarrollo del país como a la formación integral y crítica de sus ciudadanos. Convocamos a los cuerpos colegiados y a las comunidades educativas de las universidades estatales a analizar la situación de sus propias instituciones, a manifestarse públicamente y con movilizaciones masivas entorno al efecto estructural que representa el modo en que se proyecta la ley del programa Ser Pilo Paga y la aprobación del presupuesto de la nación para el 2018 y lo sucedido con los recursos en el presente año.

7. Exigimos al Gobierno nacional respetar los recursos para la educación superior pública asignados en la reciente reforma tributaria y, en tal sentido garantizar que las universidades públicas recibamos en su totalidad, y de manera adicional, el 40 % de lo recaudado por medio punto del impuesto a las ventas (IVA), tal como se establece en el artículo 184 de la Ley 1819 de 2016. Así mismo, que por recursos procedentes del impuesto sobre la renta y complementarios (artículo 102), las universidades recibamos el 75% de 0,4 puntos de dicho tributo, anteriormente denominado CREE y adicionalmente se garantice los recursos financieros para la formalización laboral de los profesores ocasionales del país.

8. A los congresistas los convocamos a realizar un control político estricto que defienda la financiación plena de la educación superior pública y que esto se garanticen a través del Presupuesto General de la Nación 2018.

Información de referencia: Rector de la Pedagógica desmiente recursos adicionales del gobierno nacional (sept 8/17)