La fragilidad del SUE para defender a la universidad pública

Agosto 8/17 El Sistema de Universidades del Estado SUE, se creó con la Ley 30 de 1992, y reúne a los rectores de las 32 universidades oficiales para abogar por los intereses de la educación superior pública. Esto se ha reducido, esencialmente, a pedir plata y nada más. No tiene formalmente un reglamento y soporte organizacional y administrativo que lo respalde, e internamente se ha polarizado: Por un lado, las llamadas universidades "grandes" (léase Nacional, Antioquia y Valle, entre otras) y de otro "las demás", que están inconformes con la manera como las primeras quieren llevarse la mayor tajada en las reparticiones presupuestales de dineros adicionales a las transferencias.

El SUE podría ser un fuerte e importante grupo de presión e influencia en las políticas públicas de educación superior, pero se ha reducido a pelear y conformarse con los pocos recursos, casi marginales, que el modelo de financiamiento de la educación pública les permite distribuir (por ejemplo los recursos, antes CREE y ahora de reforma tributaria, que deben ser distribuidos entre ellas).

Ley 30 de 1992: Capítulo IV. Del sistema de universidades estatales u oficiales
Artículo 81. Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades estatales u
oficiales el cual tendrá los siguientes objetivos:
 
a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros.
 
b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos, y 
 
c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema. 
 
Artículo 82. El Ministro de Educación Nacional reglamentará el funcionamiento de este sistema, según las recomendaciones del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU).
 
Artículo 83. Las universidades estatales u oficiales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, considerando las estrategias de planeación regional y nacional.

 

Cada vez que se reúne el SUE, actualmente presidido por el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Luis Fernando Gaviria Trujillo, es para discutir la situación financiera del sector y expedir comunicados en los que -ya es predecible-, señalan que los recursos que transfiere el Estado no les alcanzan.

La estrategia es clara: Pedir diez para conformarse con dos.

De todos modos, cada rector gestiona sus intereses por aparte (además del SUE). Es decir, tiene su respectivo padrino político (léase representante a la Cámara, Gobernador o Senador) con el que toca las puertas en las grandes entidades del Estado (DNP, Ministerios, Hacienda...) para hacer lobby para "su" universidad, pero no para el sistema.

Y el discurso en defensa de la gratuidad educativa y la responsabilidad del Estado con la formación superior de los colombianos, que debiera ser una bandera del SUE, no aparece, y queda solo reflejado en posiciones radicales de algunos políticos de izquierda.

Por ideología, parentesco (es hermano del expresidente Gaviria) y cercanía al actual gobierno, el SUE ha venido alineándose de manera acrítica a las decisiones del Ministerio de Educación Nacional, a tal punto que desde allí se han direccionado propuestas para organizar dicho sistema. Darles una oficina en Bogotá y algunos apoyos parecen ser suficientes para que el Ministerio "tenga calmado" al SUE.

Y aunque haya voces de rectores en contra, que en muchos casos son mayoría, éstas se apagan frente a la fuerza y poder que tienen rectores como los de la Nacional y Antioquia (que de paso también hacen parte del CESU), Valle, UIS y UTP, y que al mismo tiempo son los que tienen más fácilmente comunicación directa con el Viceministerio de Educación Superior y la ministra.

Lástima que esa influencia no se vea traducida en propuestas de calidad, en el diseño de programas de transferencia y movilidad estudiantil, en desarrollos académicos, infraestructuras, softwares académicos y administrativos compartidos, y hasta en independencia de criterio y carácter para denunciar públicamente intereses lesivos para la universidad pública.

Así, es difícil que logren mayor protagonismo, y presupuesto, universidades como Pacífico, Sucre, Llanos, Tolima, Cesar, Atlántico, Guajira, UNAD, Distrital, Córdoba... mismas que históricamente son las que han recibido menos recursos.

Cuánta falta le han hecho al sistema estas propuestas así como pronunciamientos públicos del SUE por la manera como se afecta la autonomía universitaria con peligrosas intervenciones, del mismo Estado, en ciertos consejos superiores; por la forma como otras IES, individualmente hablando, se desangran financieramente, o como algunos grupos de profesores, estudiantes, sindicatos y políticos, bajo el discurso de lo público, captan la universidad oficial para ellos.