Universidades públicas poco han hecho para evitar la corrupción

Feb 5/17 La advertencia la hace Juan Carlos Yepes, exconsejero del CESU y profesor de la Universidad de Caldas, quien hace un balance de cómo en universidades públicas "no han escapado al influjo nocivo y devastador de la politiquería y la corrupción", y muchas de las advertencias que hizo en su última medición 2013-2014, la Corporación Transparencia por Colombia no se han tenido en cuenta, con lo que existe el riesgo de que actos de corrupción se hayan instalado en algunas IES. Recuerda cuáles son las prácticas poco existentes o inexistentes en un buen número de universidades públicas, y sugiere una política pública integral contra la corrupción en las universidades públicas.

Entre las situaciones anómalas halladas se encuentran:

- escasa o nula destinación de recursos económicos para la lucha anticorrupción;

- inexistencia de metas en el Plan estratégico institucional que incluya transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores;

- Plan de Acción con líneas de trabajo y metas de seguimiento;

- no publicación en los sitios web de los contratos o vinculaciones de personal;

- publicaciones en los sitios web con evaluaciones de desempeño;

- no publicación de la contratación en el marco de las disposiciones de 2013 relacionadas con Colombia compra eficiente;

- no publicación en página institucional de un Código de ética y buen gobierno ni asuntos relacionados con políticas, medidas o estrategias de transparencia;

- no claridad de canales de denuncia;

- no publicación de informes finales de interventoría;

- rendiciones de cuentas sin fundamento;

- no hay evidencia de política antifraude y antipiratería;

- no hay evidencia de que los pliegos de condiciones para contratación se hayan aprobado en algún cuerpo colegiado;

- no aparecen fichas técnicas  del objeto a contratar ni modelos estándar para los pliegos de condiciones;

- no se definen responsables de analizar las respuestas del proponente con precio muy bajo para establecer si es artificial o no;

- ausencia de procedimientos internos y responsables para resolver controversias de manera amistosa por parte de los contratistas;

- no hay mención de la inhabilidad de los supervisores en ser al mismo tiempo interventores de un contrato;

- no se hace mención de la falta que es omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato; o

- no hay un punto donde se establezcan las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, contables y financieras de la supervisión/ interventoría. 

 

Así mismo, además de lo indicado en los informes, Yepes advierte que para combatir la corrupción, se deberían poner los ojos y regular mejor aspectos como:

- las prácticas para nombrar rectores y miembros de los Consejos Superiores Universitarios

- la forma en que operan los mecanismos para proveer vacantes vía concurso público de méritos, y

- variables e indicadores para identificar la forma en que funciona la democracia universitaria.

 

Política pública integral contra la corrupción en las entidades públicas, y de manera especial en las Universidades oficiales

Para enfrentar esta situación, Yepes propone: 

- Conformación de un Grupo elite (“Bloque de búsqueda”) para detectar, perseguir, investigar y llevar a juicio a los corruptos que se han enquistado en las entidades públicas. El gobierno nacional, en unión con los Departamentos y Municipios, debe dar paso a la creación de dicho grupo que cuente con las condiciones necesarias, logísticas y financieras, para desplegar de manera eficiente su labor. Para ello se requiere de manera simultánea fortalecer la Fiscalía y los demás entes de vigilancia y control con disposiciones que permitan cualificar-modernizar el talento humano y sus dispositivos de acción.

- Vigilar y controlar a quienes vigilan y controlan. Es vox pópuli que entidades encargadas del control fiscal, de salvaguardar los principios de la administración pública, investigar conductas punibles y, en general, proteger la vida y honra de los ciudadanos a la luz de preceptos legales y constitucionales, han sido cooptadas en buena medida por los políticos y los gobernantes con sus coaliciones. Por tal motivo, debe crearse una Comisión Nacional de Vigilancia y Control a las entidades del Estado encargadas de estos trascendentales propósitos; para ello, se puede acudir a alianzas con prestantes organizaciones internacionales (entre ellas Naciones Unidas) que cuenten con experiencia en el área, para que desplieguen equipos de trabajo en Colombia y se apoyen en grupos académicos reconocidos en el ámbito de la investigación científica del país.

- Adoptar un Pacto interuniversitario de prácticas de buen gobierno y lucha anticorrupción (Manuales de transparencia y contratación con alto grado de blindaje frente a prácticas corruptas, creación de Comités permanentes de ética, fomento de compromiso de la comunidad universitaria con una cultura de la denuncia a los corruptos -brindando garantías de confidencialidad y seguridad- para que se acuda a los canales previstos para ello).

Reformar los Estatutos generales de las Universidades, de tal forma que el Control interno de Gestión y el Control interno disciplinario sean órganos autónomos e independientes de las administraciones de turno, que rindan cuentas al Consejo Superior (cuerpo que los elegirá de ternas propuestas por la comunidad universitaria).

- Que el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, incluya entre los factores clave de Acreditación de alta calidad un componente asociado con buenas prácticas de transparencia y lucha contra la corrupción, a través de variables e indicadores claramente verificables.

- Crear, fortalecer y consolidar Veedurías ciudadanas, conformadas por padres de familia, directivos de colegios públicos y privados -que nutren con sus egresados la educación superior- y otros actores de la sociedad civil que se apropien de las herramientas propias del control social y la participación para la defensa del bien público de la educación universitaria.

- Como lo han insinuado algunos académicos, constituir una organización similar a la MOE (Misión de Observación Electoral) que vigile y preserve la transparencia en la elección de directivos universitarios y representantes o delegados a los diferentes cuerpos colegiados de las instituciones de educación superior.

Para ver el análisis completo que realiza el profesor Yepes, haga clic aquí