Los títulos de La Gran Colombia no son "chimbos", como dice Revista Semana

Marzo 4/17 Con el título "El lío de los títulos ‘chimbos’ de la Gran Colombia", la Revista Semana cuestiona la legalidad de una modalidad denominada Transferencia Externa de Profesionales, creado hace 17 años y que cuenta con más de 700 abogados graduados, en la que egresados de otras carreras pueden titularse como abogados en cinco semestres; es decir, se le homologan estudios de áreas de conocimiento general, diferentes a la disciplinar.

Esta es una práctica que puede hacer la Universidad en ejercicio de su autonomía universitaria, y no significa un programa diferente sino una forma de reconocer estudios de terceros.

La interpretación de la Revista sugiere que la Universidad estaría ofreciendo un programa diferente al que formalmente ya tiene registro calificado, y que esto se confirma con una comunicación del Ministerio de Educación en la que indica que la Universidad no informó de la modificación.

Aquí hay diversas interpretaciones jurídicas sobre si se debe o no informar esta modificación, pues no es un cambio estructural del programa inicialmente autorizado sino una estrategia creativa para admitir nuevos estudiantes, en este caso profesionales.

La Universidad ha dicho que el ofrecimiento del programa de Derecho cuenta con los respectivos soportes legales, así:

- Actos administrativos otorgados por el ICFES.

- Resolución 091 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional.

- Resolución 10575 de 2011 del Ministerio de Educación Nacional.

Y demuestra que en su Reglamento Estudiantil vigente tiene regulada la transferencia externa, el ingreso de profesionales para su admisión en el plan de estudios del programa de Derecho y los demás programas académicos; por lo tanto, se aplica el mismo registro calificado.

Señala también que la admisión de profesionales al programa de Derecho mediante transferencia externa, ha sido sometida a la evaluación, inspección y vigilancia por parte del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) y del Ministerio de Educación Nacional (MEN), obteniendo en estas visitas concepto favorable a su ofrecimiento.

Y enumera las actuaciones del Estado al respecto:

- Respuesta de Lilia Eugenia Ortiz García, Subdirectora de Monitoreo y Vigilancia del ICFES del 27 de marzo de 2002.
- Resolución No. 3366 del 16 de agosto de 2005 del Ministerio de Educación Nacional. De este documento se resalta que “los hechos materia de investigación fueron desvirtuados de acuerdo con el acervo probatorio suministrado por la institución en el curso de la misma” y ordena “archivar la investigación administrativa”.
- Informe de visita de Inspección y Vigilancia, radicación IE18128 del 25 de septiembre de 2008. La comisionada Patricia Esguerra Morales, abogada del Ministerio de Educación Nacional, después de realizar una visita de inspección y vigilancia el día 23 de septiembre de 2008 en las instalaciones de la Universidad La Gran Colombia, concluyó que “se encuentra que las transferencias internas y externas en la Universidad están reglamentadas en el ejercicio de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y en la Ley 30 de 1992 que reconoce a las universidades entre otros aspectos el derecho a crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y otorgar los correspondientes títulos y que eventualmente un estudiante, ya sea del plan anualizado, del plan por créditos o recibido mediante transferencia puede sí cuenta con tiempo y los recursos económicos adelantar asignaturas con el fin de acortar la duración del programa.”

- Federico Arturo Patiño Galindo, Subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, el día 2 de octubre de 2008, ratifica el concepto de Patricia Esguerra Morales y además manifiesta que “un estudiante de transferencia puede adelantar el programa de Derecho en menor duración al establecido, ello es, debido a la flexibilidad que le ofrece el programa al estar implementado en créditos, tal y como lo establece el Decreto 2566 del 2003”.