Las 10 mil becas: Un éxito entre la opinión pública, pero….

Análisis de El Observatorio

Si el presidente Santos y la ministra Parody cumplen su anuncio de extender el programa a 40 mil becas en este cuatrienio (10 mil por año), podrían dejar compromisos al siguiente gobierno por cerca de 1.7 billones de pesos.

Para muchos editorialistas, periodistas y analistas, el programa “Ser Pilo Paga”, o de las 10 mil becas a los mejores bachilleres del país, ha sido un éxito de política pública, sobre el que se basa gran parte de la proyección de la ministra Gina Parody, pero más allá de los enormes beneficios (especialmente personales) que representa el programa para los beneficiarios, hay muchas dudas en torno del impacto real que el mismo puede traer al sistema de educación superior, además de su alto costo económico.

Sea cual sea el próximo presidente, encontrará comprometido el presupuesto para educación superior para terminar de cumplir compromisos del anterior gobierno con menos del 2% de bachilleres que se gradúen en ese tiempo, y sin crear nuevas becas.

La cifra es fácil de obtener: Si en 2015 las 10 mil becas le significarán una proyección de 155 mil millones de pesos al Gobierno Nacional, subsidiar el estudio de los 40 mil beneficiarios en los 4 años de Santos (los últimos estarían terminando en 2.022, al finalizar el siguiente gobierno) le significarían al país un costo aproximado a los 3.3 billones de pesos, que es una cifra similar a lo que anualmente el Estado transfiere a las 32 universidades públicas.

Es decir, pagar el estudio de los 40 mil mejores bachilleres tiene un costo similar a lo que le cuesta al Estado transferir recursos para el funcionamiento de toda la universidad pública (cerca de un millón de estudiantes) en un año.

No debe olvidarse que en campaña el presidente Santos llegó a ofrecer hasta 600 mil becas en educación superior, que redujo a 400 mil en su discurso de posesión el 7 de agosto, y que de otorgar las 40 mil sólo estaría atendiendo el 10% de su promesa.

Pros y contras del programa

Indudablemente dar estudio es uno de los mejores ofrecimientos que una sociedad puede hacer para disminuir la equidad y fomentar el progreso, y mucho más si es para los mejores bachilleres con menores condiciones económicas. Esto no tiene cuestionamiento alguno.

No obstante, la manera como está concebido y funcionando el programa genera consideraciones en torno de inqeuidad e indebida distribución de recursos.

En primera medida, el programa sería una verdadera política de Estado si se convirtiera en un esfuerzo permanente y no sujeto a decisiones política del Ministerio de turno o a la disponibilidad presupuestal. A partir del momento en que deje de funcionar el programa, se generará un desequilibrio (¿injusticia?) con los mejores bachilleres que comiencen a graduarse y no cuenten con ese beneficio.

Indudablemente habrá un impacto social, que se traducirá en críticas de la oposición y malestar, frente a los casos de aquellos estudiantes que, por desempeño académico o situaciones personales, muy seguramente derivadas de no adaptación o de suficientes recursos para sostenerse en las grandes universidades alejadas de sus ciudades de origen, lleven a la deserción de algunos de los mejores bachilleres. Para algunos, no será fácil para un estudiante de provincia, por ejemplo, vivir en Bogotá con 4 salarios mínimos al semestre para su sostenimiento por semestre.

Con una deserción nacional promedio que supera el 40% es difícil pensar que, aunque sean los mejores bachilleres, ninguno va a desertar.  Mucho más cuando las estadísticas muestran que el 47.8% de estudiantes cuyas familias perciben menos de 2 salarios mínimos mensuales, abandona la universidad antes de finalizar sus estudios. “Si el programa no quiere fracasar estruendósamente, tendría que incluir la muerte de familiares cercanos, el desempleo de los padres o la calamidad económica de la familia, entre las causales de no penalización financiera en caso de suspender los estudios”, señala el filósofo Rodolfo Arango, profesor de la misma U. de Los Andes. Vale señalar que por la configuración de las universidades acreditadas, estudiantes de Armenia, Pasto y Santa Marta, entre otros, tiene que moverse a otras ciudades, porque allá no hay acreditadas.

Esta situación trae un componente incómodo y que será objeto de mas críticas: Los estudiantes que deserten perderán la beca y esta se convertirá en un crédito. Es decir, pasarán de ser beneficiarios a deudores.

Visto de otra manera, para el Estado lo que hoy se constituye en un beneficio político, podría convertirse un malestar económico o social: Ajustarse en sus recursos para sostener el programa y también dar más dinero a las universidades públicas o, en el peor caso, sostener el programa con menos recursos en virtud de la deserción acumulada en el mismo. Además, a partir del momento que el programa desaparezca habrá una presión - malestar de os nuevos mejores bachilleres.

Ahora bien, en caso de obtenerse la graduación de la mayoría de los actuales bachilleres beneficiados como profesionales, ¿qué ganará el país?. Además de contar con nuevos profesionales, de muy seguro buen desempeño, no hay garantía alguna de que trabajen en y para Colombia y no se vayan al exterior o, en últimas, que puedan devolver al Estado algo de lo que se invirtió en su formación. Claramente está demostrado que las ganancias personales de los profesionales son mucho más altas que las sociales, y probablemente no todo lo que estos retornen al Estado, vía impuestos como profesionales, compensen la inversión actual. No hay, en el Programa, ninguna condición o contraprestación posterior de parte de los actuales beneficiados.

Entre tanto, a manera de comparación, miles de buenos bachilleres de estratos medios y altos, seguirán graduándose como profesionales y quedarán empeñados por préstamos como los de Icetex. “Fíjese que en las becas –dice el rector de la Nacional, Ignacio Mantilla-, los que son de estrato 3 para las becas están sin ninguna posibilidad porque como no son suficientemente pobres no tienen derecho a la beca, pero tampoco tienen los recursos suficientes para estudiar, entonces se quedan sin oportunidades”.

Bajo este panorama, ganan los bachilleres que logren graduarse, no importa su promedio, pero no el conjunto de estudiantes del sistema de educación superior. “Ese es uno de los ajustes que hay que hacerle al modelo”, señala Mantilla.

Las otras grandes ganadoras del Programa son las universidades privadas acreditadas institucionalmente. Sin buscarlo, se ganaron la lotería, pues cada año les podrían estar llegando entre 300 y 600 estudiantes que no esperaban, con altas probabilidades de no deserción y con los ingresos por matrícula asegurados, porque paga el Estado.

Universidades como Los Andes, por citar el ejemplo de la que tiene el valor de matrícula más alto en todo el país, podrá embolsarse cerca de 200 mil millones de pesos si se da la tendencia con la primera versión del programa, durante los 4 años de este gobierno. Cifras similares, aunque menores, podrían recibir las otras universidades acreditadas con mayor demanda (por ej. Salle y Javeriana).

Es un maravilloso negocio para estas universidades. Van a la fija, no tienen obligación de asegurar resultados exitosos de los estudiantes, no pasa nada si estos desertan (excepto que dejan de recibir ese dinero), y ni siquiera se les pidió descuento o congelación de matrícula por parte del Estado. Es decir, el Gobierno les reconocerá el valor de matrícula igual que el de un particular que ingrese a esas universidades.

Si se trata de un programa de carácter social y las IES hacen parte de un sistema comprometido con el país, perfectamente se hubiera logrado que recibieran estudiantes por una tercera parte o la mitad del costo de matrícula, y aún así seguiría siendo llamativo el programa para ellas.

Lo peor de la figura es que tiene algo de perversidad, y muy probablemente el costo final podría ser mayor al inicial, pues lo más probable es que las universidades acreditadas comiencen a subir sus matrículas, de 2016 en adelante, por encima del IPC, argumentando las inversiones que harán y los programas de acompañamiento a estos estudiantes, con lo que el Estado, además de seguir no haciendo su control sobre este tema de valores de matrícula, terminará pagándoles a las universidades privadas matrículas muy por encima de lo inicialmente contemplado. Negocio rendondo… para las privadas.

Aunque la Contraloría General de la República no vigila los entes privados, podría hacer curso la iniciativa de que las universidades privadas rindan informes de los recursos del programa, en virtud a que reciben recursos directamente del Estado. Esto es, miles de colombianos se están formando, con dinero de los impuestos, en universidades privadas.

Además, dicen algunos, mientras los beneficiarios reciben directamente los subsidios, miles de familias de colombianos realizan una especie de triple tributación en educación superior: Primero por el costo de las matriculas de sus hijos, segundo por los pagos de impuestos que recaudan dineros para transferir a las universidades públicas y tercero, por los impuestos que, indirectamente, deberá crear el gobierno para soportar programas como los de las 10 mil becas, que llegarán especialmente a las universidades privadas.

En una entrevista con el diario El Espectador, la exministra y hoy rectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cecilia María Vélez, señala que lo que negoció el gobierno con las IES fue el apoyo. “Vamos a tener una reunión para informar cuáles son los apoyos que van a dar las universidades. Si bajas las matrículas, entonces no les puedes dar los apoyos que quieres. Pero también pudo hacerse así”, reconoció.

En cambio, para las universidades públicas el programa no representa mayores beneficios, porque su costo nominal de matrícula es mucho inferior a lo que realmente cuesta desarrollar la acatividad académica para los estudiantes. Aunque claramente los estudiantes prefirieron las universidades privadas a las públicas porque sus egresados tienen mejor posicionamiento en el mercado laboral y porque su ambiente de bienestar es más agradable (casi todos prefieren instalaciones estéticamente bien dotadas a aquellas deterioradas, y terminar su carrera en el tiempo debidamente indicado y sin la incertidumbres de paros), las públicas descansaron porque no les llegaron muchos becados (sólo el 15%. De los 10.080 “pilos”, 8.490 ingresaron a universidades privadas), pues en el mediano plazo terminarían aumentando sus gasos de funcionamiento (por ejemplo, más profesores para atender a los becados) y eso complicaría aún más los ingresos esperados por transferencias de Ley 30.

“Los cupos que se quieren abrir no mejorarán de ninguna manera las tasas de cobertura, pues la estrategia no contempla que se abran nuevas plazas en las carreras, sino que se redistribuyan las que ya existen. Las universidades tendrán que reservar parte de los cupos que ya tienen para estos becarios, así que ofrecerán menos plazas en los procesos de admisión”, advirtió el exrector y expresidente del SUE, Luis Enrique Arango Jiménez.

Todo esto conlleva a un cuestionamiento sobre la efectividad, intencionalidad y relacionamiento que el actual gobierno tiene frente a sus universidades públicas. Aunque la ministra, recién posesionada, insistió públicamente que la mejor calidad de la educación superior es la de la universidad pública, sus acciones demuestran inclinación hacia la privada. Pone a pensar, por ejemplo, que en las becas de maestría en educación que se darán para docentes de colegio, no esté en la lista de universidades privilegiadas, la Pedagógica Nacional, que aunque no está acreditada institucionalmente, fue creada por el Estado para formar a sus maestros.

Salomón Kalmanovitz ha dicho que que “para las universidades privadas costosas, la política contribuye a que los cupos disponibles sean ocupados por los mejores estudiantes y no sólo por los más ricos, lo cual subirá aun más el nivel académico con el que cuentan”. Esto, en el mediano plazo, puede inclinar la balanza de resultados de calidad hacia las privadas y no las públicas.

Lo que queda de todo esto

El programa amerita una revisión en su diseño y alcance, so pretexto de hacerse “odioso” a los ojos de los rectores de las universidades públicas cuando vean que sus constantes pedidos de más presupuesto no son atendidos conforme sus expectativas, que los recursos del CREE no tienen la dimensión inicial, y que aumentan las exigencias de toda índole para ellos.

Además, porque aunque se aumente la cobertura en educación superior, aún Colombia se está lejos de la deseada cobertura universal, porque en la realidad no se está reconociendo a la educación superior como un derecho, y porque con 3.3 billones de pesos que puede llegar a costar la promoción de 40 mil mejores bachilleres, se podría mejorar el impacto para muchísimos más jóvenes y las finanzas de las IES públicas.

Como bien señaló un editorial de El espectador “más que una política pública estructurada, se trata de un experimento arriesgado (y lo decimos en el sentido menos peyorativo que la palabra tiene) del que se pueden sacar insumos importantes para las próximas reformas que trate de emprender el Estado colombiano. Por ahora, asimismo, es una política de gobierno. Vamos a ver si tiene la fuerza para transformarse en una tendencia estatal mucho más grande”.