El emprendedor rector de la CUN: Feliz y con problemas legales

Sept 5/17 Jaime Alberto Rincón Prado, "dueño" y rector de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, vive  momentos antagónicos. Por un lado, presentará su libro “Gestionando felicidad; historia de un emprendedor social hecho a pulso”, donde cuenta cómo ser feliz en la experiencia empresarial superando las adversidades, y por el otro debe enfrentar un llamamiento de la Fiscalía General de la Nación por no atender a cuatro citaciones para responder por las acusaciones de un exsocio de la empresa S3 Wireless según las cuales Rincón Prado hizo un negocio con el propósito, no de ser socio, sino de hundir a una empresa que podría representarle competencia eventualmente.

La siguiente es la historia que cuenta el diario El Espectador:

Desde 2014, la Fiscalía General ha anunciado en cuatro oportunidades la imputación de cargos contra Jaime Alberto Rincón Prado, rector de la CUN, por estafa agravada, falsedad en documento privado y fraude procesal. Todo a raíz de una denuncia que puso en su contra el empresario caleño José Luis Malvehy en noviembre de 2008. La primera audiencia fue notificada para octubre de 2014, casi seis años después de la denuncia. La segunda, para julio de 2016: ocho años después. La tercera se anunció para marzo de este año, y el pasado jueves 31 de agosto era, justamente, la cuarta.

Ese último intento, sin embargo, fue tan fallido como los tres anteriores. Rincón Prado notificó que tenía una incapacidad médica de 30 días y que por esa razón no podía asistir. De esa manera, una vez más, la diligencia judicial quedó aplazada. Es decir, la Fiscalía lleva tres años asegurando que tiene la intención de investigar a Rincón Prado formalmente por los hechos que expuso Malvehy en su denuncia, pero al final no lo hace. Y por tratarse de delitos como estafa o fraude procesal, el riesgo es evidente: la prescripción —que se venza el tiempo que tiene la Fiscalía para indagar— podría estar a la vuelta de la esquina.

El lío entre Malvehy y Rincón Prado comenzó en agosto de 2005. Malvehy representaba a la sociedad S3 Wireless Colombia, que para ese momento era uno de los pocos proveedores de tecnología que empezaban a trabajar redes inalámbricas en el país. La compañía, sin embargo, necesitaba urgentemente una inyección de capital para adquirir nueva tecnología, cubrir deudas y pagar nómina. Por eso salió a buscar un socio. En el camino dio con Servisatélite, cuyo representante legal era Jaime Alberto Rincón Prado. Servisatélite era la accionista mayoritaria de Cablecentro, empresa de operadores por cable.

El resultado de ese negocio, asegura Malvehy, fue el contrario al esperado: S3 Wireless quebró a raíz de las gestiones de Rincón Prado. “La intención del señor Rincón era aprender el negocio, especialmente el manejo de redes inalámbricas sobre tecnologías pre-Wimax, y aprovechar las licencias que tenía la empresa para utilizarlas en servicios convergentes privados. S3 Wireless era precursora de esta tecnología en el país, por ello, la sociedad Servisatélite extrajo este know how, que era el intangible más valioso de la empresa”, señaló José Luis Malvehy.

“Gracias a esta tecnología apropiada fraudulentamente a S3 Wireless, la sociedad Servisatélite pudo empaquetar y prestar servicios tanto empresariales como masivos domiciliarios, como internet inalámbrico, VOIP y televisión por cable, siendo el primero en tener un producto en el mercado Triple Play”, le explicó Malvehy a la Fiscalía. Después, agregó, Cablecentro obtuvo seis licencias de Wimax a nivel regional. Sólo pudo ejecutar una por razón de equipos y montajes de red, pero el punto, indicó Malvehy, es que esas licencias las obtuvo Cablecentro “gracias a la tecnología de S3 Wireless”.

Mientras el negocio se gestaba, Servisatélite tuvo acceso a la información financiera, legal y, sobre todo, técnica de S3 Wireless. En noviembre de 2005 se firmó un contrato y el pacto era que Servisatélite se quedara con el 50 % de las acciones de S3 Wireless a cambio de pagar US$2 millones, “los cuales debían ser invertidos en su totalidad en la compañía”. Eso, dice Malvehy, nunca pasó. Lo que ocurrió, se denunció en la Fiscalía, fueron actos de mala fe de parte de Rincón, que llevaron a S3 Wireless a una situación “insostenible”, en la cual la única salida era venderles todas las acciones a Rincón y su compañía.

Dada la falta de pago de Rincón, “se presentaron atrasos de fondeo y se incumplieron pagos con bancos y proveedores. La falta de recursos hizo que hubiese deterioro de la red y se empezaron a perder clientes estratégicos, como Telefónica”, señaló el empresario Malvehy. Además hubo “incumplimiento de los pagos de nómina”, lo cual llevó a que la gente de S3 Wireless comenzara a irse de la empresa. Para Malvehy, “esto evidencia que la intención de Jaime Alberto Rincón Prado era deteriorar la empresa y aprovecharse de su marca y de su posicionamiento en el mercado”.

En otras palabras, lo que el representante de S3 Wireless sostiene es que Rincón Prado hizo calculadamente un negocio con el propósito, no de ser socio, sino de hundir a una empresa que podría representarle competencia eventualmente. Con una adición: Rincón Prado, sostiene Malvehy, además de que no pagó por las acciones que había adquirido, “creó unas deudas” que ataron aún más de manos a S3 Wireless. Así las cosas, Rincón Prado le habría dado a esa compañía unos US$400.000, pero no como abono por las acciones que había adquirido, sino como préstamo.

Los pagarés los pagó un hombre llamado Daniel López González, que trabajaba en S3 Wirelesss, y se firmaron a partir de noviembre de 2005, recién se había cerrado el negocio con Servisatélite. De ese mes —cuando se firmó el negocio— a febrero de 2006, López firmó 16 pagarés en favor de Cablecentro. El hallazgo de los pagarés fue una sorpresa para Malvehy, quien no entendía por qué, si Servisatélite iba a darles recursos y a ser su socio, pasó a cobrarles una deuda que apretaba aún más las estrechas finanzas de S3 Wireless, razón por la cual justamente la empresa buscaba un aliado.

Este tema fue puesto en conocimiento de la Embajada de Estados Unidos, pues algunos de los socios de S3 Wireless son de ese país. A ellos, la Embajada les confirmó que se había puesto en contacto con la Fiscalía a propósito del caso. Eso ocurrió en marzo, justo antes de la tercera imputación contra Rincón Prado anunciada por la Fiscalía, la cual finalmente no se llevó a cabo. El Espectador trató de ubicar a Rincón Prado por el teléfono de la CUN y a través del número celular que él mismo le entregó a la Fiscalía en caso de que necesitaran contactarlo. No obstante, la comunicación no fue posible.

La cuestionada CUN

Jaime Alberto Rincón Prado es la cabeza de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), la cual ha sido cuestionada más de una vez por terminar siendo la que califica a los elegibles para puestos estratégicos en el Estado en medio de circunstancias adversas. Por ejemplo, en Cúcuta (ver), en diciembre de 2015, se criticó que la CUN fuera la que calificara a los candidatos a la Personería, a pesar de que Rincón era socio de Víctor Carrillo, aspirante a la Alcaldía de esa ciudad. La transparencia del proceso y los propósitos que podían estar ocultos fueron puestos en tela de juicio.

En Cúcuta se cuestionó la idoneidad de la CUN para hacer esta labor a pesar de no tener programas acreditados de alta calidad. Algo similar pasó en Córdoba, también en diciembre de 2015, cuando el proceso de la elección de contralor regional cayó en el radar de la Secretaría de Transparencia de la República. La Asamblea de ese departamento eligió a la CUN para que seleccionara a los candidatos a contralor, es decir, a la cabeza del organismo que controla —entre otras entidades— los gastos de la Gobernación, a pesar de que la CUN, a la vez, había recibido más de $56.000 millones con dineros de regalías de la Gobernación al firmar dos convenios de ciencia y tecnología.