Mineducación está incumpliendo su responsabilidad de inspección y vigilancia en la U. Incca

Mayo 21/17 Muchos trabajadores de la Universidad Incca de Colombia se rebuscan monedas para llegar a laborar a esa IES. Pasan de 80 los días sin recibir sueldo, y están descubiertos de seguridad social. Y lo peor, es que no saben cuándo les cancelarán, porque la Universidad tampoco responde.

Entre tanto, el Ministerio de Educación Nacional se lavó las manos, y desde el pasado 24 de abril (cuando ya era pública esta situación) levantó las medidas de inspección y vigilancia, pese a que sabía que la situación financiera era difícil y que la universidad no tenía con que asumir sus compromisos financieros con empleados, proveedores e inclusive con el Estado.

La situación es simple: Hoy la Universidad Incca de Colombia está mejor, documentalmente hablando, que en diciembre de 2015, cuando intervino el Ministerio, pero está peor financieramente que entonces.

Y si sus más importantes propiedades están comprometidas con el sector financiero, sus buenos directivos han renunciado, las instalaciones físicas se deterioran, los proveedores dejan de atenderle por incumplimiento en los pagos y la inversión en investigación es una mentira, ¿cómo se puede esperar que cumpla adecuadamente sus compromisos institucionales con la docencia, la investigación y la extensión en adecuadas condiciones de calidad?.

A los ojos del Ministerio de Educación Nacional, y con su patrocinio -no se sabe exactamente si por negligencia, ignorancia, inocencia y complacencia- la Incca de Colombia está en serio riesgo de dejar de seguir operando como Universidad.

Ahora la Universidad, sin dinero, con enormes deudas (que se acercan a los 5 mil millones), con problemas en la demanda de estudiantes y decisiones de juzgados que están empezando a fallar tutelas a favor de los empleados para que la Universidad les reconozca su derecho al trabajo, al mínimo vital y a la seguridad social, encontró en el Ministerio un aval para una reforma estatutaria que permitirá a las actuales directivas asegurarse en el cargo, e incluso revivir la intención de crear nuevos programas como virtuales, tecnológicos, especializaciones y maestrías, y hasta un pregrado de odontología (que demanda mayores inversiones económicas que los pregrados que actualmente tiene esa Universidad).

 

Mineducación siempre ha estado advertido 

Lo más llamativo, y preocupante, es que los propios informes radicados en la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior advirtieron de la situación, pero la resolución que levantó las medidas surgió como producto de la recomendación del Grupo Técnico, en cabeza de Carlos Jordán Molina Molina, que señaló que "la Universidad cuenta con posibilidades reales de.... b) prestar el servicio público de educación superior de forma continua y con plena observancia de las condiciones de calidad, .... c) contar con un patrimonio suficiente para el normal y correcto desarrollo de sus actividades de docencia, investigación y extensión".

Durante todo 2016 el Ministerio de Educación Nacional supo de la grave situación financiera de la Universidad. El entonces inspector In Situ designado por esa misma entidad, Rodrigo Fernando Acosta Trujillo y las profesionales Yeny Reyes Sáenz y Martha Lorena Sánchez Zapata, de la subdirección de Inspección y Vigilancia, periódicamente señalaron que los saldos en bancos y las cifras no aseguraban que la Universidad pudiera cumplir sus obligaciones.

Acosta terminó su contrato en diciembre de 2016 y el Ministerio nombró a la profesional Noralba Correa Toro, quien -sin pena ni gloria- permitió que casi cinco meses después de la última visita oficial del Ministerio (en octubre de 2016) y pese a las denuncias públicas, protestas, cartas del sindicato y denuncias de este Observatorio, el Ministerio levantara las medidas de inspección y vigilancia.

Y durante esos seis meses de aparente silencio del Ministerio para levantar medidas, se hicieron públicas estas irregularidades sin que esa entidad los hubiera tenido en cuenta, y las consecuencias -cada días más graves- ahora se ven.

Mismos funcionarios del Ministerio ya habían advertido que, a noviembre de 2016, "el capital de trabajo de la universidad es negativo en un valor de $4.294 millones de pesos aproximadamente. Lo anterior indica que la Universidad no cuenta con dinero disponible en el corto plazo y podría presentar problemas para cubrir sus obligaciones también de corto plazo…. El principal problema que posee la universidad es la falta de liquidez para el cumplimiento en el corto plazo frente a las obligaciones de terceros (empleados, proveedores, contratista, estado, entre otros)".

La firma Contadores L&S Consultores SAS, contratada para hacer una auditoría, había advertido, con cifras de noviembre de 2016, que la capacidad de la universidad para disponer de recursos suficientes que le permiten responder por el costo de la deuda "sigue deteriorándose", porque "mantiene una estructura de costos y gastos cuyo valor es superior a los ingresos generados por la instituciones en el desarrollo de sus objetivos".

El 12 de diciembre decía Acosta y su equipo al subdirector de Inspección y Vigilancia, William Mauricio Ochoa Carreño: "Existe el riesgo de que la Universidad Incca de Colombia incumpla sus obligaciones frente a terceros debido a que el saldo a octubre de 2016, informado por la Fiducia es de $ 328 millones el cual es insuficiente para cubrir los pagos mensuales que normalmente realiza la Institución que ascienden a $2.158 millones en promedio".

Y 15 días después, el 27 de diciembre, el mismo Acosta reiteró a Magda Josefa Méndez Cortés, ya como Subdirectora encargada de Inspección y Vigilancia que "persiste el riesgo de que la Universidad Incca de Colombia incumpla sus obligaciones frente a terceros debido a que el saldo informado por la Fiduciaria es de $707 millones el cual es insuficiente para cubrir los pagos mensuales que normalmente realiza la Institución que ascienden a $2.158 millones en promedio".

Es más, en el mismo mes de diciembre, Luz Mariela Sorza Zapata (exrectora del ITM) y Sandra Julieth Muñoz Mejía, ambas asesoras externas del Ministerio, el 5 de diciembre de 2016, señalaron sobre la necesidad de comprobar que, "al momento del levantamiento de la medida, que se haya hecho efectivo el ingreso de recursos que permitan un flujo de caja suficiente para honrar los compromisos institucionales". Situación que claramente no se ha dado.

Así mismo, resulta llamativo que la resolución que levantó las medidas advierte que, no obstante el levantamiento de las medidas, "el Ministerio de Educación Nacional debe realizar un seguimiento periódico que permita verificar la implementación de medidas que gatanticen, entre otros aspectos:

- Estrategias para incrementar sus ingresos y disminuir sus costos y gastos de operación, sin que ducha disminución indique un desmejoramiento en las condiciones de continuidad y calidad en la prestación del servicio educativo...

- Estructurar un plan financiero que le permita a la universidad cumplir con los pagos de forma oportuna en materia laboral de: sueldos, prestaciones sociales, aportes a la seguridad social y mesas pensionales. Así como el cumplimiento ante las entidades financieras de las obligaciones pactadas por créditos".

En junio de 2016 el siguiente era el panorama descrito por el Inspector In Situ, Rodrigo Acosta:

1. La Universidad Incca de Colombia está incumpliendo con la obligación de pagar el salario a sus trabajadores contemplada en el artículo 57 — obligaciones especiales del empleador artículo 4 - Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. Lo anterior, podría ocasionar interrupción en la prestación del servicio educativo y la afectación de las condiciones de calidad.

2. La Universidad Incca de Colombia está incumpliendo con la obligación de pagar los aportes a seguridad social integral según lo señala el artículo 22 de la ley 100 de 1993 el cual indica "El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno. 

3. El no pago de los aportes al sistema de seguridad social integral puede generar inconveniente en la prestación del servicio de salud a los diferentes trabajadores vinculados a la Institución de Educación Superior. Además de generar intereses moratorios.

4. Teniendo en cuenta que la viabilidad financiera es una de las condiciones de calidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 2° de la Ley 1188 de 2008, es necesario advertir sobre este aspecto, porque puede afectar la continuidad del servicio educativo y su prestación en condiciones mínimas de calidad.

11 meses después la situación -claramente- demuestra que la Universidad está en igual o peores condiciones.

¿Qué espera el Ministerio para actuar?

 

Información de referencia: 

Esto es lo que pasa en una universidad que para el Ministerio "puede prestar el servicio educativo en condiciones de calidad"

Hay una mentira, grande, en el levantamiento de medidas del MEN a la U. Incca