¿Educación gratuita?, Ojalá… pero alguien tiene que pagarla

ANALISIS DE EL OBSERVATORIO. Un exlíder de la desaparecida MANE (Mesa Ampliada Nacional Estudiantil) aspira llegar al Congreso prometiendo educación gratuita y de calidad en la universidad pública. Un eslogan vendedor y llamativo, pero poco viable a la liz de la realidad fiscal del país y la experiencia mundial sobre financiamiento de la educación superior. Un debate en época pre-electoral y momento en que la U. pública demanda más recursos.

El costo económico de la gratuidad -que alguien debe asumir-, los impactos indirectos de la misma, entre ellos sobre la calidad, y la ausencia de un proyecto de país que garantice la efectividad de la educación superior masiva, indican que a Colombia le falta revisar sus estructuras para implementar un esquema de estos.

Se debe comenzar indicando que la calidad es subjetiva (incluso habiendo acreditación), pero la financiación, no.

Porque producir y asegurar una educación digna; es decir, que garantice que el educado medianamente se eleve en su potencialidad humana y capacidad laboral, cuesta: Profesores, infraestructura, sostenimiento, intercambios, tecnología…. Y ese costo alguien lo tiene que asumir.

La mayoría de la opinión pública se inclina a decir que es responsabilidad del Estado, que es el cuerpo social que ejerce el control sobre las políticas, el sistema educativo y cuenta con el dinero que, esencialmente, proviene de los recursos naturales, la productividad empresarial y los impuestos (es decir, los propios ciudadanos, tanto los que acceden como los que no acceden a la universidad).

Otra forma como funciona el actual esquema colombiano, es que lo paguen directamente, completa o parcialmente, los propios estudiantes o sus familias. En nuestro país, los estudiantes de la universidad privada lo deben hacer completamente (así deban endeudarse para ello), y los de las privadas, deben hacerlo parcialmente (con respecto al costo real de formar a cada alumno, así para ellos el valor de matrícula sea alto). Así que, desde este punto de vista, no es claro cuál de los dos grupos (los estudiantes de las IES privadas o de las públicas) están siendo más afectados con el sistema.

¿Qué debe priorizar el Estado?

El análisis, entonces, parte de lo económico, y busca responder a la pregunta: ¿Quién, cómo y hasta dónde se debe asumir el costo de la educación superior de los colombianos?

Y antes de responder esto, vale la pena un análisis basado en la sociología de la educación, y evaluar hasta dónde la educación superior representa una prioridad para una Nación, y sobre qué otros rubros del gasto social debe imponerse.

La economía, dicen muchos pragmáticos de esta ciencia más social que exacta, es la administración y distribución de los escasos recursos, y en una sociedad en donde la salud, la infraestructura, la justicia, la movilidad, lo que continúa de conflicto y hasta los pensionados, entre otros (por no citar los presos, las medidas preventivas de embarazo temprano, abortos, drogadicción, la atención de catástrofes naturales….), demandan más y más recursos, el Estado debe priorizarlos atendiendo la emergencia social, las urgencias de país y las inversiones. ¿En qué orden debe estar la educación superior (no la básica y media, sino la superior), con respecto a estos otros escenarios sociales?. Si la respuesta es que debe estar por encima del actual ordenamiento fiscal de Colombia (que presupuestalmente es alto, lo cual no dice que suficiente) eso implica aumentar los recursos para la educación, y estos necesariamente deben llegar de la reducción o sacrifico en el presupuesto de otro sector. Es decir, mejorar los recursos públicos para la educación podrían llevar a generar un conflicto en otro sector.

Es seguro que si no hubiera guerra y escándalos como los de Odebrecht, el presupuesto general de la Nación, podría aprovecharse más para favorecer el financiamiento de la educación superior, pero ese es un terreno de difícil concreción. Tan difícil que el propio presidente Santos prometió a los estudiantes, en el primer semestre de 2016, en el auditorio León de Greiff de la U. Nacional, que si se firmaba el acuerdo de paz con las Farc, lo que se dejaría de destinar a la guerra iría para educación. La realidad es que casi un año después de firmada dicha paz, las finanzas de la educación superior no mejoran y, paradójicamente, la inversión en defensa aumenta.

Y, entre tanto, la corrupción privatiza los ingresos que el Estado recibe por sus recursos naturales e impuestos, y afecta la productividad. Es decir, el primer enemigo de una sociedad con finanzas saneadas y disponibles para mayor inversión es la corrupción. Un estado corrupto es un estado cada vez más pobre, que solo puede financiar los gastos inmediatos y no las inversiones de largo plazo, como la educación. Esto ayuda a entender, por ejemplo, los resultados del último informe mundial sobre competitividad, en el que Colombia bajó del puesto 61 al 66, con el consiguiente impacto negativo en la confianza como país y la inversión de grandes capitales.

Lamentablemente, la educación superior poco o nada da votos. Santos (2010) no prometió nada, y salió con una abortada propuesta de reforma de la Ley 30, en 2011. Santos 2 (2014) prometió 400 mil cupos nuevos en el sistema -que no va a cumplir- y salió con Ser Pilo Paga y todos los efectos inequitativos para el sistema, ya por todos conocidos. Mientras tanto, los pocos candidatos que hablan del tema, generalmente de izquierda (a la derecha parece no importarle el tema), poco han logrado triunfos.

En medio de todo este panorama se ve que ni siquiera, como país, Colombia ha dado un debate serio sobre la posibilidad de asumir el costo pleno de la educación superior.

La educación superior como un derecho

Ese asumir el pleno costo de la educación superior es, para muchos, sinónimo de gratuidad, que debería ir acompañado del reconocimiento de la misma como un derecho y, por tal razón, una garantía de convivencia que no puede ser restringida (ni en acceso ni en requisitos de ingreso), sino, por el contrario, promovida por el Estado. Y la mejor forma de promoverla es la de subsidiar plenamente el estudio.

Pero entonces surgen preguntas en torno de la gratuidad. ¿Qué nivel de calidad debe darse? ¿Estilo Universidad Nacional, estilo Sena o estilo Infotep, por citar algunos ejemplos…? Hasta qué niveles: Técnica y tecnológica, profesional o posgrados?, y hasta qué grado de obligaciones a subsidiar Mantenimiento, alimentación, transporte, materiales educativos….?

Prometer gratuidad educativa implica responder esto o estar dispuesto a asumir las exigencias de quienes no las reciben.

Además de lo difícil que es responder esto, en el supuesto de que la educación se reconozca como un derecho, y no como un servicio, como actualmente está consignada en nuestro ordenamiento constitucional, el Estado debería garantizar las condiciones para ello, a través de una Ley Estatutaria, dicen algunos de los defensores de la idea.

También va más allá de incrementar en algunos pocos puntos los aportes a las IES del SUE y silenciar a sus rectores. Esto va mucho más allá, incluso de los 14, 15, 16 o más billones que se mencionan desde 2012, cuando los vicerrectores administrativos quisieron elevar a las IES públicas a condiciones similares a las de la U. Nacional. Porque esto implica también asegurar la infraestructura, o nuevas universidades, para garantizar la cobertura en todo el país, y eso vale mucho, mucho dinero.

Pero incluso si esos deseos se quisieran concretar, está la limitante fiscal. Vale recordar que tal y como en Colombia se soñó el derecho a la salud, que tuvo reformas para ampliar cobertura y mejorar calidad, y hoy tiene una ley estatutaria que la respalda, todos oímos a diario sobre la crisis de ese sistema de salud.

¿Está la educación superior por encima de la salud? La pregunta es incómoda, pero refleja que ni siquiera reconociendo jurídicamente a la educación como un derecho y con una ley estatutaria, el Estado limitado en recursos y con el desangre financiero de la corrupción, puede garantizar la gratuidad y el acceso universal como se desearía.

Es claro que la educación superior genera enormes beneficios para la sociedad y, por lo mismo, si existiera la forma de que todos los que pudieran y quisieran asumirla como una posibilidad de vida lo hicieran sin obstáculos, especialmente financieros, Colombia elevaría la formación del grueso de su población, habría una invaluable pero importantísima mejora de las externalidades sociales e indicadores de país (concretamente en competitividad y convivencia), y se daría un real impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, entre otros aspectos.

Impactos indirectos de la gratuidad

Pero también es cierto que los estudios técnicos y las estadísticas advierten riesgos a considerar si el país fomenta la gratuidad o el acceso universal sin desarrollos de condiciones culturales e infraestructura que permitan recibir a cientos miles de nuevos profesionales. Estaríamos contribuyendo a cualificar el desempleo profesional, a aumentar la frustración social, a seguir navegando sin norte fijo como país, aumentar la deserción (por aquello, comprobado en otros países, de que el no compromiso financiero elimina la voluntad de graduarse) y hacer ineficiente el gasto social y, finalmente, correr el riesgo de ofertar educación masiva de baja calidad.

Porque, es importante señalarlo, la masificación o el acceso universal, acompañado de gratuidad, no necesariamente es sinónimo de calidad. Si así fuera, a manera de ejemplo, la educación pública cubana -que es gratuita- estaría en los primeros rankings mundiales, lo cual no sucede, y la americana, privatizada y costosa, no aparecería entre las mejores.

Lo que dicen las cifras es que donde la educación superior es mixta (pública y privada) hay mejores resultados de calidad, y en el caso de los países del norte de Europa, como Finlandia, que tanto gusta citar en nuestro medio como paradigma, hay que considerar que, aunque gratis, son los propios ciudadanos los que terminan pagándola con una tributación muy superior a la nuestra. En Europa las diferencias de clase son menos marcadas que en nuestros países, y en aquellos países que fomentan la gratuidad pública, como en Brasil, son los padres pobres los que terminan subsidiando a los hijos de los ricos en las universidades públicas.

Otro aspecto que se debe considerar es que en nuestros países, con el aumento de la cobertura y la mayor demanda de profesionales cualificados, están disminuyendo considerablemente los retornos de inversión, que aún se mantienen altos, pero todo indica que seguirán bajando.

Hoy nos encontramos con un sistema híbrido, en donde IES públicas y privadas deben convivir. Las públicas dependiendo mayoritariamente de las transferencias del Estado, que no guardan relación con su crecimiento ni aumento de exigencias (más alumnos, mejor infraestructura, descuentos electorales, aumentos salariales por encima del IPC….) versus lo que el Estado le entrega y exige (v.g. acreditación, internacionalización, indexación…); y las privadas, que salvo el polémico Ser Pilo Paga, no reciben dinero del Estado ni siquiera por su esfuerzo por dar educación signa en cientos de municipios donde no llega la oferta pública.

Reconocer y valorar parte de lo actual

También es importante reconocer que hay un sistema que, con múltiples desaciertos, también tiene muy importantes desarrollos en el contexto regional, e incluso mundial. Unos mecanismos de sistemas de información que ni siquiera tienen la mayoría de países de nuestro continente, una cobertura (polémica en cuanto a si debe incluir o no los estudiantes de programas técnicas y tecnológicos) que supera el promedio efectivos del continente; un sistema de evaluación de todos los niveles, tanto de sus estudiantes -Pruebas Saber- como de sus programas e IES (acreditación) con reconocidos resultados, pese a que se encuentra a punto de colapsar por temas de organización e infraestructura, y un sistema de financiamiento de créditos y becas, que es el Icetex, que aunque polémico y rechazado por parte del estudiantado, es pionero a nivel mundial y que si bien no debería existir si se reconociera la gratuidad y el compromiso del Estado, es por lo menos una alternativa (costosa), pero alternativa, para quienes no tienen otra forma de costear sus estudios.

Así, por lo menos en el corto plazo, el sistema de educación superior tiene la responsabilidad de contemplar dos opciones, si quiere hallar alternativas viables y efectivas para asegurar debidamente más recursos:

Primero, y aunque muchos nieguen de entrada la posibilidad, como se hizo en 2011, pero que curiosamente ahora muchos rectores y analistas no desechan, pero pocos se atreven a hacerlo en público, es contemplar la posibilidad de admitir el lucro en la educación superior, como una forma de 1) desenmascarar una realidad que ya se vive en el sector; 2) grabar a las IES y fondear más los recursos públicos para reinvertirlos en la propia educación; 3) generar sistemas de becas.

Algunos dirán que el lucro va en contravía de la calidad, pero vale citar las palabras del rector de la Universidad del Rosario, José Manuel Restrepo, quien ha dicho que si eso fuera cierto, entonces no es posible entender cómo en Colombia hay 240 de 290 IES, sin ánimo de lucro, pero sin la suficiente calidad.

En ese ejercicio técnico, profesional y riguroso de contemplar pros y contras, deben considerarse otros elementos que han sido estigmatizados por algunos sectores de la universidad pública, pero que también es cierto que han dado resultado en otros países: por ejemplo, las alianzas público – privadas; el financiamiento de la investigación por parte de empresas, e incluso, la posibilidad de que los egresados de la universidad pública puedan retornar a la sociedad lo que ésta ha invertido en ellos, para que las siguientes generaciones se puedan formar.

El segundo gran reto como sistema, es garantizar la efectividad y optimización de la inversión pública en educación superior. Esto es, por ejemplo, asegurar:

- Que las Universidades públicas se hablen entre sí, que compartan escenarios, recursos como software, e investigación (revistas)……

- Que la comunidad sea realmente veedora y se eviten autogoles como el Decreto 1279, que favorece a unos pero afecta fuertemente el esquema de financiación de la universidad pública

- Que se castigue fuertemente el alto costo económico de los daños por vandalismo, procesos judiciales y corrupción y malas inversiones de directivos de algunas universidades públicas

- Que no se dupliquen los esfuerzos en evaluación de pruebas de ingreso a la educación superior, entre las Saber y las particulares de cada IES

- Y que se evite que SPP siga respondiendo a la lógica de que lo privado es privado y lo público es privatizable.

En medio de este complejo panorama resulta paradójico decir que el problema de fondo no es el financiamiento, pues aunque la preocupación es el dinero y de dónde éste va a salir, lo realmente importante es identificar cuál es el rol real que nuestra sociedad colombiana le da a la educación superior. Sólo cuando seamos conscientes de ello, aparecerá la voluntad política y el compromiso de país para encontrar los mejores caminos y asegurar que nuestra juventud no tenga obstáculos para formarse.