Hay una mentira, grande, en el levantamiento de medidas del MEN a la U. Incca

Mayo 4/17 ¿Cómo entender que a una Universidad, como la Incca de Colombia, que hace más de dos meses no paga el salario a sus empleados y los tiene descubiertos en seguridad social; que tiene un buen número de sus propiedades comprometidas para cubrir préstamos financieros, con lo que aumenta el déficit que supera los 4 mil millones; que la planta física tiene señales de deterioro y abandono; que ningún programa está acreditado; y que enfrenta la renuncia de directivos por ausencia de condiciones para desarrollar una academia digna, entre otras situaciones graves y preocupantes, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 01854, le levante las medidas preventivas que le impuso a la luz de la Ley 1740, de inspección y vigilancia para garantizar adecuadamente sus condiciones de funcionamiento y calidad?

Para el Ministerio, absurdamente, "la Universidad INCCA de Colombia puede prestar el servicio educativo en condiciones de calidad", pese a que reconoce la difícil situación de la IES.

Y aunque el Ministerio (la viceministra Natalia Ruiz) advierte que la Universidad tiene que corregir; eso quedó dicho pero no quedó como decisión explícita en la resolución.

Sindicato cuestiona declaraciones de la Viceministra de Educación Superior (escuchar audio de la viceministra):

Por María Teresa Garzón Pulido, presidenta del sindicato de la Universidad Incca de Colombia: 

  • El desorden en los órganos colegiados que menciona la Sra. Viceministra no es tal, y las irregularidades halladas lo promovieron los actuales directivos al estar indebidamente nombrados en dichos cargos. Siempre existió en los órganos de gobierno representación de estudiantes, docentes y egresados, esto no es un hecho novedoso al interior de la Institución.
  • La última reforma estatutaria aprobada por este Ministerio -en vigencia de las medidas preventivas- no sólo quebrantó la voluntad del Fundador, sino que además permitió que la actual Presidente-Representante Legal y la Rectora, se perpetúan en el poder hasta su desaparición física que puede ir más allá de los 72 años de edad.
  • Es un despropósito decir que los programas académicos de la Institución no estaban funcionando por créditos académicos como en otras Instituciones. Los programas académicos al interior de la Institución vienen funcionando bajo la modalidad de créditos académicos desde hace más de cinco años. De otra forma no se entendería como el Ministerio ha venido otorgando Registros Calificados.
  • Las muy recientes contrataciones en la Oficina de Calidad Académica y la Oficina de Autoevaluación presentaron su renuncia hace dos semanas, dejando en el limbo a tres programas de ingeniería que deben presentar su solicitud de renovación de registro calificado que vence en próximos meses, sin que a la fecha se haya avanzado en los procesos propios y la elaboración de los libros maestros siquiera en un 10%. Es así como en los últimos tres años no se ha realizado un solo proceso de autoevaluación institucional.
  • La viceministra cita como causa de la alta deserción de estudiantes el mismo asunto curricular. Pareciera que se desconociera desde el mismo Ministerio, que, con su auspicio, la Universidad INCCA hasta el año 2014, participó en un proyecto interinstitucional para superar las causas de deserción, lo que permitió la implementación de programas de fortalecimiento para los primeros semestres en áreas como matemáticas y lecto-escritura, programas que con la actual administración no se siguieron desarrollando. Esto permitió que para el año 2014 se lograra llegara a más de 5.000 estudiantes y ha sido durante los dos últimos años que se ha presentado la más alta deserción de los últimos diez años representada en 2.000 estudiantes.
  • Dice la Dra. Ruiz que se tenían problemas con la contabilidad. Hay que decir que los problemas con la contabilidad no eran diferentes que los de la ausencia de un software contable que permitiera hacer más ágiles los procesos. Lo que hizo esta administración fue alquilar un software en la nube (SIESA), así como contratar los servicios de una firma externa para el manejo de la información contable, el que aún no se encuentra en funcionamiento pese a los altos recursos destinados para este fin, por lo que hace pocos días se emitieron estados financieros en el mismo obsoleto programa anterior.
  • Esta administración no ha realizado plan de desarrollo alguno. El actual es de 2013 por el Gobierno Superior de esa época.
  • Pareciera que no es de conocimiento del Ministerio que fue decisión de la actual administración de la Universidad no solicitar el Registro Calificado para el Programa Profesional de Derecho de Fusagasugá y el desistimiento de las visitas de pares para verificación de condiciones de calidad para los procesos de acreditación de las Licenciaturas. Razón por la cual no hay cohortes para estos programas a partir del I-2017. ¿Qué sentido tendría entonces continuar con los procesos de registro para la Especialización en Derechos Humanos en el Municipio de Fusagasugá, cuando se desiste de seguir ofertando el programa profesional?
  • No es menos desacertado por parte de este Viceministerio aceptar como un logro en el plan de mejoramiento, la reducción en la nómina de docentes de hora cátedra, medio tiempo y tiempo completo, cuando esto le ha costado a la Institución que durante los tres últimos años no tenga desarrollo alguno en investigación, proyección social, movilidad e intercambio docente.
  • Llama la atención que esta cartera no profundice en la complicada situación financiera de la Institución y en el hecho de que a la fecha, la Institución no tenga como cubrir sus obligaciones laborales de los meses de marzo y abril de 2017, como de lo delicado del retraso en el pago de seguridad social, que atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores de la Institución, para no mencionar su incumplimiento con proveedores y contratistas.

Finalmente, ¿por qué se levanta la medida casi dos meses después del informe del 7 de marzo?

Así las cosas, la Institución a la que le levantaron las medidas preventivas, dista mucho de la que realmente observan y viven los estudiantes, trabajadores académicos y trabajadores administrativos de la Fundación Universidad INCCA de Colombia.

 

No hay que especular. Aquí pasó algo y alguien mintió, pero lo cierto es que con su firma, la ministra Yaneth Giha, echó por el piso el espíritu de la Ley 1740 en cuanto a proteger a las IES, y está evadiendo la responsabilidad del Estado de garantizarle a los estudiantes y sus familias una educación decorosa. 

Con o sin intención, como pasó con el SNET, la ministra podrá decir que le informaron mal, y muy mal. ¿La Universidad en sus informes?, ¿los inspectores in situ, Rodrigo Acosta o Noralba Correa Toro?, ¿investigadores de la Subdirección de Inspección y Vigilancia (algunos de ellos objetados por miembros de la propia Universidad ante el Ministerio)?, los asesores del despacho que dieron su visto bueno para la firma de la ministra? o la viceministra o gente de su equipo?

Pero, además de dejarse mentir y abandonar la responsabilidad del Estado, que está en cabeza del presidente de la República, que la delega en la ministra de Educación, también hay negligencia, pues la decisión se basó en un informe, muy cuestionable, de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, del 7 de marzo, cuando los hechos, denuncias públicas y advertencias fueron recurrentes en las últimas semanas. Es decir, el Ministerio no vio, ni oyó, ni leyó, ni nada después de dicho informe. Como si legislará para el pasado y no para el presente.

Y si la Universidad no logra salir a flote sin acompañamiento del Estado? Volverán a intervenir? Podría ser demasiado tarde. 

Información de referencia:

- "Cumplimos y seguiremos cumpliendo", dicen directivas de la U. Incca

- Información oficial del Ministerio de Educación sobre el levantamiento de medidas