Temas críticos en la apuesta de país por una política pública de educación superior

Para que la educación superior colombiana cuente con una Política Pública integral, que atienda a los requerimientos de Colombia como sociedad de conocimiento, el sistema debe enfrentar, además de temas como financiación, autonomía y tipología institucional, entre otros, algunos aspectos polémicos que, en medio de los debates sobre calidad y cobertura, no han sido abordados decididamente. El Observatorio de la Universidad Colombiana analiza los analiza.

El país se encamina hacia una Política Pública de Educación Superior

Salvo la MANE, que representa a una fracción (cada vez más disminuida) del movimiento estudiantil, y que señala que el suyo es la único modelo de educación viable, la gran mayoría del país educativo se ha volcado, con positiva expectativa, en torno del compromiso adquirido por el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, de producir una política pública en educación superior, para un horizonte estimado de los próximos 20 años.

Para ello se vienen escuchando las opiniones que libremente dan todas las personas en los Diálogos Regionales, a lo largo del país, pero también se habla de reunir lo que se ha dicho en estos dos años de post-proyecto de reforma de la Ley 30, y recientemente se consolidaron mesas temáticas en donde rectores públicos y privados y todas las asociaciones de IES (Ascun, Sue, Aciet, Aciup, Acicapi, además de Fodesep y Foro Permanente, entre otras), están trabajando en torno de temas recurrentes siempre que se habla de reforma: Financiación, calidad, política, ciencia y tecnología, entre otros.

Auncuando el CESU (integrado por una muy variada representación de gobierno y de no gobierno) quiere trascender el momento político del país, y especialmente de la próxima campaña presidencial, la voluntad de la mayoría de actores del sistema (conscientes de su responsabilidad para producir un nuevo sistema más equitativo y con más calidad, como principales preocupaciones) podrían llevar a que, contrario a lo sucedido con el frustrado proyecto de reforma del Ministerio, la Política Pública que se proponga podría contar con un significativo respaldo de opinión especializada, que lleve a los candidatos presidenciales a reconocerla como una construcción mayoritaria y un anhelo de país.

La tarea no es fácil. Se tendrá que buscar consenso frente a temas que han enfrentado a los académicos como, por ejemplo: autonomía plena sólo para universidades o también para las no universidades; hasta dónde debería llegar la gratuidad educativa; formas de composición de los consejos superiores de las universidades públicas; desarrollo de la investigación según los niveles de formación; y cómo equilibrar o dividir las funciones de fomento con las de inspección y vigilancia, a través de la posible creación de una Superintendencia de Educación Superior, entre otras.

Además, el CESU debe lidiar los intereses propios de sus integrantes y sus representados, cuando deba asumir posiciones definitivas.

El objetivo de la Política Pública es, como lo señaló la ministra Campo, que ésta se constituya en un documento de obligatoria referencia para los planes de acción de gobiernos locales, departamentales, nacionales y de las mismas IES, y que, claro está, vaya acompañado de recursos económicos que den viabilidad a la política y que se comprometa a todos los ministerios y entidades estatales en el aporte con este plan de trabajo.

Claramente, por lo menos así se espera de parte de rectores y de seguidores del tema, la Política Pública que se espera, deberá responder como mínimo a aspectos trascendentales tales como: Modificación del modelo de asignación de recursos a la educación superior pública, equidad en la asignación a las IES públicas que no son universidades y definición de un esquema de indicadores que motiven la gestión; unificación o mayor diversificación de la actual tipología institucional y de los niveles de oferta de pregrado y posgrado que podrán dar las instituciones de educación superior; una nueva forma de organización y de gestión de un sistema de aseguramiento de la calidad que permita agilizar los procesos de fomento, registro calificado y acreditación; alternativas a cómo las IES pueden hacer más real el concepto de pertinencia a través de la articulación con otras IES, empresas, proyectos de investigación y de internacionalización; y estrategias, como país, para llevar educación superior de calidad, pertinente y con vínculo laboral, a las regiones apartadas de las grandes capitales.

No obstante, y aunque pocas líneas se hayan dedicado y no sean tema recurrente en los múltiples espacios públicos, El Observatorio de la Universidad Colombiana considera que para que la educación superior colombiana cuente con una Política Pública integral, que atienda a los requerimientos de Colombia como sociedad de conocimiento, el sistema debe enfrentar de una vez por todas algunos aspectos polémicos que, en medio de los debates sobre calidad y cobertura, no han sido abordados decididamente, tales como:

1) Definir el rol del SENA: El Servicio Nacional de Aprendizaje recibe una suma de dinero similar a la suma de todas las transferencias del Estado a las universidades públicas del país. Cuenta con todo el apoyo del Gobierno Santos, y oferta al mismo tiempo educación formal, no formal e informal. Su formación técnica laboral es muy bien reconocida por el mercado, mas se cuestiona la efectividad, proceso de registro calificado y ausencia de evaluaciones Saber Pro de sus programas técnicos profesionales y tecnológicos. Mientras que su matrícula contribuye en los resultados de cobertura en educación superior, para los lectores de El Observatorio, esta formación no debería ser considerada como educación superior.

2) Reposicionar la formación para el trabajo y el desarrollo humano: El país no sabe exactamente cuántas instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano tiene (se estima que son más de tres mil con más de un millón de jóvenes). Muchos no sabe si es o no educación superior, y es dudosa la calidad de formación de muchas de ellas, que se aprueban por las secretarías de educación municipales, sin rigursos estándares de seguimiento y control, y con un declarado ánimo de lucro en sus dueños, que han encontrado habilidosas maneras de hacer alianzas con algunas IES (necesitadas de ingresos) para migrar estudiantes, a cambio de comisiones de matrícula, y con generosas convalidaciones de estudios.

3) Potenciar la virtualidad: Pese a los innegables beneficios que la tecnología da a la educación superior y a su aprendizaje, su uso aún sigue siendo limitado. No sólo debe ser una exigencia en los programas de carácter presencial, sino que debe tener una mayor promoción y regulación en los programas de distancia (tradicional y virtual), si es que no se decide por crear un registro calificado único (en donde cada IES libremente defina qué metodología ofertar). Ahora que Colombia será sede de Virtual Educa, debe buscarse asegurar la calidad de esta modalidad y no confundirla con un uso indiscriminado de la red, sin ayudas didácticas ni reales procesos de acompañamiento.

4) Clarificar el alcance de los ciclos propedéuticos: Nacieron como resultado del lobby de algunas IES técnicas en el Congreso, mas no por convicción y debate de la comunidad académica. Una década después generan duda sobre su conveniencia y calidad, pues no es claro cuáles son los alcances y objetivos esperados en lo técnico y lo tecnológico, y erróneamente se ha asumido que lo tecnológico es un año más de formación técnica, pero en la práctica no es el desarrollo de las ciencias básicas, como se trabaja en otros países. Matrícula barata, formación de corto tiempo y titulación rápida son sus principales argumentos de venta, pero el sistema no termina de aceptarlos.

5) Regular o cancelar las propuestas de articulación: Que bachilleres de grado 10 y 11 inicien sus estudios superiores y que al mismo tiempo reciban su título de secundaria y uno como técnicos profesionales, es una idea muy llamativa (especialmente para los jóvenes y las IES técnicas) y que cuenta con el respaldo (por ejemplo del MEN) para incentivar cobertura y habilidades laborales; pero para muchos académicos esto va en contra de la formación superior, de la calidad de la misma y de iniciar en otros ámbitos de responsabilidad a jóvenes de 14 y 15 años en algunos casos. Más allá de programas de gobierno de mandatarios locales, esto debe alinearse con propósitos de país y de áreas de formación.

6) Reconocer la oferta de IES internacionales en el país: Si se habla de universalidad y de calidad, como criterios de excelencia académica en la educación superior, el país no puede ser provincial ni cerrar las puertas a instituciones de educación superior de otros países que pretendan ofertar programas en Colombia. Si son o no IES con ánimo de lucro es otra cosa, que deberá reglamentarse, pero como en toda actividad de oferta y demanda, la competencia contribuye a impulsar la calidad.

7) Definir retornos al Estado de las IES públicas: El solo mencionarlo causa molestia en la universidad pública, pero el país debe pedir cuentas de su gestión. El presupuesto nacional no puede darse el lujo de transferir billones de pesos sin concer exactamente los resultados de esta gestión, más allá de datos de conbertura. Así se tilde como neoliberal o economía de mercado, Colombia debe fijar indicadores de logro de sus universidades públicas, retornos sociales de sus egresados, búsqueda de mecanismos para compartir escenarios, softwares y recursos entre las mismas universidades públicas, y por qué no, hasta de pago económico de quienes estudien en IES públicas y se retiren antes de su grado.

8) Dignificar la profesión docente: Si se desea calidad académica y compromiso docente, el país no puede seguir viendo como normal que los profesores de planta tengan contratos de 8 y 11 meses al año, y que ser docente universitario sea visto como una profesión de segunda clase y mal remunerada, mientras que cada día se exige a estos mayor formación posgradual con la misma escala de salarios.

9) Definir el alcance real de la investigación: La acreditación y los procesos de registro calificado impulsaron unidades de investigación, semilleros, grupos y cultura investigativa en las IES, pero en un importante número de éstas, esto es un saludo a la bandera, una inversión injustificada de presupuesto, sin resultados concretos y acciones descontextualizadas y que poco o nada se relacionan con una política nacional de ciencia y tecnología que, a propósito, el país no parece conocer y en donde Colciencias actúa más como secretaria técnica de los OCADs, gestionando dinero de regalías para gobernaciones y no para IES, que en orientar en cómo la investigación científica puede potenciar al país.

10) Controlar las prácticas lucro: La frustrada propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, dejó al país sin la posibilidad de analizar técnicamente la inclusión del ánimo de lucro en la educación superior, y todo indica que, por lo menos por varios años el tema quedó vetado. Pese a eso, en el sistema se presentan prácticas de abierto ánimo de lucro que deben ser controladas, para evitar que unos pocos se lucren sin ni siquiera transferir impuestos al Estado: Creación de personerías jurídicas distintas a las de las IES para transferir allí los ingresos; regular la contratación con cooperativas de trabajo asociado; revisar el uso de las prácticas profesionales como mano de obra barata, o gratis, en empresas, granjas, y sociedades de dueños de las IES; sancionar penalmente el “testaferrato” de algunos integrantes de consejos superiores, quienes a cambio de pagos mensuales, representan intereses comerciales de terceros (los reales dueños); crear impuestos al arriendo y alquiler de infraestructura física de IES privadas, para incentivar que éstas sean adquiridas por las instituciones y no rentadas a familias y empresas de los mismos dueños; controlar la aparición de asociaciones, operadores logísticos, intermediarios y diversas figuras de alianzas de IES y no IES para ofertar servicios y tercerizar servicios e ingresos; clarificar el marco fiscal para instituciones que, al mismo tiempo, ofrecen programas de educación superior (sin ánimo de lucro) y programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano (con ánimo de lucro); prohibir que una misma persona, o terceros, tenga la propiedad de dos o más instituciones de educación superior; hacer públicos los nombres de los integrantes de consejos directivos de las IES privadas y la clase de vínculos y beneficios con éstas; y que se cree un mecanismo de fiscalización pública de la aprobación y ejecución anual de los presupuestos de las IES, entre otras acciones. Incluso, debería congelarse el valor de la matrícula, o por lo menos evitar que se aumente más allá del IPC, a cada cohorte durante su vigencia, para evitar constantes incrementos que difícilmente puede controlar el Ministerio de Educación.

11) Agilizar procesos de inspección y vigilancia: El Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación o la entidad que se cree, debe contar con los suficientes herramientas jurídicas que le permitan sancionar de forma más expedita aquellas prácticas e IES que incumplan la oferta educativa, dilaten sus compromisos, sacrifiquen la calidad o violen las normas financieras, contables, de publicidad, y en general condiciones que afecten la calidad del servicio educativo. Esta información debe ser pública y oportuna, y no ceñirse a los lentos mecanismos e instancias tradicionales de justicia, que sólo dilatan los problemas y permiten que las IES evadan sus responsabilidades. Las quejas de la ciudadanía, la apertura de investigaciones, los programas condicionados, los registros calificados negados y los directivos sancionados, deben ser informados públicamente, y el país debería tener como referentes rankings oficiales de toda índole para contribuir a que haya transparencia en la toma de decisiones del sistema educativo: Resultados de IES según ejercicios económicos, pruebas Saber Pro, costos de matrículas, años promedio para graduarse de cada IES, cumplimiento e incumplimiento de normas….

12) Asegurar condiciones de práctica y ejercicio profesional de los programas del área de la salud: La formación de profesionales en el área de la salud no puede ser víctima o contribuir con la crisis del sistema de salud colombiano. El Estado debe demandar un esfuerzo conjunto (Minssalud y Mineducación) porque las prácticas en estos programas se haga en condiciones y escenarios dignos, que contribuyan eficientemente al aprendizaje, al servicio social y a que las universidades no caigan, desesperadamente, en el lucro de algunas instituciones de salud que se aprovechan de la necesidad de contar con escenarios de práctica. Finalmente, más allá de la independencia del Legislativo para analizar sus propias leyes, una Política Pública en Educación Superior debe comprometer al país a que el Congreso no tramite Leyes de la República que impacten y modifiquen el modelo de educación superior, sin el debido estudio y consentimiento de los organismos e instituciones de educación superior reconocidas en el sistema.