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Carta al presidente Duque sobre lo que espera el sector de la educación superior

Junio 24/18 Señor presidente electo Iván Duque, Usted recibe un país fragmentado en su sistema de educación superior, y los retos van más allá de la discusión sobre si hay financiamiento y gratuidad o se reforma Ser Pilo Paga, que fueron los dos temas por los que los medios de comunicación le cuestionaron a Usted y a sus rivales en la contienda electoral.

El sector universitario es un buen reflejo de la polarización política del país. Muchos de los rectores y académicos, especialmente de IES privadas, contribuyeron con los votos que lo eligieron; pero también hubo un masivo sector que se abstuvo o votó en blanco, orientado por ideas defendidas, por ejemplo, por los exrectores de la Nacional, Moisés Wasserman e Ignacio Mantilla, mientas que otros personajes mediáticos, como Enrique Forero, de la Academia de Ciencias, y Julián de Zubiría, se alinearon con su opositor Gustavo Petro.

Esta reorganización de fuerzas políticas no fue coincidencia, y simplemente refleja la ausencia de un norte de país en educación superior. Ninguno de los reconocidos expertos, analistas, investigadores, funcionarios y exfuncionarios públicos podría responderle, exactamente, a Usted, hacia dónde se dirige la educación superior colombiana y su coincidencia o no con el proyecto de país, sencillamente porque no tenemos una apuesta de país al respecto.

Como nunca hemos orientado un debate a fondo sobre la responsabilidad de la educación superior con el proyecto de país que necesitamos, todas las opciones han sido admitidas, desde educación técnica laboral, técnica profesional, tecnológica, universitaria, hasta “n” posgrados en administración y derecho hasta un doctorado en astronomía. Y eso mismo ha generado eternos debates sobre el alcance de la autonomía universitaria, de la educación con o sin lucro, de la formación para el trabajo vs. la formación profesional (SNET), de por qué tan poco dinero para ciencia y tecnología, y de por qué, por ejemplo, hay reprocesos de toda índole (exámenes de admisión en universidades públicas que desconocen las pruebas Saber 11; proyectos de ley para certificar profesionales, desconociendo las pruebas Saber Pro; o del actual, incierto o poco explicitado proyecto sobre el sistema de aseguramiento de calidad…).

Y aunque contamos con un sistema de educación superior desarticulado y no cohesionado (más de 40 grandes actores inciden en las políticas públicas, sin un organismo articulador), hay un gran potencial para que el slogan del saliente gobierno de “Colombia la mejor educada” no esté tan lejos de la realidad, siempre y cuando se logren consensos, trabajo en equipo y decisiones técnicas, y no se piense que esto es solo una cuestión técnica y de dinero.

La reciente Conferencia Regional de Educación Superior -CRES- realizada en Córdoba, Argentina, ratificó que Colombia tiene un enorme potencial para consolidar un sistema de educación superior que intente seguir los desarrollos de la ciencia, la tecnología, la movilidad, la virtualidad, la investigación y la proyección de los países del norte, en vez de que aferrarse a históricas, demagógicas y lamentables reclamaciones de subsidios y regalos de los gobiernos, en peligrosas interpretaciones endogámicas de la academia del sur del continente, que considera que solamente existe la universidad pública.

Pero para lograr ello necesitamos de voluntad y decisión política. Si bien hemos aumentado significativamente en cobertura y aportes del Estado a la educación superior (que aún son insuficientes), también contamos con un invaluable rol del sector privado, importantes desarrollos del sistema de aseguramiento de calidad, de control de las IES y de evaluación, pero necesitamos de un Gobierno con criterio técnico, realmente preocupado por integrar a la Universidad al desarrollo del país y a fusionar debidamente la relación entre educación superior y mercado laboral.

Y un Ministerio de Educación con autoridad, técnica y moral. No un ministro(a) que sea elegido por descarte, que favorezca un interés político, que desconozca el sector, que favorezca a unas pocas IES cercanas al poder o que rehúya el análisis técnico y público. Un Ministerio coherente en sus actuaciones de política, sin miedo para intervenir cuando de sancionar se trate, y que con fundamentos técnicos, debidamente analizados con el sector, ahorraría al país un gran desgaste.

Este es un sector muy crítico, pues esto es propio de la naturaleza de la academia, pero con un ministro que sea técnico (que sepa del sector porque ha investigado o trabajado en él), gerente (que sepa gestionar recursos e impulsar proyectos, con resultados visibles) y conciliador (que sepa sentar en la misma mesa antagonistas del sector y sacar adelante los propósitos nacionales), el sistema de educación superior lo agradecería. Las dos últimas ministras y sus coequiperas (Gina Parody y Natalia Ariza, y Yaneth Giha y Natalia Ruiz) poco hicieron avanzar el sistema y, por el contrario, desesperanza, incertidumbre y desconfianza es lo que sembraron. Se necesita un ministro que trabaje con todos y no con grupos de cercanos, o desconozca la historia, batallas anteriores y gestas de importantes académicos del país.

Su agenda política, señor presidente, es muy complicada. Ojalá su promesa de no comprometer puestos políticos y no dar mermelada oriente la elección de un ministro que esté dispuesto a jugar parte de su capital político en el primer año, en reformas a fondo del sistema, sus protagonistas y la relación entre estos.

Sincerar el debate sobre el lucro en la educación superior, dar rigor técnico a la inspección y vigilancia, reconocer la diversidad institucional y el impacto de las IES que apuestan por las regiones, demandar mayores y mejores resultados de la educación superior e integrarla efectivamente al desarrollo productivo del país son parte de los retos que se esperan más en el corto que en largo plazo.

Si consigue los recursos para que haya gratuidad, maravilloso, pero mientras tanto debe evaluarse el impacto real de los que se están asignando, para optimizar resultados, y superar el debate de un programa (que no es política pública) como Ser Pilo Paga, que de entrada Usted recibe con una deuda de más de un billón de pesos. En un escenario de crisis fiscal, la solidaridad con unos pocos miles de beneficiarios de Ser Pilo Paga (la mayoría de ellos en IES privadas con impresionantes números en sus recursos de caja disponibles) resulta inequitativa frente a la posibilidad de apoyar -con los mismos recursos-  a cientos de miles de estudiantes en las universidades públicas.

Un ministro con autoridad y criterio, que defienda los intereses del país y no de los protagonistas con más dinero o influencia en el sector es lo que necesita la educación superior colombiana.

Ojalá su decisión sea la mejor.

Atentamente,

El Observatorio de la Universidad Colombiana

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