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Del SUE o de la desarticulación de la universidad pública colombiana

SUE

Junio 23/18 El Sistema de Universidades del Estado (SUE) nació con la Ley 30 de 1992 para favorecer la integración, armónica, de todas las universidades estatales u oficiales y el diálogo entre éstas, la sociedad y el Estado. Dichos propósitos se han diluido y el SUE hoy no pasa de ser un mecanimo de presión de los rectores para pedir más recursos al Estado, sin resultados efectivos, un débil liderazgo y ausencia de integración entre las mismas IES.

Dice el artículo 81 de la Ley 30 de 1992: “Créase el Sistema de Universidades del Estado, integrado por todas las universidades estatales u oficiales el cual tendrá los siguientes objetivos:
a) Racionalizar y optimizar los recursos humanos, físicos, técnicos y financieros.
b) Implementar la transferencia de estudiantes, el intercambio de docentes, la creación o fusión de programas académicos y de investigación, la creación de programas académicos conjuntos, y
c) Crear condiciones para la realización de evaluación en las instituciones pertenecientes al sistema”.

La universidad pública de hoy trabaja de manera aislada y cada rector gestiona recursos, alianzas y programas según sus posibilidades. Existen algunos convenios, especialmente académcios, surgidos más de la iniciativa de las propias comunidades académicas, pero es común ver que las universidades públicas compitan entre sí, tengan sus propios sistemas de admisión, espacios de bienestar e infraestructura.

La propia Ley 30, con un modelo inercial de asignación de recursos, que no reconoce ni valora los esfuerzos de las IES, fomentó esta descoordinación, pues las grandes siempre reciben más recursos que las pequeñas, independientemente de lo que las segundas hagan por la calidad y el compromiso social. Así, universidades como Nacional, Antioquia, Valle y UIS poco les interesa asociarse con universidades pequeñas que, de revisarse el modelo de asignación de recursos y si el Estado no aumenta los mismos, pasarían a perder dinero.

Entonces, es difícil poder integrar esfuerzos entre los propios rectores.

Desde hace más de 15 años la presidencia nacional del Sistema Universitario Estatal se afincó en la Universidad Tecnológica de Pereira, primero con el rector Luis Enrique Arango y luego con su sucesor, Luis Fernando Gaviria Trujillo. Mientras que a Arango el sector le reconoció su intención de hablar por el sistema y “cantarle la tabla” al Ministerio, a Gaviria lo han identificado más por su estilo político (su hermano es el expresidente César Gaviria) de cercanía al gobierno de turno y por no representar (en testimonio de un buen número de rectores de las propias universidades públicas) los intereses del sector sino de su propia Universidad y algunas otras grandes.

Esta situación coincide al ver que el mayor número de públicas acreditadas institucionalmente son las que más recursos reciben del Estado.

Ha sido la asignación de recursos que, primero con el impuesto CRE y luego con la reforma tributaria, los que han aumentado el divorcio entre las universidades públicas que, sin liderazgo en el SUE, no se han puesto de acuerdo en la manera como estos deben ser repartidos por el Ministerio, a tal punto que la propia viceministra (poco caracterizada por debatir fuertemente) terminó distribuyendo los mismos y muy molesta con el SUE.

Ante la falta de unidad nacional, algunos rectores de las universidades públicas han encontrado que el escenario del SUE no se puede perder y vienen intentando consolidar esfuerzos en versiones regionales del SUE, y que son una interesante forma de favorecer otros mecanismos de integración.

En febrero de 2018 el CESU aprobó que de estos SUE regionales saliera el mecanismo de elección de la Presidencia Nacional del SUE, pero a la fecha el Ministerio de Educación (cuatro meses después), bajo el argumento de un alto volumen de tabajo, no ha reglamentado esta iniciativa, la cual permite que Gaviria Trujillo se mantenga como presidente nacional.

Claramente, el bajo perfil del SUE y su débil articulación representan un buen escenario para un Ministerio que tampoco tiene liderazgo en el sector y difícilmente podría defender las permanentes críticas por más recursos para la educación superior pública.

Rechazo del representante profesoral ante el CESU

La siguiente es la comunicación que Luis Orlando Aguirre, Consejero del CESU en representación de los Profesores Universitarios del País le ha escrito al Ministerio de Educación: “Me permito expresar la falta de interés o negligencia como el Ministerio de Educación Nacional ha dilatado la firma y promulgación del nuevo Reglamento del SUE o Sistema Universitario Estatal, recomendado por unanimidad en la sesión del CESU del 31 de enero del presente año y en cumplimiento de lo normado en el artículo 82 de la Ley 30 de 1992.

Es una obligación del Ministerio de Educación haberlo hecho de la forma como se recomendó, porque así lo establece el artículo de la Ley referida.

En numerosas oportunidades en las diferentes sesiones del CESU le he solicitado al MEN darle cumplimiento a la norma, como consta en las diferentes actas y correos remitidos.

Las respuestas que he recibido:

  1. Ley de Garantías. No aplica para este proceso académico.
  2. Exceso de trabajo del MEN. No aplica tampoco después de casi cuatro meses de incumplimiento de una responsabilidad.

Hago un respetuoso llamado al MEN a cumplir con sus obligaciones de manera inmediata y a evitar manejos diferentes a los estrictamente académicos”.

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