Es confuso e incierto el futuro de la F. U. San Martín

Marzo 15/17 Después de 40 días de vencido el plazo que tenía el Ministerio de Educación para estar con el control de la Fundación Universitaria San Martín, según Resolución 1244 de 2015, ese despacho informó que mantendrá la figura de Inspector in situ, que termina con los Delegados que habían reemplazado al Plenum, y que la Fund. Univ. San Martín (¿los herederos del fallecido Mariano Alvear?) tendrán 5 días para pronunciarse e informar al Ministerio qué va a hacer.

No se sabe qué va a pasar exactamente. Los directivos que habían cuando se dio la intervención, fueron sancionados con 7 y 8 años de inhabilidad (Resolución 1120 de 2017), no se sabe si se mantendrá en el cargo la actual rectora del Gobierno, Mayra Viera Cano, aún no hay nuevos registros ni nuevas matrículas y la situación financiera sigue crítica.

Salvo algunos académicos de vieja data en la Institución, no existen voces oficiales que representen a la Institución de manera distinta de los delegados del Ministerio, e incluso algunos especulan de intereses de terceros particulares en quedarse finalmente con la Institución. Para otros lo que hay es simplemente el interés de dejar extinguir lentamente la misma, hasta su desaparición.

En la actualidad sólo hay 5 programas con registro calificado, de cerca de 50 que alcanzó a tener la Institución.

A la fecha aparecen matriculados 4.696 estudiantes y en los dos años de intervención del Ministerio de graduaron 6.601, con lo que se reporta que tras la crisis desertó cerca del 50% de quienes aparecían en 2014.

Aunque el Ministerio dice que en casi todo se ha mejorado, es claro que lo financiero es el talón de Aquiles. Además de que se desconoce aún el estado real de obligaciones financieras y forma de pagos, los pleitos laborales continúan, pues el Ministerio de Educación siempre ha evitado asumirlos, y delegó el tema en los respectivos procesos judiciales con Mintrabajo.

El siguiente es el comunicado del Ministerio de Educación:

El Ministerio de Educación Nacional determinó que la Fundación Universitaria San Martín tiene posibilidades de continuar prestando el servicio educativo, teniendo en cuenta que ha superado los hallazgos académicos, administrativos y de buen gobierno. Sin embargo, debe presentar un nuevo plan para superar los problemas financieros que persisten.

Como se recuerda, desde el año 2015, el Ministerio de Educación Nacional impuso a la Fundación Universitaria San Martín una serie de medidas preventivas, de vigilancia especial y de salvamento, para garantizar la prestación del servicio educativo, a raíz de las graves irregularidades encontradas en la institución y que generaron una crisis en 2014.

Transcurridos dos años desde la imposición de medidas, el Ministerio de Educación hizo una Evaluación Integral a la Fundación Universitaria San Martín, tal y como lo ordena la ley. Esta evaluación se sustenta en los análisis e informes técnicos realizados por equipos expertos del Ministerio de Educación y en un concepto externo especializado.

Según esos informes, los seguimientos periódicos del Plan de Mejoramiento que adoptó y ejecutó la Fundación Universitaria San Martín arrojan un avance consolidado del 64%. En el componente académico el avance es del 99%; en el administrativo y de buen gobierno, 100%, y en el financiero del 50%.

Los informes técnicos mostraron mejoramientos constantes que permitieron el restablecimiento de la prestación del servicio educativo en 2015, la regularización del pago de docentes y personal administrativo vinculado, la reactivación de los servicios públicos en la sede principal y en los 19 centros tutoriales en el país, así como la graduación de 5.094 estudiantes que cumplían con los requisitos para recibir su título académico. Así mismo, se realizó la transferencia de los estudiantes matriculados en programas sin registro calificado.

En relación con el patrimonio para prestar el servicio educativo, las acciones desarrolladas por la Fundación Universitaria San Martín se han centrado en establecer su realidad financiera y determinar dicho patrimonio.

Los pasivos de la institución tienen una gran incidencia negativa en sus resultados financieros, debido a la acumulación de obligaciones adquiridas antes del 2014 que no tienen soporte alguno y que solo fueron identificadas en un proceso de llamamiento de acreedores que hizo la dirección de la Fundación Universitaria en 2015. La Institución deberá presentar al Ministerio de Educación un plan financiero que permita superar las dificultades que persisten en este aspecto.

Con el propósito de garantizar a los estudiantes de la Fundación el acceso al servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad, el Ministerio mantendrá temporalmente algunas de las medidas.

Determinaciones sobre las medidas de Inspección y Vigilancia Especial y Preventivas:

  1. El Ministerio continuará con la medida de Inspector in situ, que le permite vigilar permanentemente la gestión administrativa, académica y financiera de la Institución.
  2. La Institución continuará con la administración de sus recursos a través de la Fiducia, para garantizar la correcta aplicación de los mismos en la prestación del servicio y su operación.
  3. Los institutos de salvamento se mantendrán durante seis meses, al cabo de los cuales se deberá realizar una evaluación sobre el estado de la negociación de los acuerdos de pago y la situación financiera de la Fundación.
  4. El Ministerio considera necesario que la Fundación Universitaria replantee el plan de mejoramiento teniendo en cuenta los avances alcanzados y la situación actual, para superar en su totalidad los hallazgos que dieron origen a las medidas.
  5. El Ministerio podrá señalar las condiciones necesarias que la Institución debe atender en el menor tiempo posible, con el fin de corregir las irregularidades financieras que no han sido superadas.
  6. Se termina con la medida de designación de Delegados del Ministerio en los órganos de dirección de la Institución, gracias a los avances relacionados con el buen gobierno de la Fundación Universitaria.

Este 14 de marzo se comunicó esta determinación a la Fundación Universitaria San Martín, que tendrá cinco días para pronunciarse e informar al Ministerio las medidas que decida adoptar. Las observaciones que presente la Fundación serán analizadas y respondidas por el Ministerio en un término máximo de dos meses.