Presidencia objeta ley que profesionaliza a entrenadores deportivos

Agosto 22/17 Por inconveniencia e inconstitucionalidad, el presidente Santos objetó ley que reglamentaba la actividad de los entrenadores deportivos, proyecto de ley número 104 de 2015 de Cámara y 166 de 2016 Senado.

Para el Gobierno, la ley lesiona el derecho a la libertad de asociación, establece un gravamen tributario que afecta gravemente a deportistas y entrenadores e impide el acceso de miles de colombianos consagrados al deporte al registro y acreditación. Además, porque cierra la posibilidad de inscripción a aspirantes que hayan obtenido títulos de educación superior técnico o tecnológico con denominaciones distintas a las de “deporte” o “entrenamiento deportivo”.

Promotores descalifican argumentos del Gobierno y cuestionan cambio de opinión del Ministerio de Educación.

El proyecto - cuyo autor fue el representante Oscar Sánchez León y gestionado por el senador liberal Edinson Delgado (Partido Liberal), contemplaba, entre otros, que las personas que se desempeñan en esta actividad, sin una preparación académica, tendrían un plazo de diez años para acreditarse. Los promotores rechazaron la decisión gubernalmental y señalaron que el proyecto fue aprobado en plenaria del Senado en cuarto debate, pretendía beneficiar a cerca de 500 mil entrenadores en Colombia, y contaba con el respaldo de las organizaciones deportivas de alto nivel.

Según consideró el Gobierno Nacional, aunque el propósito de este proyecto de ley es loable, al buscar contribuir a la profesionalización de la actividad del entrenamiento deportivo, los medios a través de los cuales se pretende materializar dicho propósito son contraproducentes, y en varios puntos lesivos de los intereses, derechos y actividad profesional tanto de los entrenadores como de los deportistas colombianos en general, y violatorios de la Constitución Política.

"Quienes ya han obtenido un título de idoneidad inicial que les acredita como profesionales, técnicos o tecnólogos en el campo deportivo, enfrentan un requisito posterior, a saber, la obtención de otro título de idoneidad (...) Se trata, así, de una afectación del núcleo escencial de su derecho a ejercer la profesión u oficio elegidos", dice el documento con las objeciones.

—Impide el acceso de miles de colombianos consagrados al deporte al registro y acreditación

En primer lugar, el proyecto crea un registro de entrenadores deportivos que será la base para una tarjeta de acreditación individual; dicho registro les cierra la posibilidad de inscripción a los aspirantes que hayan obtenido títulos de educación superior a nivel técnico o tecnológico con denominaciones distintas a las de “deporte” o “entrenamiento deportivo”.

Dado que en el país existen docenas de títulos ofrecidos por instituciones de educación superior con denominaciones distintas, se estaría impidiendo que miles de colombianos consagrados al deporte o al entrenamiento deportivo puedan acceder al registro y acreditación.

—Lesiona el derecho a la libertad de asociación

La iniciativa desconoce y hace prácticamente imposible el funcionamiento de los cientos de asociaciones deportivas profesionales que existen en el país, al declarar que el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo será la “única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de las ciencias del deporte”.

Con ello se está lesionando el derecho fundamental de todos los deportistas colombianos a la libertad de asociación, impidiendo que escojan la asociación profesional a la que quieren pertenecer, o incluso previniéndoles crear nuevas asociaciones profesionales para representar y procurar sus intereses.

—Establece un gravamen tributario que afecta gravemente a deportistas y entrenadores

El proyecto busca gravar a los deportistas nacionales interesados en registrarse como entrenadores deportivos con una tasa correspondiente a dicho registro, sin fijar con claridad los elementos mínimos estructurales de ese tributo, y delegando al Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo la potestad íntegra de establecer la tarifa de dicha tasa.

El establecimiento de un gravamen tributario deficientemente estructurado que afectaría en forma severa los derechos de los deportistas y entrenadores colombianos es, para el Gobierno Nacional, inaceptable.

—Atribuye funciones públicas violatorias de la Constitución

Finalmente, el proyecto no reconoce el entrenamiento deportivo como una profesión, sino meramente como una actividad. Al mismo tiempo, pretende reconocer un colegio profesional y atribuirle funciones públicas de inspección, vigilancia y control de la actividad pedagógica de entrenamiento deportivo, sin que dicho colegio pueda jurídicamente recibir esas funciones, al no tratarse de una profesión legalmente reconocida.

"Una zancadilla al deporte colombiano"

Así lo señala Néstor Ordoñez Saavedra, Presidente Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, Presidente de Asociación Red de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación –ARCOFADER- y Decano Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., al rechazar la acción de la Presidencia de la República, luego que el proyecto contó con el respaldo del Congreso, Coldeportes y Comité Olímpico Colombiano.

Aquí sus más importantes argumentos:

Según Ordóñez, "es importante resaltar que fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política Colombia, el Congreso de la República adoptó una serie de leyes con el objeto de reconocer y reglamentar algunas profesiones. Así mismo, en el desarrollo jurisprudencial se establece que el Legislador tiene el deber constitucional de imponer requisitos de formación académica al ejercicio de una actividad que suponga un riesgo social.  Adicionalmente, durante la última década, se ha discutido sobre la necesidad de reconocer y reglamentar la profesión de entrenador deportivo en nuestro país, situación que no ha sido fácil, debido a que han existido algunos intereses de parte del gobierno nacional, para que esta iniciativa legislativa no se apruebe en el Congreso de la República; asunto que fue tratado por la Corte Constitucional, al resolver las objeciones del Presidente Santos sobre un proyecto de ley aprobado por el Legislador en el año 2012.

Aunque, señala el propio Ordóñez, las objeciones del gobierno son amplias, el académico considera que éstas se hicieron "sin hacer una revisión rigurosa, objetiva y responsable del proyecto de ley, desconociendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la presencia del riesgo social en las actividades de entrenamiento deportivo. Del texto que sustenta las objeciones, se colige que el gobierno nacional está interesado en obstaculizar toda propuesta que contribuya a mejorar el sector deportivo".

A manera de ejemplo, en una de las objeciones se señala que se debía haber tramitado una ley estatutaria, desconociendo que todas las leyes sobre esta materia se han promulgado como leyes ordinarias. De otra parte, en una sentencia que revisó el proyecto de ley objetado en 2012, la Corte Constitucional en 2013, determinó que a los entrenadores denominados “empíricos” se les debía otorgar un plazo razonable para desarrollar su proceso de formación. Es decir, el Ministerio de Educación fue ligero al afirmar que con esta ley se profesionalizan a los entrenadores que no tiene un título profesional; por el contrario, la iniciativa busca que todas las personas que laboran actualmente en este campo, puedan formarse en un plazo no mayor a trece años.

Se puede afirmar, que sin mayores fundamentos, el gobierno nacional plantea que se viola la libertad de asociación; otra contradicción, ya que en el proyecto de ley se incorporó a todas las organizaciones, personas y colegios que son responsables de ejecutar los procesos de preparación deportiva. Así mismo, resulta infundado señalar que en la iniciativa se establece una tasa, situación que es equivocada porque en el texto no se expresa en ninguna parte, ni tampoco su espíritu o interpretación permite afirmar que se desconoció el principio de legalidad tributaria.

El Congreso de la República, entre 1993 y 2017 aprobó 37 leyes; aclarando, que no están incorporadas aquellas leyes promulgadas en desarrollo de la Constitución Política de 1886. De otra parte, las leyes han sido expedidas para reglamentar las diferentes profesiones; así mismo, para adoptar los códigos de ética, tal y como sucede con los técnicos electricistas, enfermeros (as), optómetras, psicólogos (as), entre otros. Adicionalmente, es importante señalar que solo existe un caso, que se reglamenta el ejercicio de una ocupación, como es la cosmetología.

Con fundamento en la Sentencia C-307-2013, se presentó un nuevo proyecto de ley en septiembre de 2015, el cual fue aprobado por el Congreso de la República en junio de 2017. En el trámite legislativo, Coldeportes y el Ministerio de Educación emitieron conceptos favorables sobre el proyecto de ley, lo que deja un manto de duda, al cambiar su posición a última hora, sin ninguna explicación; sin embargo, vale la pena reconocer que Coldeportes y el Comité Olímpico apoyaron incondicionalmente la iniciativa en todos los debates que se surtieron en el Congreso de la República.

Conforme  a la revisión de las sentencias de la Corte, se puede concluir que esta Corporación se ha ocupado de resolver los siguientes temas: i) el riesgo social en el ámbito del artículo 26 de la Constitución Política ; ii) la clase de ley que debe reglamentar el reconocimiento y ejercicio de las profesiones, ya sea ordinaria u estatutaria; iii) la exigencia de los títulos de idoneidad; iv) la estructura y organización de los colegios o consejos profesionales; v) la iniciativa legislativa para reconocer y reglamentar una determinada profesión; vi) la definición de profesión, arte u oficio; vii)  la competencia de vigilar e inspeccionar el ejercicio de las profesiones; viii) el otorgamiento de funciones públicas a los colegios o consejos; y ix) los códigos de ética de las diferentes profesiones. Como se puede observar, son nueve asuntos que la Corte ha tratado en 31 sentencias, específicamente para resolver demandas de inconstitucionalidad u objeciones presidenciales. Entre 1992 y 2015 se demandaron algunas leyes que fueron sancionadas antes de 1991, como es el caso de ocho  normas relacionadas con la profesión de topógrafo, técnico electricista, administrador de empresas, periodista, médico y cirujano, notario, secretariado y técnico constructor.

Finalmente, hacemos un llamado urgente al gobierno nacional para que revise sus planteamientos, esto con el fin de entregarle a la comunidad deportiva colombiana una norma que permita mejorar los procesos de preparación de nuestros atletas que siempre han dejado en alto el nombre de Colombia en el ámbito internacional.

Lo que sigue

Los promotores designarán una comisión para revisar jurídicamente y hacer los ajustes derivados de las observaciones del Gobierno Nacional.