Sobre las propuestas OCDE 2016 para la ed. sup. en Colombia

Creado en Viernes, 06 Mayo 2016

Darío Antonio Mejía Pardo, exrector de la Universidad de Caldas y asesor e Investigador en educación superior, analiza detalladamente las recomendaciones del último informe que la OECD entregó sobre el sistema de educación colombiano, y detalla los aspectos relacionados con educación superior, muchos de los cuales ya han sido reiteradamente sugeridos y poco aplicados..<

INTRODUCCION

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCEDE a través de su  Comité de Políticas Educativas, concluyó su estudio sobre el diagnóstico y las recomendaciones sobre el sector educativo como parte del proceso de acceso de Colombia a este organismo internacional; el pasado viernes 21 de abril en la ciudad de Barranquilla, el Director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, entregó el documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016) a la Ministra de Educación Nacional Gina Parody, el cual incluye las recomendaciones para el fortalecimiento de las políticas públicas en educación,  tanto en educación preescolar, básica y media, como en educación superior; en el capítulo 5 del documento señalado se contemplan los diferentes aspectos de la educación superior colombiana, que corresponden a los aspectos analizados en este trabajo.

El estudio "La Educación en Colombia" OCDE (2016), respalda en buena parte sus conclusiones y recomendaciones, a partir del anterior estudio diagnóstico de las políticas de educación superior colombiana (2012), solicitado por el gobierno nacional; en el documento elaborado por la OCDE y el Banco Mundial (2012) se identificaron muchos logros, pero también muchos retos y problemas; muchas de estas conclusiones se encuentran reflejados igualmente en el informe final del Acuerdo por lo Superior 2034, trabajo que incluyo una extensa evaluación consultiva realizada entre las comunidades académicas y científicas nacionales y un amplio sector social, en los años 2012 y 2014, por parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). El informe del Acuerdo por lo Superior 2034, concluyó lo siguiente: “El sistema actual de educación superior (principalmente estructurado en torno a la Ley 30 de 1992, aunque no totalmente), enfrenta enormes retos de calidad, necesita un modelo de financiación más equitativo y universal y un diseño de sistema menos confuso para el país, requiere mayor fiabilidad y transparencia y mayor eficiencia en la gestión institucional de la educación superior, a fin de proporcionar una educación consistente con el contexto nacional y regional y en consonancia con el mundo". (CESU, 2014)

El capítulo 5. del documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016) analiza la educación superior y los problemas claves de política que Colombia enfrenta en su esfuerzo por transformar este sector; sobre su avances en se plantea que “el sistema de educación superior en Colombia ha progresado notoriamente durante la década pasada. La tasa de matrículas se ha duplicado y un número creciente de jóvenes de hogares de bajos ingresos ha ingresado a la educación superior gracias a programas como la iniciativa Ser Pilo Paga. Se han adoptado medidas importantes para desarrollar el aseguramiento de calidad y los sistemas de información”.

El documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016) orienta para que Colombia refuerce sus políticas en educación superior especialmente en aspectos de calidad, pertinencia, cobertura con equidad con los sectores más desprotegidos y en general, la consolidación de su sistema de aseguramiento, que incluya y reconozca el subsistema de las IES de carácter Técnico Profesional y Tecnológicas; la OCDE igualmente hace un llamado a la reforma del sistema educativo superior, incluyendo una revisión profunda de su financiación y de la gestión local, que permita integrar las IES con el mercado laboral y la economía; sobre estos importantes  aspectos indica:   

"La Educación en Colombia" OCDE (2016) se indica: “…Colombia debe reforzar el sistema de aseguramiento de calidad para garantizar un mínimo de calidad en la prestación para todos los estudiantes y promover una cultura de mejoramiento. Este sistema debe reconocer las necesidades y mandatos específicos de las instituciones técnicas y tecnológicas. Se necesitará un cambio en todo el sistema para impulsar satisfactoriamente las reformas…”  

ANALISIS A LAS RECOMENDACIONES DEL DOCUMENTO: "La Educación en Colombia" OCDE (2016). ASPECTOS SOBRE EDUCACION SUPERIOR.  

El capítulo  5 del documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016), ratifica en consecuencia (3) tres aspectos del sistema y de la política que el sector necesita enfrentar: 1- Acceso Equitativo, 2- Mayor y más consistente calidad y 3- Gestión y Financiación Eficaces. El análisis que se presenta en este escrito pretende abordar en una primera etapa, los aspectos relativos al numeral 2 del capítulo 5 del documento OCDE 2016. Estos aspectos aunque parecen triviales y recurrentes en la cultura universitaria colombiana, en muchas ocasiones no se asumen por las autoridades competentes con el rigor y la responsabilidad que exige la actual coyuntura nacional y especialmente, la problemática que vive la educación superior.   

Se puede observar que algunos de los aspectos de interés, diagnosticados y referenciados en el estudio "La Educación en Colombia" OCDE (2016), son recurrentes y se reporta  que en estos últimos años en Colombia, se han realizado foros y eventos académicos nacionales e internacionales con un gran flujo de documentos de expertos, en temas como propuestas de reformas de la Ley 30 de 1992, calidad, cobertura, pertinencia y equidad, financiación estatal y privada; otros temas estudiados suficientemente están relacionados con la autonomía universitaria y de las demás IES; IES privadas con ánimo de lucro; tipologías o ideas de las organizaciones que componen el sistema de Educación Superior colombiana, entre otras temáticas.

Para ratificar lo anterior basta revisar cuantas propuestas de reforma a la ley 30 de 1992, han sido intentadas y “abortadas” por los últimos 3 gobiernos sin que se hayan conseguido los objetivos propuestos, consecuencia en buena parte de no consultar las realidades del sistema universitario, lo que ha generado grandes movilizaciones de rechazo a las metodologías de las propuestas presentadas, demostrado de esta manera el gran interés y generando grandes discusiones nacionales; por el contrario a pesar de que son numerosos los estudios y diagnósticos que orientan a que se adopte una política pública en educación, y especialmente en educación superior y posteriormente, se proceda a presentar una propuesta integral y participativa de reforma a la ley 30 de 1992, los diferentes gobiernos han optado por unas reformas, de espaldas a los requerimientos de las comunidades académicas, a través de “cascadas” de decretos y reglamentos, al gusto del funcionario y el Ministro de Educación de turno, convirtiendo el sistema en una “colcha de retazos” que demuestran la improvisación e irresponsabilidad de nuestros gobernantes.   

Diferentes estudios ratifican lo anterior, y señalan reiterativamente que las decisiones reglamentarias han sido modificadas permanentemente a lo largo de los casi 25 años que tiene de expedida la ley 30/92 de Educación Superior. A manera de ejemplo, el sistema CONACES creado por Decreto del año 2003, ha tenido permanentes modificaciones en múltiples Resoluciones a través de los años con el fin de modificar y reorganizar su funcionamiento y su número de Salas por área de conocimiento, la última de las cuales es la  Resolución Nro. 116460 del 02 de octubre de 2015 "Por la cual se reorganiza la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES”, la cual derogó las Resoluciones anteriores del año 2013 y 2014 respectivamente; estos cambios permanentes en aspectos jurídicos tan importantes del sistema de calidad, demuestran improvisación, poca claridad en la política y lo que es más  grave, generan incertidumbre y dudas que le causan poca credibilidad al sistema, creando vacíos como consecuencia de los cambios en la normatividad; de igual manera en muchas ocasiones, aspectos vitales, que inicialmente habían sido definidos por decretos del orden ejecutivo nacional, terminan siendo modificados a través de Resoluciones, que evidencia la inestabilidad jurídica en el sistema educativo.  

Resultan igualmente confusas y contradictorias las decisiones de política por parte del Ministerio de Educación Nacional, frente a aspectos vitales del sistema como por ejemplo el “desconocimiento o engabetamiento” de que fue objeto el informe del Acuerdo por lo Superior 2034 del CESU (2014), que por fortuna muy recientemente vuelve a ser objeto de reflexión en las políticas oficiales y que era un clamor de las comunidades académicas. El Acuerdo por lo Superior igualmente encuentra en el estudio de la OCDE un salvavidas para que actué como faro orientador de lo que debe ser una política pública en educación superior.   

Son también contradictorias las señales que envía el MEN en diferentes aspectos de la política pública frente al subsistema Técnico Profesional y Tecnológico y sus IES, entidades que se sientes aisladas y que son las receptoras de las confusas decisiones de los entes gubernamentales; atención especial merece la carrera contra el reloj que emprendió el MEN y CONACES para otorgar en tiempo record Registros Calificados de los programas Técnicos y Tecnológicos del SENA, políticas que contrastan con el tratamiento de las otras IES (Técnicas y Tecnológicas), que se sientes discriminadas frente al sistema de aseguramiento de la calidad, por carecer de un sistema que permita evaluar y cualificar, las características y especificidades propias de este nivel  educativo  superior; como lo señala acertadamente el documento OCDE 2016; se resalta que aunque el SENA tiene considerable autonomía respecto al gobierno nacional y el propio MEN, solo recientemente se integró dentro del sistema da calidad de la CONACES y el MEN; de cualquier manera la integración del SENA al sistema debe tener reglas claras que permitan tener un tratamiento riguroso en igualdad de condiciones para todas las IES, que justamente es la critica que hace por el sector académico; en igual sentido, el documento OCDE presenta los resultados de las políticas públicas en la educación Técnica y Tecnológica, que se reflejan en las cifras sobre la variación en las matriculas en este nivel de formación profesional, que demuestran su descenso en cerca del 4% durante el periodo entre 2010 y 2013, aunque las tasas de variación en el año 2013 que indican crecimiento del 6%,parece indicar que se empieza a revertir un descenso agudo en el interés de este nivel de formación, según las estadísticas del sistema de información SNIES del MEN; estos resultados parecen responder a las contradictorias políticas que para este sector define el MEN.  

La problemática de ineficiencia del sistema de calidad de la educación superior, se refleja por la incapacidad del sistema SNA y CNA, frente a los requerimientos y especificidades de las IES (Técnicas y Tecnológicas), instituciones que parecen no existir para el sistema de acreditación; en general el SNA y el CNA se caracteriza por ser lento, excluyente y de muy baja cobertura, tanto para acreditación de programas como la acreditación institucional de alta calidad, y que en el mejor de los casos alcanza cobertura de 12%. Otro aspecto preocupante en la educación superior está relacionado con las altas tasas de deserción del sistema colombiano, cercana al 50% acumulada para los 10 semestres de una carrera profesional, que lo hace considerablemente ineficiente; estos dos aspectos son reconocidos en el diagnóstico y las propuestas que se formulan en el documento "La Educación en Colombia OCDE 2016".   

Dentro de los aspectos novedosos del sistema de educación superior colombiano (últimos 2 años) que resalta la OCDE 2016, que aunque no son materia exhaustiva en el presente análisis, vale la pena mencionar algunas decisiones: en primer lugar la promulgación de la Ley 1740 del 23 de diciembre del 2014, que define los procesos de inspección y vigilancia, ha incrementado la capacidad del MEN para controlar y recopilar información sobre las IES, garantizar el uso razonable de ingresos y activos institucionales, y ejecutar funciones de inspección y supervisión; un aspecto importante que señala la ley 1740/14 le exigía  al gobierno nacional que presentara en el plazo de un año, una propuesta de ley al Congreso a fin de establecer una Superintendencia de Educación, para supervisar el cumplimiento de procedimientos administrativos y financieros; sin embargo esta propuesta se diluyó y casi año y medio después de promulgada la ley, no existe definición alguna sobre este nuevo ente y es aún una tarea inconclusa. De todas maneras a pesar de haberse expedido esta ley 1740, las decisiones en el sector parecen orientadas por “coyunturas”, que como en este caso se producen a partir de problemáticas y casos particulares de alguna de las IES del sistema, caso Fundación Universitaria San Martin.   

De otro lado, se destacan como positivos en el documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016) los sistemas de información en el sector de educación superior (SNIES), brinda información de las IES, proporciona al MEN, a las IES y a las partes interesadas, los datos estadísticos y el análisis sobre la calidad de las instituciones y programas, así como otros indicadores de desempeño; el documento OCDE 2016 resalta igualmente otros aspectos del sistema, como por ejemplo el crecimiento que ha tenido la financiación, que se ha orientado especialmente a estimular las matriculas estudiantiles con diferentes programas  de subvención y becas en las diferentes IES, lo que viene impactando positivamente un mayor acceso a la educación superior, que se manifiesta en un aumento de cobertura en cifras cercanas al 48% en el 2013; también resalta la OCDE el crecimiento de la formación posgraduada en el cuerpo de docentes de las IES, a partir de propuestas para que en la vinculación inicial, reporten títulos preferiblemente de Maestrías y Doctorados, lo mismo que los planes de mejoramiento y perfeccionamiento de las diferentes instituciones, lo que se considera por esa entidad como una medida positiva, puesto que Colombia es uno de los países en América Latina con la producción más baja de artículos científicos per cápita (OCDE/ Banco Mundial, 2012); en contraste la OCDE identifica que en Colombia, la política gubernamental en los diferentes niveles educativos pero especialmente en la educación superior, se debe reorientar para mejorar la calidad y formación de los docentes los cuales presentan falencias didácticas, pedagógicas y metodológicas; en el nivel medio y básico la causa de esta problemática parece obedecer  a la política que eliminó la carrera docente de “Licenciados” en el requisito para el ingreso laboral; este no es el caso de las IES cuya decisión es autónoma en el momento del diseño de sus reglamentos.

De igual manera, en la coyuntura actual a propósito del documento OCDE 2016 y sus propuestas para realizar profundas transformaciones dentro del sistema superior, con la nueva reglamentación que sustituirá la Ley 30 de 1992 se debe procurar aliviar las tensiones que se presentan en el sistema de la Educación Superior colombiana, en lo relacionado con los alcances del criterio de autonomía universitaria, el papel que le corresponde al Estado en ejercicio de la suprema inspección y vigilancia, así como la definición e integración de un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior ágil y eficaz, que concilie además los muchos y diversos intereses de todos los actores del sistema, en especial las Universidades y las otras IES; especial reconocimiento deben tener las Instituciones Técnicas Profesionales y las Instituciones Tecnológicas, para la elaboración de los estudios y normas, en el propósito de tener un sistema que corresponda a los verdaderos requerimientos del sistema; como ya se explicó  este último aspecto se resalta como retos en el documento la "La Educación en Colombia" OCDE (2016).  

LA EDUCACION TERCIARIA Y EL MIDE  

Según el documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016), el gobierno colombiano busca implementar una ley para establecer un Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET);  el objetivo general, al igual que el de los esfuerzos de reforma a todo nivel, es cerrar las brechas de acceso y calidad de la educación entre individuos, grupos poblacionales y regiones, y llevar el país hacia altos estándares internacionales; con este propósito el Plan de Desarrollo PND 20142018 define las siguientes políticas para desarrollar el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) para reestructurar toda la educación y formación posterior a la educación media, teniendo como pilares: la universidad, la educación y formación técnica superior; el Plan definió igualmente que se debe completar e implementar el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) para clasificar y estructurar los conocimientos, competencias y actitudes por niveles, así como establecer un Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC), con lineamientos definidos por el Ministerio de Educación (MEN).   

Frente a los pasos a seguir para establecer las diferentes reformas, existen grandes preocupaciones y dudas en el sector académico, de cara a definir la Hoja de Ruta, y a priorizar y reglamentar el sistema de educación terciario (SET); este aspecto actualmente es política principal en el gobierno nacional, en el propósito de continuar ampliando la cobertura; por el contrario, gran parte del sector académico propone que en una etapa inicial, se requiere una reorganización planificada del sistema superior a partir de la modificación de la Ley 30 de 1992, al tiempo  que se estructuren las funciones y la organización de la Superintendencia de Educación Superior y que se defina un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que integre diferentes dependencias como CONACES Y CNA (por ejemplo una Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación con autonomía y que dependa del sistema del sistema universitario y las propias IES); la nueva reglamentación de la Educación Superior debe definir qué organismos tiene carácter decisorio dentro del sistema de calidad, qué entidades o dependencias tienen carácter de asesoría y planificación y, finalmente, qué organismos o instituciones eventualmente podrían crearse o reestructurarse, en el propósito de tener un sistema integrado, eficiente, y autónomo; este es el reto.

Resulta importante destacar que en este proceso de modernización del sistema de educación superior colombiano, es preciso que simultáneamente con la reforma superior se debe “ligar e integrar” en perspectiva, con las políticas para la creación del Sistema de Educación Terciario y sus diferentes reglamentaciones, que permitan desde ahora planear futuras decisiones en ese sistema. Una gran reflexión deben tener las autoridades educativas colombianas frente al desafío que se plantea en la propuesta del SET, que permitiría integrar  al sistema terciario, los programas de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), los que son autorizadas por las Secretarias de Educación a Instituciones de este tipo; se debe recordar que este tipo de formación no son conducentes a Títulos en la legislación colombiana y solamente se permite en la reglamentación entregar certificaciones; una propuesta por evaluar, que en todo caso debe considerarse como paso previo a establecer el SET, es la estructuración y cualificación del sistema de ETDH, que permita que los programas en esta modalidad se articulen adecuadamente dentro del sistema de la formación de Técnicos Profesionales y Tecnólogos, que ofrecen las diferentes IES.

Por los afanes de la política superior en Colombia no se pueden tomar decisiones sobre la base de priorizar la cantidad (cobertura) sobre la calidad, como ha sido habitual en muchas ocasiones, con graves consecuencias para la competitividad. Una propuesta de tanta trascendencia como la del sistema SET, dentro del Plan de Desarrollo en Colombia 2014-2018, es difícil estructurarla en un plazo de 4 años; a manera de ejemplo vasta señalar como el objetivo de la ley 30 de 1992 que planteaba la articulación de la educación media con la educación superior, todavía es tarea pendiente, como se observa en las propuestas recientes del Acuerdo por lo Superior 2034. Las autoridades deben tener en cuenta las experiencias de la Unión Europea, que demuestran que estos procesos del sistema educativo terciario SET pueden durar por lo menos  2 décadas (Bolonia 1999).

Sobre el sistema de clasificación MIDE, según el estudio  "La Educación en Colombia" OCDE (2016), se considera un instrumento potencialmente útil para incentivar más transparencia en torno a la calidad de la educación superior; sin embargo, a fin de alcanzar su potencial, necesita mayor desarrollo y cualificación; se plantea que debe contar con la aprobación y concurso de las IES; se indica que en general estas clasificaciones tienen algunos usos, pero incluso los mejores sistemas tienen sus limitaciones y deben ser interpretados con cuidado; la OCDE señala los riesgos de utilizar esta todavía imperfecta clasificación o “ranking”, como la base de políticas de financiación o para tomar otras decisiones importantes que afecten a las IES, sobre todo por las falencias y vacíos que aun presenta esta clasificación que en general requiere mayores desarrollos.  

Sobre los rankings o clasificaciones universitarias, se debe indicar que son instrumentos de gran valía que nos permite compararnos, es un referente obligado que nuestras debilidades y fortalezas, en el contexto nacional e internacional, con el fin de procurar una mayor idoneidad para tomar los correctivos requeridos en el objetivo de optimizar los procesos académicos y administrativos de cada institución; ofrecen información de gran significado e importancia para las instituciones y la sociedad en general; este tipo de mediciones, permiten su interpretación y comparar el grado de desarrollo de las diferentes instituciones en aspectos académicos, científicos, investigativos y tecnológicos, en el propósito de determinar su competitividad, pertinencia y grados de calidad en sus diferentes actividades; se destaca que especialmente a nivel internacional existen grupos dedicados a estas actividades con gran reconocimiento en el mundo académico y empresarial. La información suministrada por este tipo de clasificaciones se convierte en un gran reto para todos los sistemas educativos y universitarios.

A partir de estas consideraciones sobre los ranking universitario vale la pena que el Ministerio de Educación Nacional evalué dentro de sus prioridades de política, la necesidad de establecer este tipo de mediciones por parte de la administración, las cuales exigen grandes esfuerzos y experiencia calificada; una opción por estudiar es la contratación con empresas especializadas y reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional, que podrían suplir esta función evaluativa, actividad de gran complejidad y que genera siempre grandes controversias; un aporte significativo del MEN en este propósito se sustenta en su sistema de información SNIES y su participación en la definición de variables, la base para establecer los escalafones que correspondan; las graves falencias detectadas en el MIDE por el sector académico colombiano, en gran parte han sido ratificadas en el estudio "La Educación en Colombia" OCDE (2016), hechos que demuestran el grado de improvisación en los asuntos administrativos del MEN, los cuales tienen un importante impacto en los limitados recursos del sector.

Como se ha explicado ampliamente en este trabajo, la política educativa colombiana y en especial en el sector de la educación superior, no pueden seguir improvisándose; las propuestas del MIDE y el mismo sistema de educación  terciaria (SET), parecen enmarcarse dentro de propósitos por crear hechos permanentes que cultiven e impacten la opinión pública, en el corto y mediano plazo, sin resultados sustantivos en los procesos de mejoramiento de la calidad educativa; de igual manera esta propuesta del MIDE, que genera procesos de evaluación homogenizantes para muchas IES, sin tener en cuenta importantes variables diferenciadoras de calidad como la acreditación, están orientados a idénticos objetivos por el aumento de la cobertura, como se interpreta en la propuesta del sistema de educación terciaria SET, que si bien son indicadores que son importantes para brindar mayores grados de acceso, equidad y oportunidades para sectores populares, no pueden plantearse con impactos negativos sobre otras variables como el de la calidad educativa, como ha sido habitual en muchas ocasiones en las políticas educativas en Colombia, con graves consecuencias para la competitividad.

SOBRE EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN COLOMBIA

Los temas relacionados con el sistema de calidad de la Educación Superior, corresponden a uno de los aspectos de mayor importancia para el futuro de las IES en Colombia, pero al mismo tiempo pertenecen a uno de los tópicos menos explorados y estudiados en los últimos años. En general, se encuentra que la cultura de la calidad en este nivel educativo, apenas produce sus primeros resultados, en el propósito del mejoramiento de la calidad del Sistema de Educación Superior, lo que se debe convertir en el gran reto para estructurar un sistema de calidad más eficiente y que dé respuestas a las nuevas realidades.

El SNA y el CNA han sido pionero en evaluación y acreditación, en virtud de la ley 30 de 1992, pero con la discusión de una nueva legislación se tiene una gran oportunidad por redefinir un nuevo sistema de la calidad de la ES, que integre normativamente dependencias semejantes en principios y funciones por la calidad, que propicie una propuesta más sistémica, integral y operativa, la cual brinde efectivamente nuevas posibilidades al conjunto de las IES y dé respuestas a los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Se resalta que las Universidades, que hacen parte del sistema, son las que gozan del precepto constitucional sobre autonomía universitaria; el CNA no es un ente autónomo y hace parte del sistema de aseguramiento de la calidad, como institución asesora creada por la ley.  

En relación al Sistema de Calidad de la Educación Superior y el papel que cumplen organismos como el CNA y CONACES, el académico Gómez (2007) ha señalado y que compartimos lo siguiente: “Ambos sistemas coexisten actualmente, basados en los mismos principios, condiciones y requisitos de funcionamiento de programas. No hay diferencias esenciales entre ambos, son sistemas centrados en procesos e insumos, y con un fuerte énfasis en la homogeneización y estandarización de estos, mediante el cumplimiento de determinadas condiciones y factores comunes a todos los programas e instituciones. Las diferencias son menores, de índole procedimental, de intensidad de la función de verificación, y en ninguno de ambos instrumentos es central la verificación y evaluación de logros o resultados del proceso educativo” [2].

En el informe de la OCDE-Banco Mundial 2012 se indicó que el sistema CONACES y los estándares mínimos exigidos para otorgar al Programa Académico el Registro Calificado, que permita su apertura y funcionamiento son bastante bajos; este documento plantea sobre los procesos de acreditación voluntaria de alta calidad (AAA) están diseñados para Incentivar la autoevaluación y autorregulación continua, así como la mejora institucional y de programas; el CNA establece los criterios de calidad, ejecuta el proceso de evaluación y hace recomendaciones al MEN sobre si se otorga o no la acreditación; se destaca en el Informe OCDE 2012 que en el año 2013 solo el 12% de las instituciones (IES) y el 9% de los programas habían alcanzado la AAC, con una gran representación en esos porcentajes de las universidades, que constituyen solamente el 28% de todas las IES que hay en Colombia en ese año; como ya se ha explicado existe muy baja participación en el SNA por parte de IES Técnicas y Tecnológicas. Esta situación sobre las falencias y realidades del sistema de calidad en la educación superior se mantienen con muy poca variaciones el año 2016.    

Con relación a los aspectos del sistema de calidad en la educación superior en el documento "La Educación en Colombia" OCDE (2016) se indica: “El país debe continuar mejorando la calidad y pertinencia de la educación superior y a la vez atraer y acoger un alumnado cada vez más cuantioso y diverso. Esto implicará mayores esfuerzos para orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo del desarrollo de su educación superior, especialmente los jóvenes de orígenes menos favorecidos, y abordar los obstáculos económicos y geográficos para el acceso. Al mismo tiempo, Colombia debe reforzar el sistema de aseguramiento de calidad para garantizar un mínimo de calidad en la prestación para todos los estudiantes y promover una cultura de mejoramiento. Este sistema debe reconocer las necesidades y mandatos específicos de las instituciones técnicas y tecnológicas. Se necesitará un cambio en todo el sistema para impulsar satisfactoriamente las reformas, incluida la revisión en profundidad de la financiación para la educación superior y una gestión local más sólida para conectar las instituciones de educación superior con la economía y el mercado laboral”. 

En el mismo documento OCDE (2016), se ratifican planteamientos anteriores de esas mismas organizaciones sobre el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y que igualmente se han venido planteando en Colombia por diferentes organizaciones y grupos de investigación de tiempo atrás; el estudio OCDE 2016 plantea: “Tanto el Acuerdo por lo Superior 2034 (CESU, 2014) y el informe OCDEBanco Mundial (OCDE/ BIRF/Banco Mundial, 2013) recomendaron el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior colombiana mediante la unificación de estas dos funciones. La experiencia internacional sugiere que en los países donde las instituciones de educación superior tienen tanta autonomía como es el caso de Colombia, un ente único nacional con independencia garantizada por ley debería manejar todos los aspectos importantes del aseguramiento de calidad de la educación superior”.

El mismo estudia OCDE 2016 agrega sobre el sistema de calidad: “El actual sistema de aseguramiento de calidad, compuesto por dos partes, deja una brecha amplia e indefinida entre el nivel mínimo confirmado en el momento de otorgar el registro cualificado y la exclusiva acreditación de excelencia. Si se espera que un sistema de aseguramiento de calidad proporcione información clara y comprensible a los estudiantes, al público y los empleadores, entonces los criterios deben ser más claros y transparentes. Todas las instituciones —y en lo posible todos los programas  en el sistema— deben ser evaluadas en cuanto a su calidad y pertinencia (un aspecto importante de la calidad), con base en criterios claros, al comienzo y después de forma periódica, de tal forma que todas las partes interesadas puedan sacar conclusiones significativas de los resultados publicados de la evaluación. Estos criterios de calidad deben reconocer los distintos mandatos de los diversos prestadores de educación superior en Colombia y establecer estándares que incentiven la excelencia en todos los campos. Por ejemplo, las evaluaciones actuales no reconocen apropiadamente los componentes importantes de calidad en los programas técnicos y tecnológicos”.  

Bibliografía  

La educación en Colombia. Revisión de políticas nacionales de educación. OCDE MEN. Paris-Bogotá. 2016.