Alcaldía de Bogotá demanda norma que le da recursos de estampilla a la U. Nacional

Mayo 16/17 Bajo el argumento de que la Ley 1825 de 2017, que autorizó al Concejo de Bogotá a aprobar la estampilla Universidad Distrital 50 años, viola la Constitución Política porque traslada recursos del municipio -Bogotá- a una entidad del orden nacional, como lo es la Universidad Nacional de Colombia, y porque consideran que dicha estampilla es un impuesto y no una tasa, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y su Secretaria Jurídica, Dalila Astrid Hernández Corzo, pidieron la inconstitucionalidad de dicha norma y el retorno de lo que legislaba al respecto la Ley 648 de 2001, que destinaba el 100% de los recursos a la Distrital.

A juicio del Distrito, se no admitirse su pretensión, la ciudad -y la Universidad Distrital- estarían cediendo a favor de la Nacional un estimado ed medio billón de pesos.

Para la Alcaldía, el artículo 2º de la Ley 1825 de 2017, que ordena el traslado del treinta por ciento (30%) del recaudo de la Estampilla Universidad Distrital, esto es, de un impuesto distrital con destinación específica, a un ente del orden nacional, vulnera lo establecido en el artículo 362 de la Constitución Política de 1991, norma rectora de la protección de las rentas tributarias de las entidades territoriales. 

"Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección  constitucional y en consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo  temporalmente en caso de guerra exterior”, señala la argumentación de la Alcaldía ante la Corte Constitucional.

Para el Distrito la forma como se recauda la estampilla no contribuye una tasa sino un impuesto, por lo cual también sería ilegal. En el recaudo de la estampilla, mediante el Acuerdo 53 del 10 de enero de 2002 del Concejo Distrital, las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos con los organismos y entidades de la administración central, establecimientos públicos del Distrito Capital de Bogotá o con la Universidad Distrital, deben pagar a favor de la misma Universidad Distrital una estampilla equivalente al uno por ciento (1%) del valor bruto del correspondiente contrato y de la respectiva adición, si la hubiere. 

Así, cuando la entidad pública suscribe el contrato, termina pagando ese 1% del tributo con los recursos 
públicos Distritales.

"Por esta razón, -dice el alcalde- no se recauda un nuevo ingreso, sino se realiza una redistribución de los ingresos públicos distritales ya existentes. En este orden de ideas, con la “Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años”, lo que sucede es que algunos recursos Distritales, el equivalente del 1% del valor de los pagos a los contratos suscritos, se direccionan para la Universidad Distrital.  

Así...  la estampilla Universidad Distrital, a que se refieren las Leyes 648 de 2001 y  1825 de 2017, reúne las características de los impuestos, esto es, grava a un número  indeterminado de personas; éstas no están financiando un determinado servicio público, ni  reciben las ventajas por la prestación del mismo.  En efecto, los contratistas de las entidades distritales mencionadas pagan de manera  obligatoria el monto de la estampilla y no reciben ningún tipo de beneficio por el mencionado  pago".

De todos modos, concluye su petición el Distrito a la Corte Constitucional, si se decide que la estampilla sí es una tasa y no un impuesto, se insiste en la inconstitucionalidad de las transferencias a la Universidad Nacional. La Nacional no se ha pronunciado oficialmente, pero la denuncia la ha hecho el profesor Diego Hernández, quien fue vicerrector de la Sede Bogotá, que ayudó en la gestión de la norma.

Clic para leer el texto completo de la argumentación del Distrito a la Corte Constitucional.