Cuestionan "excesivo poder" del rector de la U. de La Guajira

Junio 26/17 Según el diario El Tiempo, el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio (conocido en la región como ‘Kaloy’), tiene tal influencia que el año pasado logró que la Gobernación le pagara a la universidad una deuda, derivada de las obligaciones de la Ley 30 de 1992, por 26.500 millones de pesos.

Para la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, el proceso fue irregular. No solo porque no se dio un plazo prudencial para cumplir la sentencia sino porque la administración del entonces gobernador, José María Ballesteros Valdivieso, no se opuso, ni se defendió de la demanda.

El siguiente es el informe:

Un ingeniero de petróleos que no llega aún a los 50 años y que nunca ha ocupado cargos de elección popular es, hoy por hoy, la ficha clave de la política en La Guajira, el departamento más golpeado en los últimos años por los escándalos judiciales. 

Esa decisión, en la que el reclamante fue Robles, está bajo la lupa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que actualmente estudia los recursos legales para tratar de frenar el desembolso de los 3.199 millones restantes (la condena fue por 29.699 millones) y para lograr que la justicia ordene la devolución del dinero pagado.

Para la Agencia, el proceso fue irregular. No solo porque no se dio un plazo prudencial para cumplir la sentencia sino porque la administración del entonces gobernador José María Ballesteros Valdivieso, a quien la Fiscalía anunció que le imputará cargos por irregularidades en un contrato para el tratamiento del dengue; no se opuso, ni se defendió de la demanda.

Se trata de Carlos Arturo Robles Julio, el polémico rector de la Universidad de La Guajira y quien en ese departamento es conocido como ‘Kaloy’.Su nombre, que es poco conocido en el resto del país, empieza a sonar porque por cuenta de sus gestiones el departamento pagó 26.500 millones de pesos por una demanda en la que sus autoridades simplemente no se defendieron.

En un tiempo récord, apenas dos meses, la Gobernación transfirió el año pasado esa millonaria suma a la universidad para cumplir una condena que le impuso el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Riohacha. El caso era el supuesto incumplimiento en el pago de los aportes correspondientes a la Ley 30 de 1992, por vigencias del año 1993 al 2010.

Esa decisión, en la que el reclamante fue Robles, está bajo la lupa de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que actualmente estudia los recursos legales para tratar de frenar el desembolso de los 3.199 millones restantes (la condena fue por 29.699 millones) y para lograr que la justicia ordene la devolución del dinero pagado.

Para la Agencia, el proceso fue irregular. No solo porque no se dio un plazo prudencial para cumplir la sentencia sino porque la administración del entonces gobernador José María Ballesteros Valdivieso, a quien la Fiscalía anunció que le imputará cargos por irregularidades en un contrato para el tratamiento del dengue; no se opuso, ni se defendió de la demanda.

La destinación de la millonaria suma, que entró a la caja de la universidad a principios del 2016, está bajo lupa de los organismos de control del nivel central, que han recibido denuncias sobre supuestas maniobras políticas del rector Robles.

Él apoyó abiertamente la candidatura de Fabio Velásquez, el hoy detenido alcalde de Riohacha que antes de su elección había sido jefe de Planeación de la Universidad y que, según fuentes del departamento, siguió manteniendo la cercanía con el alma mater. De hecho hoy varios de sus secretarios son personas cercanas a la institución educativa. Su secretario de obras públicas, es Miguel Francisco Pitre Ruiz, quien fue docente de la universidad; y el secretario de Gobierno, Jairo Aguilar Deluque es hijo del exrector Jairo Aguilar, quien hace parte del Consejo Superior de Uniguajira.

A finales del 2015 la entonces ministra de Educación Gina Parody se pronunció sobre el presunto uso de la universidad como fortín político de Velásquez: “Es gravísima la denuncia, esto puede constituir delitos, por lo que lo pasaré a la Procuraduría y a la Fiscalía. La gran diferencia entre una universidad pública de calidad y una de no calidad es que en la última se infiltra la politiquería”, dijo entonces Parody.

Esas denuncias no avanzaron. No obstante el rector sí tiene una investigación en la Procuraduría por supuestamente haber apoyado políticamente desde la institución educativa a Emilsa Rojas Atencio, quien perdió en el 2011 la puja por la alcaldía de Riohacha.

En el Ministerio Público, que ya ha cerrado 15 procesos contra Robles Julio, hay otras dos investigaciones disciplinarias en curso: una por la subcontratación de una función que era plena de la universidad en un convenio interadministrativo y el otro por la presunta contratación ilegal de 107 profesores.

En La Guajira es ‘vox populi’ que Robles, quien tiene dos carros blindados, escoltas y vive en una casa que los medios locales describen como una mansión, es una especie de poder detrás del poder. Fue cercano al clan del condenado gobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez, al punto de que el rector le entregó en el 2011 un título ‘honoris causa’ en administración de empresas.

El analista político Ariel Ávila señala que diferentes investigaciones que se han hecho desde la Fundación Paz y Reconciliación han concluido que los convenios administrativos de la universidad con la gobernación y las alcaldías supuestamente son usados de manera irregular.

Ávila asegura que el poder electoral de la universidad radica en que muchos de sus estudiantes tienen becas y otros beneficios. Afirma que como muchos de ellos se desempeñan como jurados electorales, no hay garantías de transparencia.