Profesora de la Iberoamericana no fue despedida por exigirle más a sus estudiantes, dice la IES

Abril 18/17 A Diana Trujillo-Rodríguez efectivamente se le terminó su contrato laboral con la Corporación Universitaria Iberoamericana, como ella lo denunció públicamente. El Observatorio conoció que luego de varias quejas de los estudiantes, el motivo de su salida -según la IES- correspondió a su constante forma de cuestionar a la Institución y al sistema universitario nacional, sin atenerse exactamente a desarrollar su clase. Según ella, quien perdió su contrato de carrera de tiempo completo, la Institución permitió una actitud laxa en su exigencia a los estudiantes.

El siguiente es el testimonio publicado por ella en Las 2 Orillas:

Hace dos semanas un grupo de estudiantes de segundo semestre de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la cátedra de Psicofisiología me pidieron que les hiciera un “taller de recuperación”. Todos habían perdido un quiz, anunciado previamente, con notas de 0.0, 1.0 y 2.0. Además, habían reprobado el parcial de primer corte, basado en lo visto en 4 semanas de clase, lo que les dejaba la nota muy baja.

Yo insistí en que no debía recuperarles la nota con un trabajo extra, ya que este me implicaría sacrificar tiempo personal para calificarlo, que más bien ellos debían responder con más esfuerzo durante el segundo corte.
La respuesta de los estudiantes era que “negociáramos”, que ellos “estaban acostumbrados a que las cosas se arreglaban” y que yo “no podía exigirles” el mismo rendimiento académico a los de la jornada nocturna porque “no tenían tiempo para estudiar”.

Mi respuesta se extendió por casi media hora, les dije que no era un negocio, era una cuestión de principios. Les dí ejemplos de cómo el sistema privado ha llevado a la idea de que nadie pierde, y ha creado algunas estrategias para evitar la deserción de los estudiantes. En muchas ocasiones, los pasan e incluso los gradúan, aún cuando no tienen las competencias necesarias. También, han eliminado la figura de trabajo de grado, sustituyéndola por cursos o diplomados, que no importa aprobarlos. Al final, la idea es matricularlos, sin importar si han incurrido en plagio o incluso cuando son tipificados como no aptos.

Continuando, les ofrecí acomodar mis tiempos para hacerles asesorías extra de clase, les ofrecí mi apoyo como su profe, y les sugerí que le pidieran a la universidad mejoras en los laboratorios, en los equipos, en compra de libros y en los procesos de evaluación y selección de los estudiantes. Hay estudiantes con necesidades especiales que no son suplidas adecuadamente por la institución y bajo la figura de “esas son las dinámicas” y “ese es el reto, profe” descargan la responsabilidad en los docentes a quienes no se les capacita en el modelo pedagógico con estrategias adecuadas para esa población.

Esa respuesta fue grabada, sin mi conocimiento, y llevada ante el rector. El jueves me citaron en gestión humana sin indicarme motivos. Me entregaron la carta de despido sin justa causa, la indemnización a la que se tiene derecho por ley y una explicación muy vaga de los hechos que llevaron a la decisión.

Yo tenía a mi cargo en la universidad 7 materias diferentes, con un total de casi 390 estudiantes, algo que a todas luces es una sobrecarga laboral. Había reportado eso previamente ante los directivos y había protestado abiertamente frente al uso obligatorio de una bata en espacios de clase. Con todo eso, tenía antecedentes de “revoltosa” y “sindicalista”.

Pongo así el caso de Carolina Sanín como ejemplo. Las empresas se escudan en un derecho a “mantener el buen nombre” para deshacerse de profesores que proponen a los estudiantes una postura crítica frente a la institución en la que depositan sus matrículas o que critican ciertas prácticas de tipo mercantilista. Además, promueven entre los maestros la idea de que aquel que no esté a favor de las prácticas institucionales debe ser silenciado. En mi caso, se excusaron en el derecho que se tiene del “despido sin causa injustificada”, me dieron una indemnización y acabaron el asunto.

Hay otra pregunta que uno debe hacerse, ¿es válido el uso de grabaciones en clase como elemento para tomar decisiones que afectan a los estudiantes sin hacer antes un debido proceso?, ¿no debería una universidad apegarse a sus normas internas y no despedir a los profesores en un ataque emocional y de rabia por el hecho de no compartir las prácticas y proponer el debate?