Ley del embudo en la financiación de la educación superior colombiana

Creado en Lunes, 18 Abril 2016

María Patricia Asmar Amador, ex directora del ICFES, gerente de "Gestionamos para Educar y gestora de Edublogs, confronta la realidad del modelo de financimiento de la educación superior colombiana, la inequidad que representa el mismo para alcanzar los objetivos de calidad del sistema y reitera la necesidad de replantear esquemas como Ser Pilo Paga.  

El valor promedio de la matrícula privada en Colombia, en relación con el ingreso bruto per cápita, es uno de los más altos del mundo, y al menos 5 veces veces más costoso que el de la educación pública (OCDE, 2012).

Si el ingreso nacional se divide, por partes iguales, entre el número total de habitantes del país, el colombiano que estudia en una universidad privada debe destinar el 55% de sus ingresos al pago de derechos académicos; mientras que este monto se reduce al 11%, para quienes lo hacen en una universidad pública.

En términos prácticos y de manera hipotética, de los $15.800.000 que representó el ingreso bruto per cápita en 2014, $8.693.000 deberían comprometerse en el pago de la matrícula en una universidad privada, y $1.788.000 en una pública.

Frente a la capacidad adquisitiva real del 68.3% de los colombianos que pertenecen a los estratos 1 y 2, el alto costo de la matrícula privada resulta del todo inasequible. Para más de 32 millones de personas que devengan entre 1 y 3 salarios mínimos la educación superior privada de calidad en Colombia es un bien inalcanzable, así como para el 27% de los hogares pertenecientes a los estratos 3 y 4.

Las causas del desbalance

Si la educación superior privada es al menos 5 veces más cara que la pública, cabe preguntarse qué ha hecho el Estado para regular sus costos, y cuál ha sido el marco legal y de política pública para defender el derecho fundamental de los jóvenes colombianos a una educación superior de calidad, más allá de las dinámicas del mercado.

En  cuanto a la universidad pública, la Ley 30 de 1992 establece como criterio para su financiación que la asignación anual de los aportes de la Nación sea equivalente al índice de precios al consumidor  (IPC) o porcentaje anual de inflación, calculado con base en el balance contable de cada año, a partir de 1993.

Las 32 universidades públicas han permanecido, desde la fecha, con una financiación en pesos constantes, ajustados anualmente al costo del dinero (SUE, 2012). Esto significa que, independientemente de sus resultados de calidad o cobertura y de las necesarias inversiones anuales, el Estado les transfiere los mismos recursos de 1993, actualizados por el IPC.

Pese a estas limitaciones presupuestales, la universidad pública ha atendido, en los últimos nueve años, alrededor del 53% de los estudiantes de educación superior. Aunque el número de instituciones escasamente llega al 30% del total de las IES, su matrícula supera el 50% de la cobertura nacional.

En relación con la universidad privada, el marco legal parte del supuesto de que su financiación depende de las dinámicas del mercado y del poder adquisitivo de los estudiantes y de sus familias; o lo que es igual, de las leyes de la oferta y la demanda.

Tanto privadas como públicas cuentan con autonomía para definir el costo de las  matrícula y otros derechos pecuniarios, pero las primeras deben informar y justificar al MEN sobre los incrementos anuales superiores al IPC. Un aumento por encima de esta cifra en las matrículas públicas genera protestas sociales. El mismo aumento en la universidad privada, segmenta más la población y es causa de mayores restricciones de acceso.

Estas disposiciones legales han generado dos dinámicas de desarrollo de las universidades, en virtud de su origen privado o público. Según datos del Observatorio de la Universidad Colombiana, en el período comprendido entre 2007 y 2015, las primeras han crecido en algunos casos entre un 80 y 130%, frente a una inflación acumulada del 36,97%, tasa de crecimiento de los aportes de la Nación a la universidad pública, según la Ley.  Esto significa que el incremento de sus ingresos en este período de tiempo ha sido hasta 3.5 veces superior en comparación con la pública [1].

Impacto de los criterios de financiación  de la Ley 30 en la universidad pública

El criterio de asignación basada exclusivamente en el  valor del dinero (SUE, 2012), ha traído consecuencias devastadoras para la educación superior pública. La Ley ha generado un gran desequilibrio regional en el grado de desarrollo de las universidades, pues desde 1993, estas han recibido, de manera inercial, aportes correspondientes al tamaño y al grado de desarrollo que tenían entonces: así, las que eran grandes para la fecha (Nacional, Antioquia, Cauca, Valle) continuaron siendo grandes, pero sin posibilidades reales de mayor crecimiento, y las pequeñas para entonces (Guajira, Popular del Cesar, Tolima, Pamplona) continuaron siendo pequeñas.

Los criterios de la Ley 30 se traducen en un desfinanciamiento histórico de la universidad pública para atender retos de investigación, acreditación de alta calidad, internacionalización, bienestar universitario, dotación tecnológica, que apenas se visualizaban en 1992; y que exigen inversiones superiores al IPC anual, como reiteradamente lo han reinvindicado sus rectores.

Estos parámetros de financiación han generado también inequidad al interior del Sistema Universitario Estatal, pues perpetúan diferencias injustificadas en los monto de las transferencias. Hay instituciones con rangos de subsidio que superan los 9 millones (UNAL), los 6 millones (Cauca, Antioquia, Pedagógica), y otros que están por debajo de los dos millones (Guajira, Cesar, Tolima), o incluso por debajo del millón (Pamplona y Cundinamarca), según datos del MEN del año 2011. Es importante señalar que el 48% de las transferencias de la Nación se destinan a las universidades Nacional, Valle y Antioquia; mientras que el 52% restante se distribuye entre las otras 29 universidades.

La fórmula de financiación de la Ley 30 no reconoce tampoco el esfuerzo de las instituciones oficiales por ampliar cobertura, mejorar sus niveles de eficacia interna, incrementar los índices de permanencia y graduación, o presentar mejores resultados de investigación, entre otras variables. Gracias a la precaria financiación estatal, las transferencias del Estado son muy inferiores al costo real de la matrícula en la universidad pública, que a su vez debe buscar fuentes adicionales de financiación, necesarias para atender su crecimiento en términos de cobertura y calidad.

Doble rasero en la financiación estatal de públicas y privadas

Contrasta con lo anterior, la amplitud del Estado para financiar el costo de la universidad privada, a través del crédito educativo o el programa Ser Pilo Paga. Mientras la universidad pública recibe un subsidio parcial a través de las transferencias de la Nación, el ICETEX paga a la universidad privada el valor total de la matrícula establecidas, en gran medida, con criterios de mercado.

Lo anterior se puede ilustrar con los costos de la matrícula del programa de medicina pagados por el MEN en el marco del programa Ser Pilo Paga,  durante la vigencia 2015:

Costo programa medicina universidades privadas (2015)

Universidad

Transferencia anual

 

No. De estudiantes

Promedio anual por estudiante 2015

Los Andes

1921.805.200

49

39.220.514

Colegio Mayor NS Rosario

509.436.700

15

33.962.446

Javeriana

404.959.830

15

26.997.322

La Sabana

729.229.475

29

25.145.844

Bolivariana

112.380.750

  9

12.480.750 (semestre)

Norte

1966.053.576

82

23.976.263

UNAB

267.939.095

14

19.138.507

Costo programa de medicina universidades públicas (2015)

Universidad

Transferencia anual

No. estudiantes

Promedio anual por estudiante

UPTC

47.228.300

5

9.445.660

Valle

28.132.556

5

5.626.511

Nacional                       

60.447.793

14

4.137.995

Antioquia

30.408.300

13

2.339.100

UIS

13.939.241

7

1.991.331

Caldas

35.067.109

19

1.845.637

Tabla 1. MEN, 2015. Datos costo matrícula primera convocatoria Ser Pilo Paga. Para las universidades públicas la información enviada por el MEN no especifica si se trata de un costo anual o semestral. Es posible que el costo reportado sea semestral, a excepción de la UPTC y la del Valle; la diferencia, no obstante, entre las públicas y las resulta desproporcionada.

Mientras el MEN transfiere a las universidades privadas un promedio de 27.6 millones por estudiante de medicina, a las públicas les transfiere un promedio de 4.6 millones; es decir, seis veces menos que a las privadas. Ante estas diferencias cabe preguntarse, ¿cuáles son los criterios del Estado para otorgar por un mismo programa, igualmente acreditado y con alto reconocimiento social, valores tan disímiles?

Por qué por un programa como medicina en la Universidad de Los Andes el Estado paga, a través del ICETEX, una matrícula cercana a los 20 millones semestre, mientras que para la Universidad Nacional el subsidio es de 4.6 millones, de $2.339.100 para la Universidad de Antioquia, o de $1.845.637 para la Universidad de Caldas? ¿Es que cuesta menos la calidad en la universidad pública? ¿Por qué dentro de las universidades públicas el costo de la matrícula de un programa de medicina, con acreditación de alta calidad, tiene costos tan disímiles?

Estas asignaciones se han desembolsado de manera histórica e inercial, sin ningún tipo de análisis del Ministerio de Educación o el ICETEX sobre el particular, ni decisiones de política que permitan regular los precios que el Estado retribuye, a través de los créditos educativos o del programa Ser Pilo Paga, por los cupos de educación superior ofrecidos por las universidades privadas. Cualquier diferencia en el valor de programas similares, ofrecidos por públicas o privadas, deberían ser claramente justificados por el MEN.

Balance de fuerzas

¿Quiénes ganan con este modelo de financiación? Sin duda, la universidad privada es la gran beneficiaria de este modelo de financiación que combina ingresos de gasto privado (1.0 anual del PIB), más la casi totalidad del gasto público que el Ministerio destina a crédito educativo, cifra que las privadas reciben sin ninguna retribución a cambio.

Pierde la universidad pública que continúa desfinanciada (0.54 del PIB) y sin mayores recursos para competir frente a las dinámicas de calidad impuestas por la misma Ley 30, en especial, la acreditación de alta calidad. Se trata del peor de los mundos, pues están obligadas a ampliar cobertura y mejorar calidad, como de hecho lo han logrado en la última década, sin contar con estímulos adicionales para hacer frente a las demandas de calidad e investigación, así como a los gastos de funcionamiento, inversión y mejora de infraestructura física requeridos por sus propias dinámicas de crecimiento y proyección.

Pierden también las familias colombianas y los estudiantes, para quienes la educación superior resulta un bien costoso, que excede sus posibilidades financieras.  Los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, beneficiarios del ICETEX, con sus lógicas limitaciones de capital socio-económico, deben enfrentar la dura realidad del crédito educativo al egresar de instituciones de educación superior privadas, muchas de las cuales, apenas les aportan valor agregado.

Pierden las regiones y el país, ante la desinstitucionalización y el debilitamiento de la educación superior pública, que deja a los jóvenes sin oportunidades reales de acceso a una educación de calidad en sus lugares de origen.

Necesidad de regulación

Es claro que la universidad privada tiene autonomía para tasar el valor de su matrícula, pero también es claro que el Estado al comprar “matrícula” con recursos públicos debe actuar con criterios objetivos y técnicos, más allá de los que determina el mercado. Lo anterior es fundamental si, adicionalmente, se tiene en cuenta que el costo se traslada, en últimas, a los hogares más pobres, endeudados con créditos desproporcionados para pagar los altos costos de las matrículas de las IES privadas.

Pasados 23 años de la vigencia de la Ley 30 de 1992, es tiempo de revaluar sus esquemas de financiación, a fin de lograr que Colombia alcance mayores niveles de equidad y cobertura. El alto costo de la educación superior privada y la falta de intervención estatal en la regulación del valor de las matrículas, para efectos de crédito educativo o del programa Ser pilo paga, es una de las razones por las cuales a pesar de la alta inversión que hace el país, las tasas de acceso a educación superior sigan siendo modestas, lo que se traduce en que 1 de cada 2 colombianos se quedan sin oportunidades reales de cursar este nivel educativo.

Si se desea incrementar el crédito educativo o convertir Ser Pilo Paga en política de Estado, lo primero es replantear los costos que el Estado reconoce tanto a públicas como a privadas con el objeto de lograr un modelo más equitativo y eficaz de financiación que impacte positivamente los niveles de calidad y cobertura de la educación superior en Colombia.

 

Referencias bibliográficas

OCDE (2012). Evaluaciones de políticas nacionales de educación. La educación superior en Colombia.

SUE (2012). Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis en el sistema de financiación de las universidades estatales. Pereira: 2012.

MEN (2014). Informe de gestión 2010 – 2014. Bogotá: 2014.


[1] En términos prácticos, cuando las IES privadas suben la matrícula por encima del IPC, incrementan la base de matrícula  a futuro; de esta manera, sus ingresos reales son mucho más altos que el que se pretendía cubrir con la justificación presentada ante el Ministerio para elevar tarifas.